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Continúa la persecución y criminalización de líderes sociales en Colombia

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aut_3592BisComunicado abierto a la opinión pública nacional e internacional

Santiago de Cali, 7 de mayo de 2018

La pobreza mata como la corrupción y el olvido”

Procurador General de la Nación Luis Fernando Carrillo – 27 de Abril de 2018

Foro “Retos y balance de la política de protección y

Derecho a la vida de líderes y lideresas sociales étnicos.

Proceso de paz entre asesinatos y detenciones masivas y arbitrarias.

Las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos del sur occidente colombiano y del orden nacional elevamos por medio de este comunicado nuestra solicitud a la comunidad internacional de realizar los esfuerzos que sean necesarios para frenar la persecución y ataque a los defensores de derechos humanos y a líderes y lideresas del movimiento social colombiano. Ante los ojos del mundo entero; de frente a quienes han sido garantes del proceso de paz, violando de manera flagrante los tratados internacionales firmados por Colombia para proteger la vida e integridad física de los ciudadanos, y en la más absoluta impunidad el Estado Colombiano continua sin dar respuesta efectiva para la prevención y protección a la vida y libertad de los líderes y lideresas asesinados y detenidos masiva y arbitrariamente.

El pasado viernes 27 de abril en la Procuraduría General de la Nación el Ministro del interior GUILLERMO RÍVERA, el Viceministro de Defensa Nacional ANIBAL FERNADEZ DE SOTO, el Director de la UNP, DIEGO MORA, y CLAUDIA SANTAMARÍA Delegada de la Consejería Presidencial de Derechos Humanos se comprometieron ante el Procurador General de la Nación FERNANDO CARRILLO y los representantes de las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos a realizar todas las acciones suficientes y necesarias para proteger la vida, seguridad y derecho a la libertad. Sin embargo a pocas horas de este compromiso nuevamente se presentaron hechos que muestran la falta de voluntad política del Estado Colombiano y la realidad de desprotección de los líderes y lideresas sociales, defensores de Derechos Humanos, de la tierra y del medio ambiente en Colombia.

Mientras el Foro “Retos y balance de la política de protección y derecho a la vida de líderes y lideresas sociales étnicos” se realizaba en la ciudad de Bogotá́ los defensores de derechos humanos seguían siendo detenidos y asesinados. El 27 de abril de 2018 fue desaparecida y posteriormente asesinada en el Departamento de Arauca, Municipio de Arauquita la lideresa MARÍA DEL CARMEN ROMERO, presidenta de la junta de Acción comunal de Caño Rico. El 2 de mayo de 2018 fue asesinado en el Departamento de Antioquia, Corregimiento de Puerto Valdivia Hugo Albeiro George Pérez líder perteneciente al movimiento Ríos Vivos y a la asociación de victimas afectados por megaproyecto a cargo de la empresa EPM Hidroituango que se viene desarrollando en el municipio de Ituango.

Se estima que entre enero de 2017 hasta el 31 de enero de 2018 han sido asesinadas 100 personas que pertenecieron a procesos de liderazgo y defensa de DDHH dentro del territorio nacional. Cifra que lamentablemente puede ser mucho más alta pues el miedo mantiene en silencio muchos otros casos. En los cinco meses que van corridos del año el desplazamiento forzado de líderes, testigos, y comunidades se ha aumentado frente al año 2017 en un 60%, situación frente a la cual no existe un pronunciamiento oficial, un conteo, una estadística clara que permita establecer la magnitud de esta situación, mucho menos que proponga medidas claras y certeras de prevención y protección.

Esta información oscila en medio un sistema de registro estadístico institucional carente de rigurosidad y de las declaraciones irresponsables de algunos funcionarios de gobierno que como el Ministro de la Defensa de Colombia 1 han intentado desviar la atención de la opinión pública, tratando de desvirtuar la labor de quienes siendo sobrevivientes de la guerra, han trabajado por la defensa de la vida, el territorio y la dignidad de sus comunidades.

