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19 septiembre 2018 - 13:51
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Colombia: Reforma al Código Penitenciario no resuelve hacinamiento de las cárceles del país

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Entrevista a Ingrid Saavedra*

Una importante reforma al Código Penitenciario colombiano se sancionó este 20 de enero, en el marco de la Ley 1709 de 2014, en la que se modifican aspectos sustanciales relativos a las condiciones carcelarias del país. Uno de los  más relevantes  es lo relacionado con la puesta en práctica de la posibilidad de que aproximadamente siete mil presos salgan en libertad como forma de deshacinar los centros de reclusión.

Texto completo de la Ley 1709 de 2014

Foto Períodico el Universal

Entrevista a Ingrid Saavedra en Contagioradio

Ingrid Saavedra es abogada de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos e integra el Área de Cárceles de esta organización.  Ha sido una de las personas que ha realizado un seguimiento meticuloso a esta reforma, desde que fue proyecto de Ley, hasta que fue sancionada el pasado 20 de enero como la Ley 1709 de 2014. Hablamos con ella sobre los puntos álgidos de este marco normativo y nos brindó algunos elementos sustantivos del mismo.

El problema de hacinamiento supera el 300% lo que hace que el nuevo código no resuelva para nada este problema

Uno de los aspectos más publicitados por estos días en torno a la Reforma tiene que ver con que esta Ley permitirá la libertad de aproximadamente entre 7 y 9 mil presos de cumplir con ciertos requisitos, entre estos, no estar inscritos en ciertos delitos excluidos como peculados, cohechos, delitos de Lesa Humanidad, entre otros.

No obstante, lo anterior contrasta con que los centros carcelarios del país vivencian en promedio un 50% de hacinamiento y en algunos de estos establecimientos se llega a la crónica tasa del 300% de hacinamiento. Hay que agregar que mensualmente, según la FCSPP, llegan a las cárceles del país en promedio 1500 personas, lo que parece evidenciar que esta reforma no resuelve el hacinamiento carcelario.

Área de Investigación y Comunicaciones de la FCSPP: Tras la sanción de la Ley 1709, por medio de la cual se dicta la nueva política penitenciaria, ha circulado en el país la idea de que se solucionará el grave problema de hacinamiento de las cárceles del país. ¿Qué piensa la FCSPP al respecto?

Ingrid Saavedra: Para la FCSPP la Ley sancionada no refleja el querer de un sistema carcelario alternativo. Creemos que el Estado colombiano ha perdido una magnífica oportunidad de lograr una verdadera reforma, capaz de atacar los problemas estructurales del sistema y eliminar los cuellos de botella de una crisis que viene de hace más de dos décadas.

Consideramos que la Ley tiene algunos elementos favorables para las personas privadas de la libertad, pero no está encaminada a resolver las violaciones a los derechos humanos en los centros de reclusión, la falta de asistencia médica, el hacinamiento, los problemas en cuanto a las visitas carcelarias y la corrupción dentro del mismo sistema.

El Comité presentó sus propuestas y participó en los debates previos con miras a que la Reforma pudiera tener un cambio sustancial del sistema imperante y a sabiendas que es la única forma de atacar las deficiencias que tiene. El sistema actual es un sistema inoperante y no cumple con ninguno de los objetivos de la Ley, entre otros, que la pena cumpla con unas funciones específicas; esto no pasa. La reforma no va a permitir que estos objetivos se cumplan, en la medida en que se mantiene de alguna manera el sistema de la Ley 65. Lo que en realidad se hace es una reforma a esta ley, no un nuevo código penitenciario capaz de modificar el actual sistema; por lo contrario, se incorporan nuevos elementos que privatizan aún más el sistema penitenciario, lo que vemos con mucha preocupación; creemos que esto en vez de superar las deficiencias lo que hace es agravarlas.

AIC: Podría ampliar este último aspecto relativo a las privatizaciones, al parecer es un tema bastante álgido en la Ley. ¿Hay una exacerbación de la privatización en este marco normativo?

IS: El proyecto inicialmente presentado por el gobierno nacional era un proyecto aun más lesivo que el recientemente sancionado. En el curso de los debates y a partir de las manifestaciones de la sociedad civil en relación con esta Reforma, se logró que el proyecto eliminara algunos aspectos concernientes a la privatización de la guardia, por ejemplo; podemos decir que esto último fue el resultado positivo de los debates que se dieron. Sin embargo, la columna vertebral del proyecto relativo a las alianzas público-privadas se mantuvo, alianzas que puede realizar la Unidad de Servicios Especiales del Inpec…

AIC: … ¿En qué consiste esta Unidad?

