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Guatemala: Indolencia ante la vulnerabilidad

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Prensa Libre GuatemalaBisEditorial

Invariablemente, en cualquier foro en el que se hable de la precariedad o la vulnerabilidad ante el cambio climático y otras amenazas ambientales, nuestro país aparece a la cabeza de las naciones en las cuales los daños de cualquier desastre se multiplican por el factor de riesgo en que habita buena parte de la población. Este tema ha sido evadido a lo largo de décadas por sucesivas administraciones y relegado casi al olvido, hasta que una nueva tragedia enluta a los guatemaltecos.


El deslave acontecido la noche del 1 de octubre en la aldea El Cambray, Santa Catarina Pinula, muy cerca de la colindancia con Guatemala, es la más reciente prueba de que ciertas autoridades parecen ocupar altos cargos solo para devengar un salario y emitir informes que nadie cumple. Se sabe que acerca de dicho asentamiento humano existían recomendaciones reiteradas de declarar buena parte de esa área como un sector inhabitable, precisamente por la vulnerabilidad del terreno.

Sin embargo, todo aquel que tuviera que ver en cualquier decisión al respecto ignoró los avisos y hoy se lamenta un doloroso drama e incontables pérdidas para los pobladores. La primera responsabilidad debe recaer sobre quienes dirigen la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, pues deberían tener claro que su papel es clave para efectuar advertencias y asegurarse de que se obedezcan sus decisiones, pues de por medio hay vidas humanas en riesgo y esa debería ser la única prioridad.

De esa responsabilidad tampoco deben estar exentas las autoridades de la comuna de Santa Catarina Pinula, que fueron advertidas del enorme riesgo que corrían centenares de personas que habitaban esa trampa mortal. Son las corporaciones municipales las que se encargan de autorizar la habitabilidad de un espacio, concediendo las respectivas licencias para construir, y más cuando se sabe que fue el exalcalde Antonio Coro quien facilitó la legalización de esos terrenos, aunque cabe señalar que no es el único edil que piensa más en la popularidad que en una labor ética.

Esta es la primera tragedia de colosal magnitud que ocurre en un área aledaña a la metrópoli, y cuando se escucha la espeluznante cifra de 600 desaparecidos, es lógico que rápidamente se pase de la pesadumbre al horror y a la indignación, porque se vislumbra como uno de los mayores desastres que ha vivido el país y, peor aún, cuando queda claro que pudo evitarse si existiera más responsabilidad en el servicio público y un mayor respeto hacia las normativas sobre construcción.

Tema aparte merecen las decenas de rescatistas, policías, soldados y voluntarios que, sin descanso, se dedicaron a buscar sobrevivientes. Con palas, piochas, cubetas e incluso con las manos se entregaron por completo a brindar un poco de esperanza a los familiares de las víctimas, aun arriesgando su propia vida, por la inestabilidad del terreno.

La tarea por venir es ardua y el dolor no será poco, pero, eso sí, el espíritu heroico del guatemalteco se sigue manifestando a través de varias iniciativas para recaudar víveres, frazadas, medicinas y todo tipo de ayuda para los sobrevivientes.

Fuente: Prensa Libre, 3 de octubre de 2015

Columna de Opinión

EditorialVida de riesgo

Guatemala es un país de alto riesgo en todos los aspectos posibles: ambiental, político, económico y social. Entre esas amenazas, su vulnerabilidad ambiental lo vuelve un potencial crisol de desastres naturales, muchos de ellos acentuados por los fenómenos derivados del calentamiento global, pero otros provocados por una atávica falta de visión institucional y el consecuente abandono de políticas y medidas básicas de prevención. Por encima de todo ello, la ausencia de un sistema capaz de prever los riesgos y anticiparse a sus consecuencias por medio de normas y controles diseñados de acuerdo con las características de cada posible situación.

Este cuadro, el cual afecta con fuerte énfasis a los grupos poblacionales de menores recursos, está relacionado evidentemente con la corrupción y la falta de especialización técnica y profesional de quienes detentan el poder para tomar decisiones en los despachos oficiales. Si a esta falta de ética política —nadie debería aceptar un cargo para el cual no está preparado— se suma el caprichoso camino que toman los fondos públicos por medio de negociaciones clientelistas, resulta fácil comprender que una época normal de lluvias tenga el poder de transformarse en un escenario de muerte y desolación.

En este país golpeado de manera recurrente por catástrofes naturales, los cuerpos de socorro, carentes de apoyo y con asignaciones presupuestarias ridículas, muchas veces se ven obligados a recurrir a la solidaridad de la ciudadanía con el fin de reunir fondos para adquirir los implementos esenciales para realizar su labor humanitaria. Los hospitales nacionales, por su parte, ejemplifican de manera indiscutible la poca atención brindada por el Estado a la salud de la población, dadas las deficiencias de sus instalaciones, colapsadas por falta de mantenimiento, además de sus bodegas vacías de medicamentos y otros insumos esenciales para la atención sanitaria. Es lógico, entonces, que hospitales y centros de Salud se vean copados ante la menor situación de emergencia. Solo la idea de un posible evento catastrófico —como un terremoto de gran intensidad— resulta una idea terrorífica por esa carencia absoluta de certeza institucional.

En Guatemala, la población ha debido velar por su propia seguridad en muchos sentidos. Cuando tiene recursos se blinda contra la violencia delincuencial por medio de muros y alambradas, garitas de seguridad y una conducta suspicaz hacia todo lo que le rodea. Si no posee los recursos, se encomienda a las fuerzas celestiales para enfrentar la realidad sin volverse paranoica. Esto también es parte del panorama general de negligencia y abandono estatal, entre cuyas prioridades el bienestar físico, psicológico y emocional de la ciudadanía ocupa el último lugar, si es que en efecto ocupa alguno.

El diseño y la implementación de sistemas de prevención ante posibles catástrofes debe ser uno de los pilares fundamentales de la nueva administración. Destinar los recursos a salvaguardar la seguridad de las personas, aun cuando le parezca una idea surrealista, es su más elemental obligación y es preciso hacérselo saber con absoluta claridad.

Carolina Vásquez Araya, El quinto patio

Fuente: Prensa libre, 3 de octubre de 2015



Palabras clave:Guatemala  El Cambray  Santa Catarina Pinula  desastre  cambio climático  precariedad  vulnerabilidad  incompetencia estatal  prensa libre  Carolina Vásquez Araya  

Actualizado ( Sábado, 03 de Octubre de 2015 10:49 )  

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