LA VULNERACIÓN MASIVA, SISTEMÁTICA Y PERMANENTE DEL DERECHO A LA LIBERTAD.

A este panorama violento, revestido de impunidad, desconocimiento y desinformación se suma entonces ahora la persecución política y judicial de líderes sociales y defensores de DDHH quienes están siendo sindicados de “rebelión” y de colaboración con grupos armados al margen de la ley. La paradoja por resolver es que estas detenciones se dan en su mayoría contra líderes y lideresas sociales que han participado de manera activa en impulsar la propuesta de paz participativa y muchos de ellos han aceptado la invitación del Gobierno Colombiano y del ELN para realizar sus aportes a la construcción del proceso de Paz en Quito – Ecuador.

La gran mayoría de estas detenciones se dan con base en señalamientos de informantes o reinsertados, informes de inteligencia, las garantías procesales a que tenían derecho fueron abiertamente desconocidas como en los casos sucedidos el 20 de abril de 2018 cuando fueron detenidas 34 personas en el sur occidente colombiano (Valle del Cauca, Cauca y Nariño) por órdenes de la Fiscalía General de la Nación a través de juzgado 59 penal de garantías de Bogotá.

1. Ver “Asesinato a líderes sociales son por lío de faldas” https://www.elespectador.com/noticias/politica/asesinatos-de-lideres-son-por-lios-de-

2. Ver Ministro de defensa asegura que no hay sistematicidad http://www.redmas.com.co/colombia/no-sistematicidad-asesinatos-lideres- villegas/

De los cuales, según los reportes de los abogados, 17 recibieron medidas de aseguramiento. De las 34 personas 11 eran mujeres, 3 de ellas Líderesas.

Los detenidos, acusados de rebelión y actividades con fines subversivos y de narcotráfico según la Fiscalía para el grupo guerrillero ELN, se encuentran 4 líderes y defensores de DDHH: TULIA MARYS VALENCIA, SARA LILIANA QUIÑONES, pertenecientes al Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera, municipio de Tumaco que a su vez hace parte del Proceso de Comunidades Negras; ALEJANDRA DIZÚ Vicegobernadora del Resguardo Pueblo Nuevo y el señor LUIS EDUARDO RISUEÑO líder perteneciente al Resguardo los pastos.

Consideramos que las capturas masivas e indiscriminadas son una política de la Fiscalía General de la Nación que pone de manifiesto el terrorismo estatal contra el movimiento social y su práctica genocida histórica, contra los líderes y lideresas sociales. A La fecha, estas capturas masivas se están desarrollando en varios regiones del País como el sur occidente Colombiano: Nariño, Cauca, Valle; Norte de Santander, Antioquia, Cesar entre otras.

La solicitud efectuada de libertad inmediata de los líderes y lideresas del sur occidente de Colombia, no ha sido Atendida, por el contrario las detenciones masivas continuaron. El día 2 de mayo de 2018 se presentaron nuevas capturas en el departamento del Cesar, operativo en el que se ha registrado la privación de la libertad de campesinos, entre ellos el presidente de la junta de acción comunal de la vereda Los Corazones, el señor Otoniel Cuellar. Se estima que como este caso, se han registrado alrededor de 40 campesinos en la zona privados de su libertad en los últimos años, quienes han sido relacionados con la guerrilla del ELN.

Paradójicamente mientras se denuncian los fracasos de la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, y la sociedad insiste en el avance de los acuerdos de paz con el ELN, el gobierno persigue y criminaliza a quienes a lo largo de todos estos años de conflicto han hecho importantes aportes y propuestas de paz en sus territorios.

¿POR QUÉ CRECE LA PERSECUCION, AMENAZA Y SEGUIMIENTO A LOS LIDRES SOCIALES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS?

