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Durante el 2011 nos dimos cuenta que el asunto de la paz en Colombia, al estar vinculado al conflicto armado, nos muestra que más que un acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc, se hace necesario que el estado instituya, por primera vez, las condiciones de paz para todos los colombianos; porque el conflicto armado se sitúa realmente entre la oligarquía que se esconde tras el gobierno, los grupos políticos, y sus ejércitos oficiales y paramilitares en contra de todos los colombianos.
El necesario desarme, en que parecemos ver las condiciones de paz, debe ser iniciado por el gobierno, para dar garantías al estado democrático a favor de la vida de los ciudadanos. Un colombiano hoy no se enfrenta a los peligros de la guerrilla en las calles de su barrio, ni en los poblados campesinos; todos sabemos que cada individuo teme por su vida, porque a su paso camina enredado entre fronteras invisibles prontas a disparar en defensa del mercado de drogas (en la ciudad, invadiendo aún la escuela primaria) o del latifundio (en el campo). Un colombiano está sujeto al terror que significa el redoblar de las ambulancias, vuelta eco de la vida citadina durante este año.
Venidos de ocho largos años de lenguaje violento en la televisión, en el que nuestros niños aprendieron del presidente a decirle a sus amiguitos en los juegos “le rompo la cara marica”, y donde los padres de familia nos vimos desautorizados en la tarea de la crianza por el mandatario; aturdidos por los ofrecimientos y las acciones de invasión a nuestros países vecinos; la instalación de bases militares estadounidenses; escándalos de parapolítica; fosas repletas de falsos positivos; desplazados de varias décadas que continúan llegando a las ciudades; auxilios legales para los delincuentes y castigos para los desposeídos. Debemos declararnos impedidos para ser un pueblo capaz de mirar con beneplácito el ofrecimiento de acuerdos de paz allí donde no se halla nuestra sangre. Sobre todo cuando hemos visto recrudecer las situaciones que fueron desde los acuerdos humanitarios de gobiernos anteriores, a las liberaciones unilaterales por las Farc en los últimos tiempos. En donde no se ha escatimado en publicidad favorable a la guerra, como la tarea más importante del gobierno frente a su pueblo.
El general Mendieta celebra desde España el asesinato de Cano, y los micrófonos internacionales se abren para escuchar su advertencia “ese es el fin que les espera a todos los guerrilleros”. No obstante, es necesario desmentir la buena voluntad del gobierno hacia los acuerdos de paz. Porque sabemos que de esos pactos, no depende realmente la paz de los colombianos. Sabemos que corresponde a la totalidad de los colombianos exigir condiciones de vida para todos. Para ello hay que decidirse a hablar de los problemas reales que nos aquejan a las grandes mayorías. Es con el pueblo que debe establecerse el acuerdo fundamental de conciliación. Porque las circunstancias van desmejorando día a día para cada habitante. El derecho a la vida que implica, alimentación, trabajo, educación, salud, habitación; ha ingresado en los terrenos de la élite. Un estado que ha descuidado la posibilidad de supervivencia de sus mayorías, parece plantearse como superfluo y realmente poco interesado en la paz. Una justicia burlada en donde las penas en contra de los delincuentes hacen decir con tristeza que “El país no ha analizado en profundidad hasta dónde se ha sacrificado la justicia so pretexto de conseguir la paz”, como lo afirmara Alfonso Gómez Méndez, el pasado 20 de diciembre de 2011 a través de El Tiempo.com. Hay actores armados construyendo la “inviabilidad del país”, un nuevo relato tejido de sangre, pero esos actores no están siendo llamados a concertar la paz; y ya nos dimos cuenta que no se trata de las Farc, usadas como distracción para justificar las altas inversiones en armamentos y guerra. También, con el tiempo, nos fuimos dando cuenta que no existió la llamada narco-guerrilla, y en cambio se develó la existencia de la “narco-para-política”.
Durante este año y de cara a la televisión, tratamos de explicar a nuestros hijos que ese ser masacrado ante las cámaras por multitudes enardecidas, mandatario de un país árabe, era también un ser humano. Que un cristianismo arraigado en nuestra cultura, y que se ha preservado como acuerdo de paz y coexistencia entre los colombianos, nos impide entender la fiesta por el asesinato de un ser, a la que los medios de comunicación se prestan, con artificios amarillistas, que de paso les desacreditan. Que el estado liberal y la democracia que tanto defienden los gringos con su ONU y sus tropas armadas por la paz del mundo, se desmorona con cada noticia y devela mentiras ante los ojos de los niños. Y es cuando deciden pedirnos una pistola de regalo de navidad. Se van dando cuenta que ¡dios y la democracia no les asistirán!, esto no deja de ser preocupante para cualquier familia que se precie de sus buenas costumbres y conserve algún escrúpulo religioso o democrático con el que se oponga a la cultura de auto defensa, que se quiere implantar, por sobre la tarea soberana de la crianza en el hogar.
