La pluma dice lo que el hombre calla...

13 diciembre 2017 - 09:26
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¡Lágrimas de cocodrilo!

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Renán Vega Cantor

"La memoria del poder no recuerda, bendice. Ella justifica la perpetuación del privilegio por derecho de herencia,

otorga impunidad a los crímenes de los que mandan y proporciona coartadas a su discurso,

que miente con admirable sinceridad”.

Eduardo Galeano

El 12 de octubre cuando algunos celebraban el ignominioso “Día de la Raza” o el mal llamado “Descubrimiento de América”, Juan Manuel Santos les pidió perdón a los indígenas que fueron víctimas del etnocidio cauchero, que se llevó a cabo desde finales del siglo XIX y prosiguió durante las primeras décadas del siglo XX por parte de aventureros de varios países de la cuenca amazónica, auspiciados por capitalistas de Inglaterra [1] . A propósito de ese hecho, en este artículo se analizan algunos aspectos relacionados con el (ab)uso de la memoria.

ETNOCIDIO CAUCHERO AYER, GENOCIDIO MINERO HOY

Ayer….

“Todas las naciones hicieron algo para exterminar a la población indígena: Colombia los abandonó, Perú fue cerebro y cómplice del holocausto, Inglaterra lo financió y Brasil desplazó a los indígenas para trabajar en las plantaciones de caucho” [2] .

En los últimos cinco siglos de dominio del sistema-mundo capitalista ha quedado establecida una constante tendencia sociológica, casi una “ley”, que puede enunciarse esquemáticamente: cualquier invento y/o descubrimiento técnico y científico que se efectúa en los países centrales resulta siendo catastrófico para los territorios y gran parte de los habitantes de los lugares periféricos. Tal “ley” se ejemplifica con la fiebre del caucho, un producto originario de las selvas tropicales de América e incorporado al capitalismo mundial en las últimas décadas del siglo XIX. El caucho se convirtió en una materia prima indispensable para el despegue –nunca fue más literalmente cierta esta palabra- de la producción de diversos productos de la Segunda Revolución Industrial, entre los cuales van a descollar en primer término las bicicletas, luego los automóviles y después los aviones.

Durante la segunda revolución industrial, que comenzó en la segunda mitad del siglo XIX, empezaría a usarse a gran escala el caucho a raíz de la vulcanización que había sido descubierta en 1839 por Charles Goodyear, un inventor de Boston. Con la vulcanización el caucho se combina con azufre y otros compuestos químicos, con el fin de hacerlo elástico y resistente, repelente al agua y aislante de la temperatura y la electricidad, lo que permite su utilización en muchos productos industriales.

Para desgracia de las comunidades indígenas que habitaban la selva amazónica, este era el único lugar del mundo donde había caucho, un nombre que hace referencia a un conjunto de gomas que proceden de diversas plantas tropicales. El Hebea Brasiliensis, una de esas gomas, fue usado durante varios siglos por diversas comunidades indígenas que lo llamaban cautchouc , el "árbol que llora", sin que su utilización estuviera acompañada de violencia y devastación [3] .

Cuando la industria capitalista de los países centrales empezó a utilizar caucho se transformó la vida de miles de indígenas de la amazonia y se arrasó con parte de los ecosistemas selváticos. El proceso se inició con el establecimiento de “empresarios” locales, simples criminales y aventureros que eran testaferros de capitalistas ingleses, los que finalmente se beneficiaban con la extracción del caucho. Era necesario abastecer la creciente demanda de los centros capitalistas y para hacerlo posible se acudió a la explotación intensiva de los nativos. A éstos se les exigía que entregaran cada vez más caucho y, aunque lo hicieran, eran sometidos a terribles vejámenes y torturas, que constituyen una página vergonzosa de la historia de los países de la cuenca amazónica, entre ellos Colombia.

En un breve lapso de tres décadas fueron asesinados unos 100 mil indígenas de diversos grupos étnicos de la región (huitotos, andoques, boras, okainas, muinanes… ), muchos de los cuales casi desaparecieron, como resultado de ese terrible etnocidio. Como dejaron constancia algunos testimonios de la época (entre ellos el del inglés Roger Casement), los “hombres de empresa” de la Casa Arana y otros caucheros torturaron, violaron, desmembraron, martirizaron, quemaron vivos a hombres, mujeres y niños indígenas, al tiempo que destruyeron en una forma irracional grandes franjas de zona selvática y hasta las propias plantas de caucho. Es bueno citar un testimonio sobre las atrocidades de los caucheros, para sopesar la magnitud de ese etnocidio. Esta información de 1909 fue proporcionada por William Hardenburg, un joven ingeniero ferroviario de los Estados Unidos en su artículo el Paraíso del Diablo: “ Los torturaban con fuego, agua y la crucifixión con los pies para arriba. Los empleados de la compañía cortaban a los indios en pedazos con machetes y aplastaban los sesos de los niños pequeños al lanzarlos contra árboles y paredes. A los viejos los mataban cuando ya no podían trabajar, y para divertirse los funcionarios de la compañía ejercitaban su pericia de tiradores utilizando a los indios como blanco. En ocasiones especiales como el sábado de pascua, sábado de gloria los mataban en grupos o, de preferencia, los rociaban con kerosén y les prendían fuego para disfrutar con su agonía ". [4]

Esta violencia tenía como finalidad, y eso debe ser resaltado, asegurar el flujo del caucho hacia el mercado mundial en beneficio de los países imperialistas. Por esa razón, los métodos de trabajo eran de tipo esclavista, para asegurar la fuerza de trabajo mediante procedimientos como el endeude, mediante el cual a cambio de un machete o una camisa se ataba al indígena de por vida para que pagara la deuda ficticia con caucho. A los jefes de sección se les asignaba un porcentaje de la explotación de la goma y cada quince días los indígenas debían entregar una cantidad determinada de kilos y si no lo hacían eran torturados, castigados en el cepo, o asesinados.