IC: Esta Unidad fue creada para el tema de la contratación penitenciaria la cual se ejerce, en teoría, independiente del Inpec. Estas alianzas político-privadas que se venían llevando a cabo por medio de dinámicas de tercerización de la salud, la alimentación y la telefonía demostraron no traer resultados positivos. Hemos podido constatar lo anterior por medio de las múltiples denuncias, demandas y quejas recibidas en torno a las deficiencias de estos tres servicios. Es de público conocimiento que la salud en las cárceles es pésima, que los presos se mueren en las cárceles por falta de atención médica, que no hay unos programas serios en prevención en salud y que los presos se enferman en las cárceles; la población reclusa es una población enferma y no hay un sistema que permita que la salud de los presos mejore. Se hicieron varios intentos por cambiar esta situación y finalmente se implementó el sistema de salud general incluyendo a los presos en este sistema, es decir, en el sistema de privatización.

AIC: ¿Qué hay detrás de la crisis de salud que usted referencia?

IS: Pese a que la EPS es pública, su filosofía es privatizadora; ejemplo de ello es que se le entrega este servicio a terceros. Los resultados han sido nefastos. No podemos pretender que en relación con otros servicios los resultados sean diferentes. Además, la experiencia dicta que la privatización de los servicios públicos, a cambio de mejorar, empeora; los derechos se convierten en un negocio, se imposibilita el acceso por medio del encarecimiento, se vuelve un negocio lucrativo a favor de la empresa privada. En el tema carcelario la situación es todavía más grave, porque el negocio está en relación con el número de presos que ingresen en el sistema.

Hay estudios que han comprobado que hay una correlación entre el aumento de la población reclusa y la privatización del sistema, lo que no es ajeno a nuestro país. La población reclusa en Colombia se duplicó en los últimos cinco años, lo que confirma que cuando hay un interés de privatización se generan cada vez más políticas tendientes a encarcelar a más personas. En otros términos, entre más presos más lucrativo va a ser el negocio para los privados.

AIC: ¿En qué consiste este protagonismo del sector privado en cuanto a la administración carcelaria del país?

IS: Lo que permite la Ley es que la dotación, construcción y administración del sistema penitenciario lo puedan hacer los privados. Esto implica que hay una participación considerable de los privados en el sistema de tratamiento penitenciario, en la salud, en el trabajo, en fin. Ya se elaboraron unos estudios financieros –que al propósito fueron costosísimos- para definir cómo van a ser las alianzas. Según estos estudios, algunos contratos estarán en manos privadas y tendrán una vigencia de entre 20 y 30 años. Estos contratos a tan largo tiempo son un riesgo porque va a ser muy difícil hacerles seguimiento.

Otro elemento que arrojó estos estudios, en comparación con los Estados Unidos, es que en las prisiones que son administradas por privados, las personas privadas de la libertad duran más en las cárceles cumpliendo la pena que la que administran los públicos. Esto porque el acceso a los beneficios depende de las autoridades del establecimiento. Entonces, si se quiere que haya más presos, por consecuencia se incrementan las sanciones haciendo que duren más tiempo en las cárceles.

AIC: Esto querría decir que la supuesta política de deshacinamiento del gobierno puede tener como trasfondo elementos más estructurales. ¿Cuántas personas entonces estarían ingresando anualmente a las cárceles de Colombia en relación con las 7 o 9 mil personas que saldrían?

IS: Se calcula que pueden ser más o menos 150 personas privadas de la libertad por mes en el país; esta última cifra representa la sola capacidad de una cárcel como la de Combita. Una de las críticas fuertes a la Reforma es que no está acorde con la política criminal del Estado; mientras la reforma expresa que quiere acabar con el hacinamiento de las cárceles, la realidad es que esto no es posible mientras se sigan promulgando leyes que crean nuevos delitos, aumentan penas y excluyen beneficios.

Entonces una verdadera reforma penitenciaria debió estar atravesada por una política criminal que privilegie la libertad, que esté fundamentada en la alternatividad penal, es decir, donde la prisión sea la última alternativa y esté únicamente para los delitos graves que ofenden a la sociedad, pero lo que vemos es lo contrario. Vemos en las estadísticas a personas que cometen delitos en contra el patrimonio económico, delitos como el microtráfico, entre otros, es decir, que las personas que van a las cárceles son las personas más pobres. Esto quiere decir que son las clases excluidas las que van a las cárceles. Son muy pocos los criminales que llegan a la cárcel y a quienes, como es el caso de los paramilitares, a pesar de confesar delitos graves de Lesa Humanidad, les dan privilegios.  Delitos como la tortura, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, prácticas sistemáticas en el país, son muy pocos, no alcanzan a ser mil de las 120 mil personas que se encuentran privadas de la libertad en Colombia.

