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Balance de la efectividad de las implicaciones de la política de seguridad democrática a la luz de la disminución de la intensidad del conflicto y la relación de las trasformaciones militares y territoriales con el contexto político y económico.
Tras ocho años de gobierno del presidente saliente es necesario un balance del eje central de su gestión que fue, sin lugar a dudas, la política de defensa y seguridad democrática y su segunda etapa, la política de consolidación de la misma. Las dos tenían como objetivo (en líneas generales): recuperar el control de territorio por parte del Estado para garantizar la vigencia del Estado de derecho; combatir el narcotráfico y otras formas de crimen organizado y promover la seguridad y la ciudadanía (Ver Ministerio de Defensa).
Hay consenso sobre la disminución de la intensidad del conflicto y la baja tanto de los homicidios en general como de los indicadores más directamente asociados al conflicto amado1. Las violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) disminuyeron en un 48% y las acciones bélicas en un 81% (Ver gráfico1) al igual que los homicidios que pasaron de 28.897 en 2002 a 16.296 en 2009 (43% menos). Además, los homicidios políticos se redujeron en un 69% y los muertos en combate en un 75% (Ver gráfico 2).
Gráficos 1 y 2: Comparativo de HECHOS de Acciones Bélicas e Infracciones al DIH y Comparativo del Número de Homicidios Comunes con el Número de Homicidios Políticos y Muertos en Acciones Bélicas 2002 -2009
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Pero un balance de la efectividad y de las implicaciones de esta política para el país no se puede reducir al ámbito militar medido estadísticamente. Lo anterior porque, por obvio que parezca, la guerra y la paz son también un asunto estrechamente relacionado con aspectos políticos, económicos y sociales. Por eso, este artículo analizará las trasformaciones militares y territoriales del conflicto armado y su relación con el contexto político y económico, examinando los cambios de la confrontación entre el Estado y las FARC y las mutaciones del fenómeno paramilitar.
Un nuevo escenario estratégico de la guerra
Desde el gobierno de Pastrana se logró conjurar el objetivo de las FARC de pasar a una nueva etapa de la guerra, que consistía en romper el empate militar que durante años mantuvo con el Estado. Ese propósito se logró en medio de las negociaciones del Caguán y, en buena medida, gracias a la ayuda militar de los EE.UU que se concretó a través del Plan Colombia (Observatorio de Derechos Humanos y DIH, 2008).
Lo anterior se ha profundizado en estos ocho años: lo que era antes un empate militar es actualmente un balance negativo en los aspectos tácticos y estratégicos para las FARC. Como nunca antes la Fuerza Pública retomó y mantuvo la iniciativa militar contra esta organización guerrillera y es evidente la disminución de su accionar y de su presencia territorial (Observatorio de Derechos Humanos, 2008). En estos años han sido contundentes los golpes militares del Estado contra las FARC, es evidente su aislamiento internacional y el rechazo que concita en importantes sectores de la opinión pública, situaciones que el gobierno, hábilmente, puso a su favor en el terreno político.
Sin embargo, las FARC han dado muestras de una gran capacidad de reacomodamiento (Granada y Restrepo, 2009, pp. 27-124) e incluso de reactivación militar (Ávila, 2009). Lo anterior es evidente en los siguientes escenarios regionales: en el Caguán, a pesar del despliegue de tropas del Plan Colombia2, los resultados de la Fuerza Pública no han sido tan exitosos. Además las FARC lograron consolidar las fronteras como nuevas retaguardias estratégicas políticas y militares, así como fortalecerse en la Amazonía oriental y el pacifico nariñense y caucano gracias a la colonización cocalera. Por último, se han logrado mantener a la ofensiva en las zonas circundantes al macizo del nevado del Huila, especialmente en el norte del Cauca y sur de Tolima (Ver Mapa).
Con respecto al Estado y la Fuerza Pública, son notables los avances en seguridad en las regiones económicas más importantes del país y los nodos viales que las comunican, en donde la acción de la guerrilla ha sido repelida (Granada y Restrepo, 2009). El conflicto armado se trasladó con sus efectos negativos en materia de derechos humanos a las regiones donde la guerrilla se retiró tras su repliegue táctico (Granada y Restrepo, 2009) y donde la Fuerza Pública desarrolla grandes operativos en una lógica de reconquista. El resultado es que la recuperación del territorio ha tenido efectos heterogéneos en las diversas regiones del país: lo que es alborozo y seguridad para las regiones integradas y sus respectivas élites es zozobra e inseguridad para los campesinos y colonos de las regiones de presencia histórica de la guerrilla.