La empresa beneficiaria era la Peruvian Amazon Rubber Company, con sede en Londres y de la que eran accionistas el peruano Julio César Arana y capitalistas británicos, que cotizaba en la bolsa de valores y fungía como una exitosa compañía, en medio de la pompa y el oropel. Con la sangre y lágrimas de los indígenas del amazonas se construyó un imperio de lujo, en el que los caucheros de la Peruvian tenían su sede central en Londres, mientras, como lo dice Wade Davis: “Los magnates del caucho prendían sus habanos con billetes de cien dólares y aplacaban la sed de sus caballos con champaña helada en cubetas de plata. Sus esposas, que desdeñaban las aguas fangosas del Amazonas, enviaban la ropa sucia a Portugal para que la lavaran allá. Los banquetes se servían en mesas de mármol de Carrara, y los huéspedes se sentaban en asientos de cedro importados desde Inglaterra (...) Después de cenas que costaban a veces hasta cien mil dólares, los hombres se retiraban a elegantes burdeles. Las prostitutas acudían en tropel desde Moscú y Tánger, El Cairo, Paris, Budapest, Bagdad y Nueva York. Existían tarifas fijas. Cuatrocientos dólares por vírgenes polacas de trece años...” [5] .

Desde luego, en Londres no se veía ni una gota de la sangre indígena que estaba incorporada en cada pedazo de caucho.

…Y hoy

“El presidente Santos desconcertó cuando en la cumbre internacional ambiental Río+20 anunció la creación de áreas estratégicas mineras en más de 17 millones de hectáreas en gran parte de la Amazonia (…) En la Amazonia viven 56 de los 102 pueblos indígenas que hay en Colombia, muchos de ellos con poblaciones muy diezmadas. En la parte amazónica en donde se hará la reserva minera hay 70 resguardos indígenas (…) Para Julio César Estrada de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía, los indígenas no están preparados para la entrada de la minería a gran escala al territorio… (porque) con la minería ‘llegan las rupturas entre la comunidad indígena y también la prostitución, el alcoholismo y la drogadicción’” [6] .

Así como ayer era indispensable el caucho para activar algunos de los productos estrellas de la Segunda Revolución Industrial, hoy son necesarios diversos materiales y mucha energía para la sofisticada producción microelectrónica y biotecnológica de la Tercera Revolución Industrial. En la misma manera que el invento del automóvil generó muerte en la selva amazónica, la invención del teléfono celular y otros artefactos informáticos produce muerte en todos aquellos lugares que tienen la desgracia de contar con reservas de minerales o de hidrocarburos (como en El Congo, Sudáfrica, Perú o Colombia), con lo que se confirma la “ley sociológica” que mencionamos al principio y que es necesario reiterar: los grandes descubrimientos e inventos que se producen en los países capitalistas del centro tienen un terrible impacto ambiental y humano en el mundo periférico.

En efecto, para producir los aparatos microelectrónicos que hoy causan furor (celulares, Phone, pad, blackberry…) y seguir produciendo mercancías de vieja data (como automóviles, aviones, tanques de guerra, televisores…) se necesitan metales, diversos minerales y energía. Hierro, cobre, zinc, plata, antinomio, cromo, cobalto, berilio, manganeso, litio, molibdeno, platino titanio, tungsteno, son algunos de los metales más importantes en la producción capitalista de hoy. Un ejemplo ayuda a visualizar la importancia de esos metales: para producir el turborreactor de un avión se necesita un 39% de metales corrientes y el resto de metales raros, como titanio (35%), cromo (13%), cobalto (11%), niobio (1%) y tántalo (1%) [7] .

Como la mayor parte de estos minerales se encuentra en las zonas periféricas del mundo -África, Asia, América Latina y las antiguas repúblicas soviéticas- es preciso que fluyan hacia las viejas y nuevas potencias. América Latina le suministra a Estados Unidos el 25 por ciento de todos los recursos naturales y energéticos que ese país consume en forma voraz. En nuestro continente se encuentra un tercio de las reservas mundiales de cobre, bauxita y plata, el 27 por ciento del carbón, el 24 por ciento del petróleo, el 8 por ciento del gas y el 5 por ciento del uranio del mundo.