Es posible rastrear tres elementos comunes que permiten establecer un análisis sobre este fenómeno de persecución a nuestros líderes y lideresas a nivel nacional:

  1. Se trata de capturas a líderes sociales, defensores de derechos humanos y dirigentes políticos que le apuestan a un proceso de paz participativo y democrático en el cual se revise por un lado el modelo económico extractivista: Las locomotoras minero energéticas; y por otro el modelo de seguridad: la actuación de la fuerza pública, ejército, policía y el uso desmedido y abusivo de la fuerza, especialmente por parte del ESMAD.
  2. Los Líderes capturados y/o Asesinados han participado en procesos de reclamación de tierras, han exigido procesos de consulta, previa, libre e informada; han denunciado la política de despojo territorial y entrega de los recursos naturales y estratégicos a los grandes capitales internacionales.
  3. Se trata de líderes sociales y dirigentes políticos que representan una importante fuerza de opinión al respecto de las próximas elecciones, fuerza que está impulsando alternativas diferentes a los partidos políticos investigados por corrupción y violaciones de derechos humanos.

ATROPELLOS AL DEBIDO PROCESO Y A LA DIGNIDAD HUMANA DE LOS DETENIDOS

El proceso de judicialización de las lideresas y líderes sociales privados de la libertad el día 20 de abril se realizó bajo circunstancias que ponen en duda el debido proceso. La Fiscalía obró de manera discriminatoria y estigmatizó a los detenidos. En algunos casos se presentó ocultamiento de los detenidos, por más de 5 horas no se encontraba el paradero de los líderes que fueron capturados desde las 6:30 am, ninguna autoridad daba razón del lugar donde fueron trasladados. En el caso de la comunera Alejandra Dizú, al momento de la captura, su hija menor de 4 años fue separada de la familia, traslada en una patrulla de policía y aislada por parte de Bienestar Familiar. Ignorando por completo el gobierno propio indígena y la protección especial constitucional. Durante el tiempo que se desarrollaron las audiencias las condiciones humanitarias (alimentación, dormitorio, atención de salud) fueron inhumanas, la mayoría de los detenidos sufrieron situación de hacinamiento. A pesar de que los procesados tienen su arraigo familiar en otros departamentos, fueron todos concentrados y atendidos en la ciudad de Cali, dificultando el acompañamiento de familiares y organizaciones sociales donde desarrollan su labor de liderazgo social y político.

Se desarrollaron audiencias “masivas”, en las que se presentaron pruebas y argumentaciones contra más de 8 personas de manera simultánea bajo responsabilidad de un solo juez, esta situación generó demora y confusión sobre los casos, las evidencias y las audiencias preliminares. Las lideresas y líderes quedaron vinculados a un proceso a pesar de que la defensa facilitara las pruebas. Los traslados se han demorado incidiendo en el detrimento de la situación física y psicológica de los líderes y lideresas detenidos.

El procedimiento ha estado revestido de aseveraciones estigmatizantes, racistas y denigrantes de la labor de defensa de derechos, de los Consejos Comunitarios de comunidades Afro- descendientes e incluso de la labor garante de las Naciones Unidas, especialmente por parte del fiscal encargado de la sala 27 durante las audiencias de los días 20 al 25 de abril.

Este panorama demuestra no solo un entramado estatal disponible para la persecución de quienes vienen liderando procesos de defensa en sus territorios, sino que evidencia la falta de garantías por parte del procurador delegado. Se trata de un escenario que, sumado a las amenazas, asesinatos sistemáticos y agresiones pone en evidencia la grave situación de seguridad que viven al día de hoy nuestros defensores y líderes. Tanto así que ya son 445 los líderes que ha solicitado al CIDH medidas cautelares para su protección3. Esto contrasta tristemente con nuestra legislación, especialmente cuando el Estado Colombiano se encuentra en el deber de:

(…) proteger de manera especial a las personas que se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo de sufrir daños contra su vida, integridad, libertad y seguridad personal o en razón al ejercicio de su cargo y adelantar las funciones relacionadas para la ejecución de planes, programas, proyectos, acciones y estrategias orientadas para tal fin4.”