En el terreno político los cambios no son ni drásticos ni alentadores, aun a pesar de la nueva situación militar. De un lado, la lucha contra las FARC y los éxitos en materia de seguridad han sido utilizados por el gobierno para eludir discusiones centrales como: la crisis institucional que se produjo por causa del estilo caudillista y mesiánico de Álvaro Uribe (ver artículo "Gracias, general Uribe por salvar la patria" en esta misma edición); el retroceso en las condiciones socioeconómicas de los colombianos pobres que tiene una de sus expresiones más nítidas en la grave crisis del sistema de salud y la galopante corrupción que rodea a las altas esferas del gobierno y a la contratación pública con particulares cercanos al ejecutivo. Y, por su parte, las FARC no dan señales de cesar en su empecinamiento bélico. Al contrario, se puede afirmar, conociendo su dogmatismo político, que para esta guerrilla su alzamiento armado está más que justificado en medio de ocho años de un gobierno de derecha.
En relación con la paz el balance fue negativo. En primer lugar, no fue posible ni siquiera el intercambio humanitario y las dos partes no cedieron en sus propósitos políticos y militares. Es más, el retroceso fue innegable ya que el gobierno decidió desconocer que estamos en medio de un conflicto armado, a partir de denominar a las FARC como una amenaza terrorista contra la democracia colombiana. Y las FARC, por las razones que ya indicamos, no parecen haber sido permeadas políticamente a pesar del retroceso militar y de su poca legitimidad nacional e internacional.
El paramilitarismo: entre la negociación y rearme
Sin solución de continuidad el país pasó de las discusiones sobre la negociación con las extintas AUC a las preocupaciones por la reactivación del fenómeno paramilitar. En efecto, cuando todavía son inciertos los resultados de la ley de Justicia y Paz en relación con la verdad y la reparación de las víctimas, el ejecutivo no termina por encontrar el diseño apropiado para ejecutar una política de desmovilización y reinserción de los paramilitares rasos (Observatorio de Derechos Humanos y DIH, 2009) y el problema de la “parapolítica” aún perdura. Hasta el mismo gobierno está alarmado por la violencia generada por las denominadas bandas criminales (El Tiempo, 2010, pp.1-2) o fenómeno neoparamilitar (Romero y Arias, 2010; Granada, Restrepo y Tobón, 2009, pp. 467-502).
Entre 2002 y 2009 estos grupos no dan señales del mismo retroceso en su accionar violento que las guerrillas ya que las infracciones al DIH de las que son responsables sólo disminuyeron en un 23%, frente al 82% de las acciones de las FARC (Ver gráfico 3). Es más, como en el pasado, su accionar estuvo dirigido contra la población civil, por lo que fueron responsables del 42% de las infracciones al DIH entre el 2002 y 2009, en comparación con el 34% de la Fuerza Publica, el 19% de las FARC y tan sólo el 2% del ELN (Ver gráfico 4).
Gráficos 3 y 4: Infracciones al DIH por Actores Armados Años 2002-2009 y Distribución de Infracciones al DIH según Actores Armados 2002-2009, en comparación con el 34% de la Fuerza Publica, el 19% de las FARC y tan sólo el 2% del ELN (Ver gráfico 4).
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El paramilitarismo no ha reducido su presencia territorial, ni el control de la actividades económicas (legales e ilegales) y de la vida social y política de importantes centros urbanos como Medellín y zonas rurales como Urabá, el sur de Córdoba, el Bajo Cauca, el Bajo y medio Ariari y las sabanas del Vichada en los Llanos Orientales, así como tampoco en la costa Pacifica en Nariño y Cauca. Pero esa presencia y control se hace con una diferencia importante en comparación con la etapa de las AUC: ya no se trata del precario equilibrio de grupos federados en un objetivo contraguerrillero. En la actualidad, son una amalgama de grupos, redes y franquicias que se disputan o hacen alianzas, incluso con las guerrillas, para mantener sus dominios territoriales (Ver Mapa).
En relación con el ámbito político, el fracaso del gobierno por desmontar el fenómeno paramilitar por la vía de la negociación se enfrentó a un contexto nacional e internacional que tanto el ejecutivo como los jefes paramilitares se empecinaron en desconocer: una comunidad internacional y una opinión publica nacional cada vez menos tolerante con los crímenes de las autodefensas y sus relaciones con el narcotráfico.
Con respecto a los problemas estructurales y de mediano plazo, las fallidas negociaciones y el actual rearme se explican porque ni en la agenda de negociación, ni en las prioridades de gobierno estuvo presente tomar medidas y acciones para enfrentar tres problemas que, a nuestro juicio, reproducen el fenómeno paramilitar y, por consiguiente, la violencia en general: el problema agrario, es decir, la distribución más equitativa de la tierra y la devolución de las tierras a los campesinos despojados y desplazados4, etc.; el empoderamiento de las élites emergentes relacionadas con el narcotráfico5 y, finalmente, un tercero, en el que convergen los anteriores, la democratización de la política regional y local.