Al mes siguiente, las familias volvimos a vernos en apuros cuando frente a la televisión veíamos el cadáver de Alfonso Cano y el festejo de los gobernantes. No más extraña resultó la propuesta inmediata de una marcha en contra de las FARC, venida de agremiaciones nacionales por la paz, que parecían agasajar el asesinato. Algún niño me preguntó ¿pero no fue a ellos a quienes les han matado a un hombre? ¿Por qué no salen a protestar todos por ese asesinato? Obviamente el niño acababa de hacer su primera comunión y recién le han enseñado las bondades del pensamiento cristiano. Lo único que pude contarle a favor de nuestro mundo adulto es que el arzobispo de Cali Darío de Jesús Monsalve, se había enojado mucho por aquella manera de aplicar la pena de muerte en Colombia. Y que en buena hora, se había manifestado opuesto a la marcha contra las Farc. Por suerte, una voz valiente, tuvo la fortuna de hacerse escuchar a favor de la cordura y para llamar a las cosas por su nombre, en el ya agonizante lenguaje cristiano. Es que en verdad quedan pocas condiciones para la crianza y la educación. Las familias se ven desautorizadas para la formación en valores civiles y religiosos de sus hijos, con los comportamientos vergonzosos de los gobernantes y los bochornosos festejos ensangrentados de los medios de comunicación que más recuerdan el coliseo romano. Ante el llamado de hace casi veinte años, de una “Comisión de Sabios” que pensaba en un país al alcance de los niños, habría que oponerse radicalmente a los medios de comunicación, por no ser aptos para la tarea de la crianza.
2011, año internacional de la Química, según la ONU, en el que la UNESCO rinde homenaje a un saber que garantizará la alimentación y la energía; podrá ser recordado como el año en que los asuntos energéticos justificaron intervenciones y masacres de la comunidad internacional en territorios árabes. Así como el año de mayor desempleo y la incapacidad de la población mundial para acceder a la alimentación. El Informe Mundial Sobre Desastres ha confirmado que “Los minifundistas que producen la mitad de los alimentos del mundo forman parte de los 1.000 millones de personas que cada noche se acuestan con hambre.”[1] La ONU acaba de admitir que el desempleo en el mundo ha alcanzado su máximo nivel histórico, con 211 millones de desempleados y más de 1530 millones que sobreviven con empleos temporales. No parece ser la química, así deslindada de las relaciones sociales, la que tenga que ser agasajada, ni se trata de festejo alguno. ¿La Química como un espíritu absoluto, que bajará de las esferas del saber a repartir alimentos y energía al mundo? No señores, las condiciones materiales de vida son anteriores a cualquier forma de saber. Son estas las que hay que transformar antes que nada.
No vimos en el 2011 el valor gubernamental para admitir las graves consecuencias de las políticas que propiciaron el latifundio durante los últimos treinta años en Colombia; el despojo a las poblaciones campesinas y el aumento del cinturón de miseria que atesta a las ciudades; la falta de valor para enfrentar que el origen de la violencia en el país se encuentra en estos factores y la ausencia de una voluntad real para devolver la propiedad a los pequeños campesinos desalojados y restituir por lo menos la economía campesina que identificó a la nación, con graves desigualdades, que ya afectaban la vida nacional, pero que ahora se han agudizado. La contra reforma agraria de la que nos habla Álvaro Albán[2], y la claridad que sobre el proceso de relatifundización en Colombia, en la que narcotraficantes y paramilitares han sido los actores que han facilitado el proceso; así como las actitudes gubernamentales de reprimir las movilizaciones campesinas y sociales, con el pretexto de detener el avance de la guerrilla. Sumado a la apertura económica, que coincide con las recomendaciones de la FAO sobre seguridad alimentaria para el planeta, en donde se pretende que los seres mejor alimentados son los que viven cerca de los supermercados y los peor alimentados los que viven en el campo. Delata las peores intensiones que sobre la paz pudiese tener país alguno. La producción alimentaria ha cesado en función de implementar las importaciones de alimentos y la concentración de la tierra a favor del monocultivo; grandes latifundios sembrados de Coca, Palmas y biocombustibles; la prohibición de usar semillas y la propiedad y patentes sobre éstas en manos de las multinacionales, ha eliminado la posibilidad de producir alimentos, delatando la intensión de hacer de Colombia un país que se prepara a consumir en el supermercado todas las basuras alimentarias de países industrializados, o a morir de hambre. Esto resulta siendo bastante humillante para un país cuya vocación económica y cuyas condiciones climáticas y de relieve le han hecho, a través de su historia, eminentemente agrario. El latifundio, hoy en manos de pequeños grupos y de extranjeros, así como el agua de ríos, humedales y hasta de mares; se ha dedicado a los megaproyectos. Este fue el efecto de la cátedra de educación ambiental y de los planes de ordenamiento territorial. La “buena idea” de las autonomías locales implementadas a nivel internacional, que también hizo desastres en el nivel político. El porcentaje de municipios con desplazamiento en Colombia ha llegado al 90%. (Reconocido por El Espectador el 27 de diciembre) Y aún no ha empezado a funcionar el TLC. Acaba de decir el Dane que “21'070.000 ciudadanos tienen cómo ganarse la vida” en Colombia, lo que no nos aclara es la condición en que estos ciudadanos se encuentran “ocupados”, palabra preferida del presidente Santos, o “ganándose la vida” la preferida del Dane. Habría que preguntarnos sobre las “ocupaciones” que gastan el día de los desplazados en procura de su supervivencia; y también las ocupaciones de los colombianos que se vinculan a actividades delictivas. Quisiéramos ver las cifras de las economías que ocupan a los colombianos, incluyendo las más oscuras. En donde ganarse la vida adquiere su más claro significado.
