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DENUNCIA PÚBLICA
Desde hace 21 días las comunidades del departamento y sus organizaciones sociales adelantan una protesta pacífica de exigencia a las empresas trasnacionales que explotan petróleo en territorio araucano para que cumplan con los reglamentos ambientales, respeten los derechos humanos y paguen la deuda social con la región,
es así como tienen concentración de personal en tres puntos de los municipios de Tame, Saravena y Arauquita, a pesar que han mantenido una interlocución constante con el gobierno departamental y administraciones municipales, han venido siendo víctimas de constantes hostigamientos por parte de la fuerza pública.
Estas agresiones se representan en estigmatización y señalamientos, filmaciones y fotografías a los participantes, infiltraciones de personal de la SIJIN al interior de las concentraciones, amenazas de desalojos y judicializaciones a los participantes.Un último hecho se dio en la concentración del sitio conocido como Caricare en el municipio de Arauquita, donde a raíz de un supuesto hostigamiento realizado por una de las organizaciones de oposición contra la base militar de Pueblo Nuevo, estigmatizaron y señalaron a estas comunidades de ser los responsables y amenazaron con un desalojo con antimotines, motivo por el cual se desarrolló una misión de verificación donde participó la Defensoría Regional del Pueblo, la Comisión de Paz y Derechos Humanos de la Asamblea Departamental y ésta fundación, con el ánimo de verificar los hechos y desarrollar las acciones pertinentes para evitar que se vulneraran los derechos fundamentales de las personas movilizadas que no tuvieron responsabilidad en los mismos.
Por otra parte hace varias semanas se vienen presentando denuncias públicas de habitantes del departamento de Arauca donde ponen en conocimiento de toda la comunidad y de las autoridades locales, los robos a mano armada de los cuales han sido víctimas, sin embargo no se ven las acciones jurídicas para investigar y castigar ejemplarmente a los responsables.
Dos de los últimos casos se presentaron en pleno centro del casco urbano de Saravena a escasos metros del cordón de seguridad de la Policía Nacional, por lo cual la comunidad indignada por la inoperancia de las autoridades competentes decidieron desarrollar ellos mismos las respectivas capturas. En el primer caso donde la víctima fue una reconocida comerciante del sector, detuvieron a dos personas y se las entregaron a miembros de la Policía Nacional para su respectiva judicialización pero éstos fueron dejados en libertad a las pocas horas; en el segundo caso la víctima fue un profesional de la salud a quien le hurtaron de su vehículo algunos artículos de valor, la comunidad al percatarse del hecho reaccionaron en solidaridad y capturaron a otros dos sujetos, de los cuales se constató que eran miembros del ejército nacional Brigada Móvil N. 31 de a Fuerza de Tarea Quirón, la cual tiene puesto de mando en el centro Poblado de Puerto Jordán del municipio de Tame, y que fue activada el día 23 de Diciembre del año 2011 con la “misión de neutralizar el accionar de los grupos armados ilegales FARC y ELN”.
Así mismo hemos recibido denuncias de habitantes de la zona rural del municipio de Tame donde habiendo presencia de la fuerza pública específicamente del ejército nacional, han sido víctimas de hombres fuertemente armados, vestidos de camuflado quienes llegaron a su casa de habitación, los obligaron a tenderse al piso y procedieron a robarse un millón de pesos en efectivo y varios objetos valorados en aproximadamente un millón doscientos mil pesos.
Hechos como estos reafirman lo ya dicho por esta fundación en comunicados anteriores, que la fuerte presencia de fuerza pública en el departamento no significa tranquilidad ni seguridad para los pobladores, pues están al servicio de cuidar los intereses de las empresas trasnacionales explotadoras de recursos naturales y no para proteger a las personas, es así como sistemáticamente han puesto en riesgo a la población civil de ser víctimas de ataques de las organizaciones armadas de oposición (al acantonarse dentro de las casas y/o utilizar los vehículos de los civiles, estar dentro de los colegios y escuelas, o desarrollar acciones cívico-militares), han sido los directamente responsables de las agresiones contra la vida y la integridad de las personas (a través de ejecuciones extrajudiciales, torturas y/o ametrallamientos indiscriminados contra los civiles) y ahora atentan contra el patrimonio de los araucanos cuando participan directamente en los robos o simplemente no se desarrollan las acciones para evitarlos.
Por lo anterior reiteramos nuestra exigencia a las autoridades de justicia y control del Estado adelantar las investigaciones de manera responsable y sin dilación de los hechos denunciados por los afectados y por esta fundación con el ánimo que se castigue ejemplarmente a los responsables y sobre todo que hechos como estos no se sigan presentando en nuestro territorio.
Igualmente exigimos que se atiendan las justas reclamaciones de las organizaciones sociales del centro-oriente movilizadas frente a las nefastas consecuencias de la explotación petrolera en materia social, ambiental y humanitaria.
POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO
FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS JOEL SIERRA
NUESTRA ACCIÓN SOCIAL ES LEGAL Y LEGÍTIMA
Fuente : Comité Ejecutivo Regional Fundación de DD.HH. Joel Sierra, Saravena, Arauca, 1 de mayo de 2012.
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