Chile, Perú, Bolivia y Venezuela son fundamentales para el capitalismo mundial por los minerales e hidrocarburos que están en sus suelos. En estos países se localizan grandes reservas de Cobre, litio, estaño y petróleo. Chile y Bolivia son países mineros desde fines del siglo XIX y ahora Perú ha sido incorporado a la división internacional del trabajo como emergente “potencia” minera. Aunque Colombia nunca ha sido un país minero de la magnitud de Chile o ahora de Perú, sus clases dominantes, con su típica vocación rentística de mentalidad dependiente y colonial, vienen impulsando la “locomotora minera”, con el objetivo de convertirlo en otro emporio minero. Por eso, se han dado a la tarea de feriar todo el territorio colombiano para que las multinacionales se lo apropien y se lleven gratis todas las riquezas que encuentren a su paso. En concordancia, bajo la orientación de las multinacionales se está cartografiando todo el territorio nacional para ubicar las existencias minerales y otorgarles licencias de explotación a esas empresas, a veces a perpetuidad, hasta agotar las reservas de carbón, níquel, oro, coltán, petróleo y todo lo que pudiera existir.

Para facilitarles las cosas a las multinacionales, el Estado las ha blindando con un marco legal que garantice la consabida seguridad jurídica, que otorga atractivos especiales, entre los que sobresalen exiguas regalías, exenciones tributarias y fiscales, facilidades para repatriar ganancias, bajos intereses… Al mismo tiempo, el Estado colombiano les ofrece seguridad militar, con miles de soldados destinados a proteger las zonas de explotación minera y las instalaciones de las empresas multinacionales. Y, como no podía faltar, el Estado y las clases dominantes adecúan un régimen laboral acorde con los intereses del capital extranjero que exige salarios de miseria, plena flexibilización, sin seguridad social, nada de sindicatos y represión a granel para quien se atreva a levantar su voz de protesta. Para completar esta batería antinacional y antipopular, el Estado colombiano propicia la destrucción ambiental, con modificaciones legales que permiten explorar en paramos, selvas y montañas y expulsar a los pobladores locales en cada territorio en el que existan recursos minerales apetecidos por las multinacionales, como sucede, para dar solamente un ejemplo, en la región de Cajamarca (Departamento del Tolima) donde está en marcha un megaproyecto encaminado a extraer oro, que va a convertir un paraíso de biodiversidad en una gigantesca mina a cielo abierto.

De la misma forma en que ayer operaban enclaves para explotar caucho, petróleo y banano en territorio colombiano, otra vez han resurgido a lo largo y ancho del país alrededor de las actividades extractivas, porque el imaginario de enclave nunca desapareció de la mentalidad cipaya de las clases dominantes de Colombia. Como en los enclaves de ayer –entre otros el de la fiebre del caucho- hoy se generaliza la explotación de los trabajadores en las peores condiciones, se destruye la naturaleza y se limpia el territorio de sus incómodos ocupantes (indígenas, campesinos, afrodescendientes, colonos…) para servirle en bandeja de plata nuestros bienes comunes al capital transnacional.

En sintonía con esta necesidad, incluso antes de que comiencen las labores de extracción los ejércitos paramilitares amedrentan a los pobladores locales, los expulsan de sus predios, para que no se les ocurra oponerse a la “inversión extranjera”, so pena de ser considerados como terroristas que conspiran contra el progreso del país. Para corroborar sus intenciones, y como efecto de demostración, los paramilitares efectúan algunas masacres con el objetivo de generar pánico y desmovilizar a la gente. Esto se viene haciendo en diversos lugares de Colombia desde hace varias décadas con respecto a la palma aceitera, otro producto de exportación, impulsado por el criminal régimen uribista que quería convertirnos en la “malasia” de América Latina, tras el que se encuentran viejos y nuevos empresarios que se han apoderado a sangre, fuego y motosierra de las tierras de campesinos e indígenas en Choco, Antioquia y otros lugares del país.

Con tal panorama, no resulta extraño constatar que en los Llanos Orientales se haya implantado el enclave de la Pacific Rubiales en la explotación de petróleo, que somete a más de 10 mil trabajadores a condiciones oprobiosas, cuenta con el respaldo del ejército colombiano y con los paramilitares que merodean alrededor del campo petrolero para liquidar cualquier síntoma de inconformidad. Lo de Pacific Rubiales no es un simple ejemplo, sino una expresión particular de la manera como actúa el capital transnacional de tipo minero –en consonancia con el Estado colombiano y las clases dominantes- en todas las regiones del país.

En conclusión, la locomotora minera va dejando a su paso muerte, miseria y desolación, en lo que no se diferencia de lo acontecido hace un siglo con la fiebre del caucho. Como gráficamente lo dijo Stephen Corry, aunque en este caso se refiera a otro continente, eso es perfectamente aplicable a los países de la cuenca amazónica, entre ellos Colombia: “La fiebre del caucho puede parecernos historia antigua, pero sus efectos aún se sienten. Cuando comenzó el matrimonio de Occidente con el coche a motor, sus cartas de amor estaban escritas con sangre indígena. Provocó un brutal crimen contra la humanidad, perpetrado por una empresa británica en la región de Witoto. Sin caer en las comparaciones exageradas, hoy en día hay empresas británicas, como Vedanta Resources , que planean el robo de tierras indígenas, esta vez en la India. Ya es hora de poner punto final a estos crímenes y de empezar a tratar a los indígenas como a seres humanos” [8] .

