
“Reglas de juego claras, con garantía jurídica, estabilidad reguladora y fortaleza institucional” [1]. Una y otra vez, los directivos de las grandes empresas españolas insisten en que los países en los que tienen sus negocios han de cumplir estas condiciones. Pero, en realidad, ¿a qué se refieren con todo esto de la “seguridad jurídica”? ¿Por qué este concepto se vuelve recurrente cuando las corporaciones transnacionales ven peligrar el crecimiento de sus beneficios en algún país? Así, según las multinacionales y los gobiernos que las apoyan en su expansión por todo el planeta, ¿qué derechos son los que deben protegerse de manera prioritaria?

Articulos 