Es evidente que pese a la amplia legislación con la que cuenta el Estado para proteger a quienes desarrollan la labor de defensa de derechos humanos, derechos territoriales y liderazgo social, en la práctica, estamos viviendo un permanente estado de cosas inconstitucionales que nos obliga a recurrir ante las cortes internacionales y solicitar la protección inmediata a la vida, integridad y libertad. Y es que existen múltiples instrumentos legales que el Estado, al parecer y a la luz de la presente situación, gravemente ignora:

-Sentencia T-590 de 1998 (Corte Constitucional) expresó la protección a defensores de derechos humanos.
-Decreto 978 de 2000: creó el programa de protección a militantes y dirigentes políticos de oposición.

-Decreto 1592 de 2000: instauró el programa de protección a periodistas y comunicadores
-Decreto 1386 de 2002 creó el programa de protección a alcaldes, concejales y personeros.

-Decreto 2788 de 2003 conformó el programa de protección a personas y grupos en situación de riesgo por causas políticas.
-Directiva Presidencial 011 emitida en el gobierno del presidente Ernesto Samper sobre la protección a grupos de la sociedad civil que adelantan tareas encaminadas a la promoción y protección de los derechos humanos.

-Directiva Presidencial 07 de 1999 sobre la protección a organizaciones de derechos humanos.
-Directiva Ministerial 09 de 2003 sobre protección a sindicalistas y defensores de derechos humanos.

-Sentencia T-558 de 2003, afirmó la obligatoriedad del cumplimiento por parte del Estado colombiano de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
-Sentencia T-327 de 2004 (Corte Constitucional), ratifica la obligatoriedad del cumplimiento del Estado colombiano de las medidas provisionales de protección emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

3. Informe noticioso ADNE e de mayo de 2018 4, Decreto 4065 de 2011.

Las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos del sur occidente de Colombia rechazamos y denunciamos la persecución y trato inhumano que están soportando nuestros líderes.

Solicitamos al gobierno colombiano, los organismos de investigación y control del Estado Colombiano:

  1. Respetar los derechos y garantías derivados de la libertad personal y el debido proceso por parte de la Fiscalía General de la Nación.
  2. Demandamos que el Fiscal General de la Nación garantice los derechos de las personas privadas de la libertad, en consecuencia revise de manera exhaustiva, veraz y honesta las acusaciones y pruebas contra las personas que en este momento se encuentran detenidas en la cárcel de máxima seguridad de Jamundí, contra quienes la Fiscalía no tiene ninguna prueba razonable que justifique su detención en ese lugar.
  3. Aplicar los estándares internacionales de protección a los derechos a la vida, a la libertad y a la libre expresión y participación en la construcción de un proceso de paz participativo.
  4. Abstenerse de la utilización de informes de inteligencia, testigos falsos, pagados o reinsertados que tengan ánimo vindicativo y les sean ofrecidos beneficios, como cambio de identidad, rebaja de penas o salida del país.
  5. Liberar a los líderes sociales y defensores de derechos humanos detenidos, buscando la revisión de los procesos penales para corregir los errores judiciales y durante el tiempo que dure esta revisión de los procesos, garantizar condiciones de dignidad y respeto al enfoque étnico y de género.
  6. Exigimos se ratifique y confirme la presencia de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y de su nuevo representante ALBERTO BRUNORI; de tal manera que pueda ser garante en todo este proceso de investigación, persecución a líderes sociales y defensores de Derechos Humanos; existe la necesidad imperante de contar con una acreditación que permita la aplicación del mandato integral de la oficina, el cual se ve afectado con la acreditación temporal.
  7. Hacemos un especial llamado a la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para que revisen el procedimiento y tomen las medidas necesarias.
  8. Finalmente llamamos a la comunidad nacional e internacional a acompañar, respaldar Y apoyar estas solicitudes y demandar de manera urgente garantías para la vida y para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos

Organizaciones Firmantes

1. ASOCIACION PARA LA INVESTIGACION Y ACCION SOCIAL NOMADESC

2. UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LOS PUEBLOS

3. MOVIMIENTO DE VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO – VALLE DEL CAUCA

4. SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS UNIVERSITARIOS DE COLOMBIASINTRAUNICOL -SUBDIRECTIVA CALI

5. CORPORACIÓN PERIFERIA

6. COORDINADOR NACIONAL AGRARIO- CNA

7. PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS – PCN

8. CORPORACIÓN SEMBRAR

9. FEDEAGROMISBOL

10. MOVIMIENTO POLÍTICO DE MASAS SOCIAL Y POPULAR DEL CENTRO ORIENTE DE COLOMBIA (MPMSPCOC)

11. DH COLOMBIA

12. CONGRESO DE LOS PUEBLOS

13. PODER Y UNIDAD POPULAR

14. ASOCIACIÓN MINGA

15. RED UNIVERSITARIA POR LA PAZ -REDUNIPAZ_NODO CENTRO.

16. ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS Y COMUNIDADES SIN TIERRA DEL CESAR

17. FUNDACIÓN DE VICTIMAS DEL CESAR

18. FUNDACIÓN MANOS UNIDAS DE COLOMBIA.

19. FUNDACIÓN COLOMBIA PROFUNDA.

20. ASOCIACIÓN TIERRAS NUEVAS CON DIGNIDAD.

21. COLECTIVO DE MUJERES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y VIDA DIGNA

22. FUNDACIÓN COLORES

23. CENTRO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL Y ASUNTOS POLÍTICOS – CISAP

24. ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y CAMPESINA DE CAMPERUCHO.

25. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA GUITARRA

26. RED POPULAR CAMINANDO LA PALABRA

27. CORPORACIÓN COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS JESÚS MARÍA VALLE JARAMILLO

28. CORPORACIÓN VOLVER

29. VEREDA EL SILENCIO

30. ASOCIACIÓN DE MUJERES TRANS

31. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER CAMPESINA Y URBANA ASODEMCUR

32. COLECTIVO AMBIENTAL LA TOTUMA

33. ASOCIACIÓN MARIPOSAS VERDE

34. COMITÉ SINDICAL CLASISTA DEL CORREDOR MINERO

35. COMITÉ INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE CODAZZI

36. ASOCIACIÓN RAÍCES AFRO

37. ONG COLOMBIA INTERNACIONAL DE DESPLAZADOS

38. ASOCIACIÓN DE MUJERES ARTESANAS

39. CENTRO COMUMINATARIO DE LA COLINA- CECUCOL

40. COOPERATIVA CAMPESINA DE CHICORALITO

41. ASOAGROS

42. ASOJACINTO

43. ASOKINCHAS INTERÉTNICAS

44. RED DE LUGARES DE MEMORIA- NODO SUR

45. ASIEVA-ASOCIACIÓN SINDICAL DE EDUCADORES DEL VALLE DEL CAUCA

46. COMISIÓN DE INTERLOCUCIÓN DEL SUR DE BOLÍVAR CENTRO Y SUR DEL CÉSAR CISBCSC 47. FUNDACIÓN GUAGUA

48. AMAFROCOL

49. ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS EN VÍA DE EXTINCIÓN – ASCAVEX.

50. ASOCIACIÓN AGROMINERA DE AMALFI – ASAGRAMA

51. LA PIEDRA EN EL ZAPATO

52. ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA SERRANÍA DEL ALTO DEL NUDO, DOSQUEBRADAS, RISARALDA.

53. ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA MARCADA, DOSQUEBRADAS, RISARALDA.