EL QUE PECA Y REZA EMPATA

Regresemos a las palabras de perdón de Juan Manuel Santos con respecto a la masacre de indígenas para mostrar su verdadero significado. El 12 de octubre señaló que el Estado colombiano no evitó "la barbarie desatada por la codicia que generó la bonanza cauchera". A lo que agregó: "Pido (sic) (no sería mejor ofrecer) perdón por sus muertos, por sus huérfanos, por sus víctimas". Más adelante añadió que "en nombre de una empresa, de un Gobierno, de un pretendido 'progreso' que no entendió la importancia de salvaguardar a cada persona y a cada cultura indígena como parte imprescindible de la sociedad que hoy reconocemos con orgullo como multiétnica y pluricultural" [9] .

Estas palabras tendrían valor y serían creíbles si además de referirse al pasado lo hicieran también con respecto al presente y se correspondieran con una política real y efectiva de protección de los indígenas, de sus territorios y de las riquezas naturales del país. Pero esas palabras resultan no solamente demagógicas sino ficticias por dos razones. Una primera razón es de tipo histórico, porque el perdón que pide Santos es incompleto, al no mencionar como responsables del genocidio ni a las empresas británicas ni al capitalismo inglés, al que él tanto idolatra, por aquello de creerse un gentleman. En breve, no menciona a los promotores y beneficiarios del etnocidio, ni tampoco el carácter depredador de una actividad extractivista -algo que Santos como economista debe saber, sin duda alguna- lo que explica el sometimiento brutal de los pueblos originarios de la selva amazónica como fuerza de trabajo esclava.

Al leer las palabras de Santos queda la impresión que la masacre fue algo que cayó del cielo, cual castigo divino, como si no hubieran responsables, tanto del lado local –en donde hasta presidentes de la República como Rafael Reyes (1904-1909) estuvieron directamente comprometidos por acción u omisión en el genocidio cauchero- como en el ámbito internacional, en lo que corresponde a Perú, donde se asentaron los caucheros más crueles y sanguinarios y era sede de la Casa Arana, y a Inglaterra a donde llegaba el caucho y se canalizaba buena parte de las ganancias que generaba este producto tropical.

Una segunda razón no es histórica sino actual, ya que involucra la “locomotora minera”, uno de los programas estrellas del inquilino de la Casa de Nariño. En ese sentido, resulta todavía menos creíble el perdón pedido por Santos a los indígenas, si comparamos lo que aconteció durante la fiebre del caucho y lo que sucede hoy con la explotación minera. Ambas actividades están regidas por los intereses del capitalismo mundial, porque las economías altamente industrializadas necesitan materias primas, en un caso caucho y en otro oro, platino, estaño, zinc, coltán y un interminable listado. Las dos actividades, en consecuencia, forman parte de un modelo extractivista y exportador, de tipo ecocida y genocida a la vez, que beneficia a una minoría insignificante de aventureros locales (ayer los Arana y sus socios colombiano y hoy los “empresarios que hacen patria” de la palma aceitera, del banano, del carbón, del petróleo…) y, sobretodo, a las empresas imperialistas. Estas empresas, las de antes y las de ahora, actúan con la misma lógica depredadora propia de la economía de enclave, con la clara intención de llevarse rápido y gratis los minerales y materias primas de tipo agrícola, sin reparar en la destrucción ni en el crimen, como lo hizo antes la Peruvian Amazon Rubber Company y como lo hacen en estos momentos Pacific Rubiales o la AngloGold Ashanti. En los dos momentos, se ha requerido el uso intensivo de la violencia –la del Estado y la de los ejércitos privados al servicio del capital- con el fin de facilitar la apropiación de los bienes comunes del suelo y el subsuelo y garantizar que fuera exprimida hasta la última gota de caucho antes y sea extraída hasta la última onza de oro en la actualidad. En la fiebre cauchera la violencia era ejercida por los ejércitos privados de los caucheros y sus capataces locales y hoy corre por cuenta de los ejércitos estatales y paraestatales, cuya función esencial es facilitar la “seguridad inversionista” que aceite la “locomotora minera”. En los dos casos se exalta la importancia de la inversión de capital extranjero para permitir el “desarrollo” de los territorios y para que sus habitantes salten del “atraso” a la “civilización”. En uno como en otro caso se premia a los criminales como si fueran prósperos hombres de empresa, en razón de lo cual en Colombia se exaltaba a Rafael Reyes y compañía como hombres visionarios y ahora se ensalza a las empresas petroleras y mineras como portavoces de la modernización y progreso del país, hasta el punto que una de esas compañías, la Pacific Rubiales, patrocina la Selección Colombiana de Futbol.

En estas condiciones, afirmar, como lo hace de manera implícita Santos, que el pretendido progreso a nombre de una empresa –suponemos que la Casa Arana- y de un gobierno -¿el de Rafael Reyes?- que llevo a destruir a los indígenas de la amazonia es algo del pasado, pero hoy ya no operaria, es una afirmación bastante discutible. Por desgracia, el fardo de la economía extractiva no es cosa del pasado, sino de palpitante actualidad. No puede ser una mera curiosidad histórica, como lo mencionó Santos el 12 de octubre, porque hoy como ayer, en nombre de muchas empresas multinacionales, de un gobierno (el de la “prosperidad democrática”) y de un pretendido “progreso” (el de la locomotora minera) se está realizando en todo el territorio colombiano lo que hace un siglo se llevó a cabo en la selva amazónica y, en el fondo, con los mismos argumentos sobre su supuesto carácter benéfico para el pueblo colombiano, incluyendo a las comunidades indígenas.