AIC: Otra de las aristas relevantes de la Reforma es la relacionada con las solicitudes para la libertad de esos siete o nueve mil presos. ¿Cuál es la percepción del Comité en relación con ese proceso y qué se ha venido reflexionando al respecto?

IS: Nosotros fuimos muy críticos del régimen de beneficios que había presentado el gobierno nacional, porque a pesar que señalaba algunos beneficios, la realidad era otra. Mientras se daban los beneficios, los jueces se negaban a dar los mismos. Por ejemplo, se habló mucho y fue difundida la idea de que se iba a eliminar la multa como un requisito para acceder a la libertad a quienes tuvieran la capacidad económica de hacerlo. Hay muchísimas personas que ya cumplieron el tiempo para acceder a la libertad condicional y por no tener la capacidad de pagar estas multas siguieron detenidas. En el proyecto se previó eliminar este requisito pero se establecía, por ejemplo, que el interno debía pagar los perjuicios a la víctima. Lo que decíamos es que había que buscar una forma alternativa de pago, por ejemplo por cuotas mensuales u otra forma que permita, ya en libertad, pagar esta deuda; no se trata de no pagarla, sino que se trata de que hayan alternativas para hacerlo efectivamente. Estas observaciones fueron escuchadas por el Congreso y luego implementadas con el curso de los debates. Con ello se evitó que el derecho a la libertad no estuviera supeditado a la capacidad económica de los presos.

Sin embargo, uno de los cuellos de botella del sistema es que muchas personas tienen acceso a la libertad condicional, tienen los requisitos completos,  pero los jueces, de manera subjetiva, niegan esta posibilidad, diciendo que el individuo cometió un delito muy grave, sin importar que, en teoría, la cárcel busca que la persona se resocialice, es decir, que pueda reingresar a la sociedad y recibir la preparación necesaria para integrarse en la sociedad; entonces esos criterios subjetivos van en contra del tratamiento, porque si la conducta que se comete conduce a que si no hay herramientas que permitan estar mejor en la sociedad, pues surge la pregunta de para qué la resocialización. Se quiso eliminar esto último con factores más objetivos, para evitar que el juez tuviera un marco de acción muy amplio y arbitrario. En términos de la Ley 64 sobre libertad condicional se aprecia que se mantiene en esta Reforma el previo estudio de la naturaleza del delito que no es otra cosa que el factor subjetivo de los jueces para negar sistemáticamente la libertad condicional, con el agravante de que  se salta el paso de la transición entre la cárcel y la vida en libertad, objetivo fundamental de la resocialización y la libertad condicional.

AIC: ¿Qué implicaciones tiene este nuevo marco normativo para los presos políticos?

IS: Uno de los elementos que afecta a los presos políticos es que dentro de la lista de delitos que excluyen beneficios, se incorpora el delito de rebelión, que no solía dársele este tratamiento, pues el delito de rebelión es un delito político, reconocido por nuestra Constitución Política, y que por lo tanto merece un tratamiento especial. Sin embargo, fue incluido en la lista de exclusiones, dándole una categoría de delito grave.

Aquí habría un debate y es que no está claro qué busca el Estado colombiano en términos de política criminal con este tipo de exclusiones. La rama de delitos que allí se dan no tienen un punto en común; es decir, se incluyen delitos graves, delitos menos graves, delitos con penas altas, delitos con penas bajas, delitos contra la administración de justicia, delitos en el marco del conflicto armado, delitos relativos a la convivencia ciudadana, es decir, no hay una línea de acción que permita dilucidar que el Estado está en la pretensión de combatir determinados delitos. Es como si no se hubiera tenido un criterio, es como si se obedeciera al populismo legislativo tan aplicado en los últimos años.

Área de Investigación y Comunicaciones de la FCSPP

Ingrid Saavedra, abogada integrante del Comité de Solidaridad con Presos Políticos

Fuente: Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), 23 de enero de 2014

Palabras clave:Colombia  cárceles  hacinamiento  reforma código penitenciario  Ley 1709 de 2014  INPEC  Violación de DDHH  Falta de asistencia médica  hacinamiento  corrupción  

Actualizado ( Miércoles, 29 de Enero de 2014 12:13 )  

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