54. CORPORACIÓN COMUNALES DE COLOMBIA

55. FEDERACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL DE BOLÍVAR

56. EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS

57. CONFLUENCIA DE MUJERES PARA LA ACCIÓN PÚBLICA

58. GRITO DE BRUJAS COLECTIVO

59. ASOCIACIÓN CAMPESINA DE PUERTO ASIS

60. CABILDO MAYOR INDÍGENA DEL CAÑÓN RIO PEPITAS

61. COMITÉ DE MUJERES CORTERAS DE LA CAÑA,

62. MUJERES Y HOMBRES DE TRIANA

63. SUNMCOL

64. ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL HUILA

65. SINDICATO DE TRABAJADORES POR LA EDUCACIÓN Y LA PAZ- SINDEPAZ

66. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR SOCIAL

67. LA FUNDACIÓN TIERRA CALIENTE

68. PUP – VALLE

69. TEJUNTAS – CALI

70. REC IDENTIDAD ESTUDIANTIL

71. LUNA ROJA

72. IAPES OFB

73. ZONA PÚBLICA

74. CONSTRUYENDO SUEÑOS DE CIUDAD

75. COMITÉ DE PARO CÍVICO PARA VIVIR EN PAZ Y CON DIGNIDAD EN EL TERRITORIO DE BUENAVENTURA

76. CORPORACION CLARETIANA NORMAN PEREZ BELLO

77. ORGANIZACIÓN REGIONAL INDÍGENA DEL VALLE DEL CAUCA – ORIVAC

78. COMUNIDAD DE SAMANIEGO – NARIÑO

79. TEJUNTAS TEJIDO JUVENIL

80. MOVIMIENTO DE VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO CAPITULO NARIÑO

81. CORPORACIÓN ÁGORA CLUB

82. COLECTIVO RAICES AMARILLAS UP NARIÑO

83. ASOCIACIÓN ADIV

84. ASOCIACION MUJERES UNIDAS DEFENDAMOS NUESTROS DH

85. ASOCIACION COLECTIVO BACHUE

86. MUJERES KARIBE, NATURALEZA Y AMBIENTE

87. ASOCIACIÓN DE FAMILIAS AGROMINERA DEL SUR DE BOLÍVAR Y ANTIOQUIA – AFASBA 88. ASOCIACIÓN AGROMINERA DEL SUR DE BOLÍVAR – ASAMISSUR

89. COMITÉ DE INTEGRACIÓN AGROMINERA DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO – CIANA

90. ASOCIACIÓN AGROMINERA DEL BAJO CAUCA – ASOAGROMICAUCA

91. ATRIO DE LOS GENTILES – CARTAGENA.

92. SANTUARIO DE SAN PEDRO CLAVER – CARTAGENA

93. SHOW RACISM THE RED CARD

94. CORPORACIÓN JÚRIDICA HUMANIDAD VIGENTE

95. CISCA – COMITÉ DE INTEGRACION SOCIAL DEL CATARINO

96. AFAVIT

97. RED PROYECTO SUR

98. RED DE HERMANDAD (REDHER)

99. SENADOR ALEXANDER LOPEZ MAYA

100. RED PODEMOS

101. SENADOR ALIRIO URIBE MUÑOZ.

102. CONGRESO DE LOS PUEBLOS CAPITULO – LONDRES

103. UNISON NORTHERN – INGLATERRA

104. COMITÉ CARLOS FONSECA DE ROMA, ITALIA

105. ASOCIACIÓN PUEBLO Y DIGNIDAD DE ASTURIAS ESPAÑA

106. MOVIMIENTO JAGUAR DESPIERTO LONDRES.

107. WAR ON WANT

108. ELKARTEA – PAIS VAZCO

109. COLECTIVO SAYA – BRUSELAS – SOLIDARIDAD

110. PAZ CON DIGNIDAD

Various Authors - مؤلفين مختلفين - Auteurs divers- AAVV-d.a

Editado por María Piedad Ossaba

Fuente Nomadesc, 8 de mayo de 2018

Lea en La Pluma:

Alerta: En Colombia, una nueva pacificación disfrazada de paz



Palabras clave:Proceso de paz  asesinatos selectivos  persecución  criminalización detenciones masivas y arbitrarias  Organizaciones sociales  defensores de DDHH  vulneración masiva  sistemática  permanente  derecho a la libertad  detenidos  atropellos  debido proceso  dignidad humana  

Actualizado ( Viernes, 25 de Mayo de 2018 02:27 )  

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