Para completar, los pueblos indígenas que habitan en el territorio colombiano, entre ellos los del trapecio amazónico, malviven en terribles condiciones, por el abandono histórico del Estado, la persecución a que han sido sometidos por los grandes terratenientes y narcotraficantes, el racismo de las élites y el conflicto armado que vive el país. Al respecto, baste solamente recordar que en Colombia existen 102 pueblos aborígenes, con poco más de 1,3 millones de personas, y de esos grupos étnicos 42 están en peligro de extinción; desde 1997 hasta 2011 han sido desplazados violentamente de sus tierras un total de 106.562 indígenas; el 63 por ciento de los indígenas se encuentra por debajo de la línea pobreza y el 47.6 por ciento están por debajo de la línea de miseria. Con respecto al tema de la economía extractiva, hay pueblos afectados directamente por la minería, como los Wayú de la Guajira, que están en peligro de extinción por la explotación de carbón y el anuncio de desviar el río Ranchería a lo largo de 26 kilómetros para extraer 500 millones de toneladas de carbón. Así mismo, un porcentaje significativo de las concesiones por minería se encuentran en territorios indígenas: 17 son los resguardos afectados por 233 títulos mineros con un total de 267.623 hectáreas; 79 son los Resguardos Coloniales afectados por 672 solicitudes mineras. De los 42 pueblos indígenas en riesgo de extinción, 20 están siendo afectados o lo van a ser en el corto plazo por la explotación minera; entre esos pueblos se encuentran 4 grupos que tienen menos de 100 habitantes, 4 con menos de 200 habitantes y 12 que tienen entre 200 y 500 habitantes [10].

Para resumir, Santos como buen católico está convencido que si se peca y luego se reza, se empata. Peca, al impulsar y generalizar el extractivismo en todo el país, con todas sus secuelas de destrucción y saqueo territorial y humano. Y reza, al pedirles perdón a los indígenas de la amazonia colombiana como si el modelo extractivista hubiera sido negativo hace un siglo, pero en la actualidad como por arte de magia hubiera dado origen a la “minería sustentable”, un oxímoron que haría las delicias de Jorge Luis Borges. Al pecar y rezar, Juan Manuel Santos tendría la conciencia tranquila, para seguir pecando, es decir, para seguir conduciendo la locomotora minera que avanza raudamente con su marcha fúnebre, sobre una carrilera de sangre y dolor.

¿QUÉ MEMORIA PARA QUÉ PAÍS?

Existe otro tópico importante al considerar la solicitud de perdón de Santos, como es el de la memoria, o mejor de los (ab)usos de la memoria. Al respecto, podemos empezar diciendo que está en marcha lo que podemos llamar una memoria de cartel, es decir, para mostrar al público, pero que no se corresponde con ningún interés real de buscar verdad, justicia y reparación. Y esto es lo que sucede con los indígenas colombianos, pues ¿de qué valen los pedidos de perdón, si en estos momentos en la vida real y cotidiana, y no en el papel ni en el discurso, los indígenas en particular y en general todos los sectores populares, son pisoteados tanto por la locomotora minera como por al aparato de guerra del Estado a través de bombardeos y masacres? Esta memoria de cartel es mediática, episódica, efímera, coyuntural y de corta duración, así como lo son las noticias que fabrican los medios de comunicación, como lo hace el diario El Tiempo, en alguna época el periódico oficial de la familia Santos.

No de otra forma se entiende esta afirmación, hecha con la intención de figurar en la galería y en los titulares de prensa, pero nada más: "No podremos disfrutar del desarrollo económico si éste se logra a expensas de la vida y de la integridad física y cultural de los pueblos. La diversidad étnica y cultural de nuestra nación y la diversidad biológica y genética de nuestra naturaleza son esenciales para mantener el equilibrio de la vida en Colombia y en el mundo" [11]. Esta afirmación en sí misma no debería suscitar dudas si nos situamos en un plano exclusivamente retórico, su único problema es que es puro discurso sin ninguna relación con la política real, porque si algo distingue la historia política de los últimos presidentes de este país es su irrespeto a la vida, y sobre todo a la vida de los que considera como sus enemigos. Recuérdese no más las lágrimas de felicidad de JMS cuando se enteró del asesinato de Alfonso Cano, o de su dicha cuando, siendo Ministro de Defensa del gobierno de Uribe, informó con alborozó del hecho macabro de la entrega de una mano del miembro del Secretariado de las FARC Iván Ríos, a cambio de lo cual se comprometió a pagar una recompensa de muchos millones de dólares al traidor que había cometido tan vil asesinato. O qué decir de los crímenes de Estado que se conocen con el eufemismo de falsos positivos, que han producido el dolor de miles de familias de colombianos humildes… Con estos ejemplos, y muchos más que se podrían citar y llenarían miles de páginas, se confirma que el papel aguanta todo, porque la diversidad étnica y cultural de nuestra nación y su diversidad biológica no solo es destruida por la violencia física y militarista del Estado colombiano y su criminal apoyo a políticas imperialistas, como las de la fumigación aérea contra cultivos de hoja de coca –que afecta, además de manera directa a los pueblos indígenas- sino por su promocionada locomotora minera.