En una calle tranquila y desolada a las 10 de la noche del 24 de diciembre de 2011, y cuando todas las familias se encontraban encerradas en torno a sus egoístas rituales de navidad, mi hijo y yo vimos pasar un ser casi irreal. Llevaba un carrito de supermercado ya oxidado en el que acomodaba dos termos, seguramente llevaba café caliente. Algunas bolsas negras cuyos contenidos no eran muy visibles, acompañaban sus mercaderías. Con paso lento, en busca de clientes y con una mirada vacía transitó por la cuadra sin una sola venta. Jamás había pasado un ser así por estos lados, solíamos verlos en el centro de las ciudades a altas horas de la noche, o merodeando a la salida de las salas de urgencias de los grandes hospitales. Pero venir a una calle solitaria en una fecha como esta, nos hizo pensar que ya hay pocas esperanzas para este tipo de “ocupaciones”. Con seguridad ese hombre, figura entre las estadísticas del Dane, ha de ser uno de los ciudadanos que tienen como “ganarse la vida” en Colombia.
Durante el tiempo en que no se reconoció el conflicto interno armado en Colombia (los primeros años del siglo XXI), los militares podían ser juzgados de acuerdo a los tiempos de paz; no obstante las serias investigaciones por abusos militares y paramilitares por parte de la justicia nacional y las veedurías internacionales, se constituyeron en dificultades contra las que el gobierno tubo que enfrentarse. Por aquellos días conocimos la Operación Europa, y paramilitares exportados a los países europeos establecieron redes de espionaje pagados por las embajadas que fueron amparados por el Das, con sus chuzadas, y por acuerdos secretos entre los gobiernos, con el mandatario colombiano. Los enemigos de aquel gobernante, miembros de algunas ONG, fueron tratados como “colaboradores de la guerrilla comunista”, criminalizando a los sectores sociales, que le merecieron aplausos de los paramilitares en aquel nefasto comunicado “¿por qué ladran los perros?”. Pero la estrategia ha cambiado en los dos últimos años. La primera astucia iría a ser el reconocimiento del conflicto interno armado en Colombia, que lleva a cabo el presidente Santos; y la siguiente, como pudimos darnos cuenta en el presente año, es la de modificación de la justicia a favor del ejército y para delimitar la posibilidad de intrusión de la justicia regular y la comunidad internacional, en la que se destacan la molestia que genera en el gobierno nacional, y en especial en el ejército, la presencia de las ONG que se preocupan en el nivel internacional por los derechos humanos. Se había pretendido que dos periodos de violenta seguridad democrática habían sido suficientes para acomodar las ideologías a esta dinámica desolada “Pero cuán equivocado estaba: subsisten factores ideológicos en algunos sectores de la justicia sesgados en contra de nuestros soldados o indiferentes frente a la necesidad de consolidar la seguridad, además, las labores del soldado requieren del juzgador un conocimiento profundo de su naturaleza y no solo del marco legal… Está pendiente el fuero policivo.”[3]
El ex juez de Mapiripan hoy expatriado, se gana la vida en oficios varios en Europa, mientras sigue afirmando como José Arcadio Segundo “eran más de diez los muertos”, y los amigos del ex presidente siguen afirmando “no hubo muertos, todos están vivos”… sólo faltaría que dijesen, desde los tiempos de tu abuelo el Coronel Aureliano Buendía, en Macondo no ha habido muertos, ni ha pasado nada.
[1] Informe Mundial Sobre Desastres. 2011. Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
[2] Albán, Álvaro. Reforma y contrareforma agraria en Colombia. 2011
[3] Uribe Vélez, Álvaro. Fuero Militar. El Colombiano. Medellín 15 de noviembre de 2011
Marta Lucía Fernández Espinosa, especial para La Pluma, 31 de diciembre de 2011
*Marta Lucía Fernández Espinosa: Licenciada en Historia y Filosofia, Universidad Autnoma Latinoamericana, Medellin ; especialista en Planeamiento Educativo, Universidad Catolica de Manizales. Colombia. Corresponsal de La Pluma
Artículos de Marta Lucía Fernández Espinosa publicados por La Pluma
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La colombianización, fin de la democracia y relaciones de vasallaje en el Nuevo Orden Mundial
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