Al contrario, diversos aspectos permiten concluir que estos tres ejes se profundizaron o se eludieron. En primer lugar, la política agraria favoreció abiertamente a los grandes empresarios agrícolas y a las elites rurales. El narcotráfico, es decir, el cultivo de coca, la producción y la exportación de cocaína persiste o su reducción es mínima: se mantiene lo que los expertos denominan el efecto de traslado de los cultivos tanto a nivel internacional como al interior del país. En efecto, mientras que en Colombia el cultivo en área sembrada disminuyó en un 16% entre 2004 y 2009, en Perú aumentó en un 19% y en Bolivia en un 12%. Y las diferencias por departamentos en Colombia son aún mayores ya que en Nariño, Córdoba y Cauca aumentaron en un 16%, 81% y 385%, respectivamente, en muchos casos siguiendo las transformaciones geográficas del conflicto (UNODOC, 2009, PP. 14-17)6.
En segundo lugar, las expresiones políticas del narcotráfico y el paramilitarismo no fueron frontalmente atacadas. Es más, como en el caso de los “parapolíticos”, recibieron el apoyo abierto o soterrado del gobierno a tal grado que gran parte de las colisiones entre el poder judicial y el ejecutivo giraron alrededor de estos escándalos. Y, finalmente, ni qué decir del deterioro de la calidad de la democracia local y regional, ya no sólo por cuenta la presión de los grupos armados sino por el remozamiento del clientelismo y las graves fallas institucionales del sistema electoral.
El balance con respecto a los paramilitares es negativo para el gobierno, ya que su tentativa de negociar (para sólo legalizar la contrarreforma agraria y los órdenes político-locales y regionales que las AUC construyeron a través del terror entre los años 1997 y 2002) fracasó y el rearme es irreversible.
En síntesis, los ocho años del gobierno Álvaro Uribe en materia de paz y guerra se pueden resumir así: guerra con las FARC, negociación con las AUC y pasividad con el rearme paramilitar. En efecto, el esfuerzo bélico y la estrategia militar se han enderezado a la derrota de las FARC, lo que contrasta con la defensa del fallido proceso de negociación con las AUC y la falta de resultados más efectivos ante el rearme paramilitar
*Teófilo Vásquez es investigador del CINEP/PPP-ODECOFI
1 En esa opinión coinciden tanto las agencias gubernamentales como las organizaciones no gubernamentales que hacen seguimiento estadístico al conflicto armado en Colombia: Vicepresidencia, Ministerio de Defensa, Fundación Seguridad y Democracia, CERAC y CINEP/PPP.
2 Para un examen de los detalles del Plan Patriota, ver: Bedoya, Jineth, 2008, En las Trincheras del Plan Patriota, Bogotá, Intermedio.
3 El pasado 9 de julio el gobierno anuncio la conformación de un bloque de búsqueda para combatir a estos grupos. Ver El Tiempo, julio 9,p. 1-2.
4 Para un análisis regional del proceso de despojo, ver: Reyes, Alejandro, 2009, Guerreros y campesinos: el despojo de la tierra en Colombia, Bogotá, Norma.
5 Para un análisis de este fenómeno, ver: Duncan, Gustavo, 2006, Los señores de la guerra: de paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia, Bopgotá, Editorial Planeta Colombia.
6 Datos tomados de UNODOC (2009) Colombia: monitoreo de cultivos de coca 2009, Bogotá, UNODOC-Gobierno de Colombia, pp. 14-17 y procesados por CINEP/PPP.
Referencias:
Avila, Ariel, 2009, “La guerra de las Farc y la guerra contra las Farc” en Revista Arcanos No. 15.
El Tiempo, 2010, "En marcha la ofensiva contra los miembros de 6 bandas emergentes", Bogotá, julio 9, pp. 1-2.
Granada, Restrepo y Tobón, 2009, “Neoparamilitarismo en Colombia: una herramienta conceptual para la interpretación de dinámicas recientes del conflicto armado colombiano”, en Restrepo, Jorge A. y Aponte, David (eds.), Guerra y Violencias en Colombia Herramientas e Interpretaciones (pp. 467-502), Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, CERAC.
Granada, Soledad, Restrepo, Jorge A y Vargas, Andrés R, 2009, “El agotamiento de la política de seguridad: evolución y transformaciones recientes en el conflicto armado colombiano”, EM Restrepo, Jorge A. y Aponte, David (eds.) Guerra y Violencias en Colombia Herramientas e Interpretaciones, Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, CERAC.
Observatorio de Derechos Humanos y DIH, Vicepresidencia de la República. 2008, Impacto de la Política de Seguridad Democrática: sobre la conformación armada, el narcotráfico y los derechos humanos.
Observatorio de Derechos Humanos y DIH, Vicepresidencia de la República, 2009, Los procesos de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos de autodefensa en Colombia: una mirada cruzada sobre Centroamérica.
Presidencia de la República, Política de Defensa y Seguridad Democrática. Ministerio de defensa Nacional e informes al Congreso sobre la Seguridad Democrática.
Romero y Arias, 2010, “Sobre paramilitares, neoparamilitares y afines: crecen sus acciones ¿qué dice el gobierno?", en Revista Arcanos, No. 15.
UNODOC (2009) Colombia: monitoreo de cultivos de coca 2009, Bogotá, UNODOC-Gobierno de Colombia.
Fuente: CINEP/PPP - Agosto de 2010/ No 70
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