Con razón, al comentar las declaraciones de Santos, Ruth Chaparro, Directora de la Fundación Caminos de Identidad, afirmó que los indígenas “no sólo fueron abandonados en la época del caucho, en esta misma semana, por ejemplo no había un solo médico en toda la región, los puestos de salud producen vergüenza, la atención en salud es un verdadero caos (...) y más en estos pueblos y selvas que no son prioridad para nadie". Además, los indígenas "dijeron que desde hace 100 años han esperado la palabra perdón, la escucharon y efectivamente dicen que no es suficiente porque fue por una carta y una carta se queda en los archivos. Sienten que todo esto se puede repetir" [12].

Así mismo, Santos afirmó que "estas comunidades nos han convocado a nombrarlos hoy, a reconocerlos, a honrarlos, a reconstruir con ellos la memoria de esos hechos. Sus hijos y sus nietos hoy nos convocan a pedir, en nombre del Estado colombiano, perdón por su tragedia" [13]. Esta es la expresión de una memoria burocrática de corto vuelo, en la que se pretende separar el pasado del presente y del futuro. Esa memoria burocrática con respecto a los indígenas ya se ha institucionalizado en otros países de América Latina y en otras épocas. Valga recordar al respecto el ejemplo de México, en donde luego de la Revolución se le dio entrada al esplendoroso pasado de las sociedades indígenas de ese territorio, al tiempo que en el presente se les perseguía, robaban sus tierras, destruía su cultura y se negaba su propia existencia. Es la memoria rota, trunca e incompleta, la que también se quiere implantar en Colombia, pero sin llegar a alcanzar el realce que alcanzó en México, porque en nuestro país las menciones sobre los indígenas son puramente demagógicas, no se materializan ni siquiera en proyectos reales de rescatar como testimonio histórico las contribuciones culturales de los pueblos indígenas y, por supuesto, en tiempos neoliberales no van a haber inversiones que permitan rescatar parte de la extraordinaria y desconocida historia de las sociedades indígenas que habitaron en lo que hoy se llama Colombia.

Lo que estamos diciendo se vislumbra en estas palabras: "Para reafirmar, desde nuestro Estado, el compromiso con los derechos y la dignidad de los pueblos indígenas, en particular, los pueblos que hace un siglo sufrieron los vejámenes del avasallamiento de su territorio, sus recursos y sus vidas en medio de la voracidad económica por el caucho amazónico" [14] . Con estas afirmaciones se evidencia el sentido coyunturalista de una memoria de corto vuelo que se circunscribe a ubicar los hechos en el pasado, pero que no los vincula con el sufrimiento de los pueblos indígenas en la Colombia de hoy. ¡Lloremos con ellos por su pasado terrible y lloremos de manera oportunista y fingida, como lo hace un cocodrilo luego de engullirse una sustanciosa presa, pero no derramemos ni una lagrima por lo que pasa hoy con esos indígenas, sino que antes alegrémonos por el saqueo y destrucción de las culturas indígenas que produce el capitalismo criollo y transnacional!

Por eso, esta es una memoria mutilada, rota y además ficticia, como se aprecia en esta afirmación que, parece un chiste de mal gusto: “El mandatario aseguró que los colombianos en general no solo reconocen y se sienten orgullosos de sus ancestros, sino que también sienten vergüenza "por la crueldad con la que han desaparecido algunas culturas y pueblos que, de existir hoy, podrían ayudarnos a reflexionar sobre la vida y a entender sus equilibrios naturales" [15]. ¿Será que tanto optimismo es cierto, cuando se ha impuesto una cultura traqueta que exalta la exterminación física de todo aquel que sea diferente, o piense distinto, o de los que son considerados como “enemigos de la patria”? ¿Acaso se respetan los indígenas en un país en el que el retrogrado uribismo despertó el racismo en amplios sectores de la población? ¿Se puede pensar que se respetan a los indígenas y los pobres cuando en los medios de comunicación y las telenovelas se idolatra al dinero fácil, a los supermillonarios, a los narcotraficantes y a los paramilitares? ¿Sera que una gran parte de los habitantes de Colombia tienen sensibilidad hacia los indígenas y campesinos cuando en los planes de estudio escolares ha desaparecido el conocimiento de nuestra historia nacional y nunca se han considerado en serio la existencia de los sectores subalternos y sus luchas? En esa medida, sí que resulta demagógico afirmar que "el Estado y la sociedad tenemos el deber de recordar nuestra historia, de reconocer que tenemos pueblos indígenas que están en riesgo de extinción física y cultural, y de hacer todo lo posible por impedir que esto suceda" [16]. Claro que ese es un deber del Estado y de la sociedad, pero es muy dudoso que el régimen santista esté haciendo algo para impedir la extinción de los pueblos indígenas y campesinos.

De otro lado, al parecer del etnocidio cauchero solamente va a quedar la bodega de la Casa Arana, que fue reconstruida por el Estado, como expresión de una memoria patrimonialista, profundamente conservadora y nostálgica, que se solaza con el culto a los lugares de la memoria, como monumentos fetichizados por el Estado nacional, cuando justamente ese Estado no hizo nada para impedir la masacre de los indígenas, sino que antes fue cómplice y coparticipe. Esta forma conservadora de la patrimonialización se complementa con un seudo humanismo compasivo que niega el carácter de vencidos a los indígenas que lucharon y resistieron contra el sometimiento de los caucheros, para reducirlos a simples víctimas pasivas.

Para terminar: cuando se está hablando otra vez de paz en Colombia, debe mencionarse que la forma como el gobierno de Juan Manuel Santos ha manejado el caso del etnocidio cauchero es una especie de anticipo sintomático de lo que puede derivarse con respecto a los vencidos (campesinos expropiados de sus tierras y asesinados, dirigentes sindicales masacrados, estudiantes, profesores, indígenas, defensores de derechos humanos…), que en el mejor de los casos van a ser considerados como simples víctimas, como si no hubieran luchado y muerto por otro tipo de país y de sociedad. Al asunto nos podemos acercar planteando algunas preguntas: ¿No es acaso parecida esta dura realidad de los indígenas de nuestros días con sus antecesores de hace un siglo, tanto como para que también se les ofrezca perdón? ¿Será que los pueblos arrasados por la locomotora minera del gobierno Santos tendrán que esperar 100 años para que se reconozca que están siendo destruidos? ¿Alguien les ofrecerá disculpas póstumas a esas sociedades indígenas tras su aniquilamiento por la bonanza minera? ¿Se necesitara un siglo y más tiempo para que el Estado colombiano les ofrezca perdón a los 300 mil colombianos muertos como resultado de la violencia bipartidista de la década de 1950? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar, contando a partir de ahora, para que no sólo se ofrezca perdón, sino que paguen por sus crímenes los responsables del terrorismo de Estado que se ha librado contra la población pobre y pensante de este país en los últimos 50 años? ¿Quién va pedir perdón y a pagar por los “falsos positivos” y por los crímenes cometidos en el nefasto período de la (in)seguridad (anti)democrática? ¿Tenemos que esperar una centuria para que en el 2112 alguien ofrezca disculpas y perdón por los crímenes cometidos por el Estado, y desde el Estado, en los últimos 10 años? ¿La memoria se reduce a un hecho ritual y formal sobre algún acontecimiento del pasado, pero no está relacionada con nuestro presente y futuro?

Estas preguntas y muchas más que están en el tintero apuntan a indagar qué tipo de sociedad y, en consecuencia, qué tipo de memoria necesitamos si estamos pensando en un país con justicia social y no en la paz de los sepulcros y si, de verdad, se quiere indagar a fondo sobre los responsables de los miles de crímenes que se han presentado en Colombia en los últimos 50 años. A primera vista, por lo dicho y escrito en estos días por ideólogos e intelectuales del régimen o próximos al mismo (a través de los medios de desinformación) luego del discurso de Iván Márquez en Noruega se dibuja en el panorama el interés del establecimiento en que nada cambie, ni se toque ningún interés (de la tierra, de las finanzas, del ganado) y en consonancia se mantenga la memoria oficial, recortada, mentirosa y ficticia sobre el conflicto interno que se ha impuesto para satisfacer los intereses de las clases dominantes.

Eso, como se sabe, ha sido posible por la existencia de un grupo institucional y parainstitucional formado por personajes que ofician como memoriólogos, violontólogos y pazólogos, los cuales ejercen indistintamente cada una de esas actividades, dependiendo del péndulo económico y de lo que dicta y determina el Estado, según la situación de la guerra. En pocas palabras, cuando hay dinero y apoyo estatal para la guerra –tanto a nivel local como internacional, vía “cooperación internacional al desarrollo”-, esos personajes son violentólogos que le brindan consejos y asesoramiento al Estado y a las fuerzas armadas sobre la mejor estrategia para derrotar a los enemigos de “la democracia asediada” (un eufemismo para referirse al capitalismo a la colombiana). Cuando hay dinero e interés por parte del Estado en usar la memoria se vuelven memoriólogos y, a bajo precio, lavan los crímenes del terrorismo de Estado e incluso pintan a ese mismo Estado como otra víctima de la violencia y no como su principal propiciador. Cuando la coyuntura obliga a hablar de paz se convierten en pazólogos que le siguen brindando consejos de guerra al Estado y al ejército oficial, para que no baje la guardia y siga bombardeando de manera indiscriminada con el fin de ablandar a la insurgencia, al tiempo que a esta le exigen en forma airada que aproveche la “oportunidad histórica” que le proporciona, gracias a su grandeza y magnificencia, el Estado colombiano y el régimen santista en particular. Le demandan que abandone su discurso “trasnochado”, sea pragmática –como lo son ellos- e incluso que efectúe un cese unilateral de fuego para darle un gesto de paz al Estado y a ellos. Por supuesto, nada de esto lo hacen gratis, porque al mismo tiempo reciben financiación para sus proyectos, subsidios para sus ONG, contratos con la ONU o se les abren las puertas de la gran prensa como columnistas de opinión, “expertos” en la paz, cuando ayer no más eran violentólogos. ¡Bueno, nada de esto sorprende, porque al fin y al cabo el mercado capitalista da para todo, hasta para convertir la violencia en una mercancía!

Con tal perspectiva, el perdón recortado y falaz de Santos por el etnocidio cauchero es una especie de anticipo de lo que viene con respecto a la verdad, justicia y reparación de lo que ha sucedido en Colombia en las últimas décadas, en donde las fuerzas armadas, la clase política tradicional, los gamonales, terratenientes, ganaderos y empresarios son responsables directos, porque financiaron, organizaron y apoyaron a grupos de criminales, al tiempo que intensificaban la guerra para lo cual avalaron y aplaudieron el intervencionismo imperialista de los Estados Unidos.

Pero, según la visión de los memoriólogos oficiales, nada de esto se puede ni se debe nombrar. Y, precisamente por eso, la memoria también es un terreno importante de lucha que no les podemos dejar como un terreno baldío a los “mercaderes de la memoria”. En contravía, sostenemos que el recuerdo de los vencidos debe acompañarse de la rememoración de sus combates, triunfos, derrotas y proyectos alternativos de sociedad, porque como diría Walter Benjamin la memoria de los vencidos se perpetúa en el presente como una “promesa de redención” insatisfecha.

NOTAS

[1]. Ver: Santos pide perdón a indígenas del Amazonas, en http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-380852-santos-pide-perdon-indigenas-masacre-amazonas

[2]. Fany Kuiru, una mujer witoto de Colombia, en El misterio sin resolver de los esclavos de la fiebre del caucho, en http://www.survival.es/noticias/7542

[3]. Un análisis más amplio de este proceso se encuentra en Renán Vega, Gente muy Rebelde, Tomo 2, Ediciones Pensamiento Crítico, Bogotá, 2002.

[4]. William Hardenburg, El paraíso del diablo, citado en http://www.taringa.net/comunidades/pueblos-originarios/5024852/El-oro-verde_-el-arbol-que-llora-y-la-sangre-indigena-_2_.html

[5]. Waden Davis, El río. Exploraciones y descubrimientos en la selva amazónica, El Ancora Editores, Bogotá, 2002.

[6]. La reserva minera de la Amazonia que el Ministro de Ambiente aprobó sin estudiar, en http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/politica/155470-la-reserva-minera-de-la-amazonia-que-el-ministro-de-ambiente-aprobo-sin-e

[7]. Minerales estratégicos: una excusa para el expolio del Tercer Mundo y para nuevas guerras, en http://co.globedia.com/minerales-estrategicos-excusa-expolio-tercer-mundo-guerras

[8]. El misterio sin resolver de los esclavos de la fiebre del caucho, en http://www.survival.es/noticias/7542

[9]. Santos pide perdón a indígenas del Amazonas, en http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-380852-santos-pide-perdon-indigenas-masacre-amazonas

[10]. ACNUR, Situación Colombia indígenas 2012, en http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Colombia/2012/Situacion_Colombia_-_Pueblos_indigenas_2012.pdf?view=1; Tierra profanada 2. Impacto de los megaproyectos en Territorios Indígenas en Colombia, en http://www.bing.com/search?q=TIERRA+PROFANADA+2%2C+IMPACTO+DE+MEGRAPROYECTOS&qs=n&form=QBRE&pq=tierra+profanada+2%2C+impacto+de+megraproyectos&sc=0-1&sp=-1&sk=

[11]. http://noticias.terra.es/mundo/latinoamerica/santos-reitera-el-compromiso-de-su-gobierno-con-los-indigenas-y-pide-perdon-por-la-masacre-de-casa-arana,77692ca16755a310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html

[12]. Consideran en riesgo a 42 pueblos indígenas de Colombia, en http://spanish.peopledaily.com.cn/31617/7979755.html

[13]. Santos pide perdón por desafueros a indígenas, en http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/fdg/201210122136430725/201210122136430725.html

[14]. http://noticias.terra.es/mundo/latinoamerica/santos-reitera-el-compromiso-de-su-gobierno-con-los-indigenas-y-pide-perdon-por-la-masacre-de-casa-arana,77692ca16755a310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html

[15]. Santos reitera el compromiso de su gobierno con los indígenas y pide perdón por la masacre de Casa Arana, en http://noticias.terra.es/mundo/latinoamerica/santos-reitera-el-compromiso-de-su-gobierno-con-los-indigenas-y-pide-perdon-por-la-masacre-de-casaarana,77692ca16755a310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html

[16]. Ibíd., loc. cit.

Renán Vega Cantor, 27 de octubre de 2012

Artículos de Renán Vega Cantor publicados en La Pluma:

Vega Cantor: “En Colombia se agotó un ciclo”

El monstruo de la espalda gigante

Elogio del pensamiento crítico

Ecos de la Cumbre de las Américas: ¡Filantropicapitalismo!

El dolor ronda la Universidad Pedagógica Nacional. Un testimonio personal

¡Sindicalicidio! Un cuento (poco imaginativo de Terrorismo Laboral)

Nuestro candidato a la dirección de la OIT: Radiografía de un esquirol

Cinismo sin límites en la "Casa de Narquiño": ¡No en nuestro nombre!

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Lea en la Pluma

Colombia: Carta de apoyo al profesor Renán Vega Cantor

Solidaridad desde México con el profesor colombiano Renán Vega Cantor quien ha tenido que exiliarse para proteger su vida.

Solidaridad desde Barrancabermeja con el Profesor Colombiano Renán Vega Cantor

Palabras clave:Renán Vega Cantor  conflicto colombiano  terrorismo de estado  FARC  Juan Manuel Santos  acuerdo  diálogo de paz  La Habana  Cuba  Violaciones DDHH  DIH  impunidad  multinacionales  genocidio minero  indígenas  

Actualizado ( Domingo, 10 de Agosto de 2014 14:30 )  

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