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Voces por Colombia: Revista Insurrección N°547, septiembre 2016

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Voces por ColombiaBisGabino habla de zonas de concentración, plebiscito, y del acuerdo con las FARC

Exclusivo Red + Noticias. Gabino, el jefe máximo del ELN, le pide al presidente Santos no cerrar la puerta de negociación, la cual está estancada desde hace cuatro meses.


Red Más Noticias

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El Círculo Vicioso de la Violencia

La historia tiende a ser circular, y son más las veces que se repite como tragedia que como comedia.

“2016: Año de la Paz”. Así lo ha pregonado a los cuatro vientos el gobierno colombiano. Suena tan esperanzadora la consigna, que llega a parecerse a un decreto.

El 29 de agosto de 2016, Colombia despierta con dos noticias que marcan el signo del momento político que vivimos. La primera, la declaración del inicio formal de la tregua definitiva entre el gobierno y las FARC. La segunda, la noticia del asesinato de tres ambientalistas en el Cauca y de cuatro indígenas del pueblo Awá en Nariño. Pocos días después, mientras dormía, una pareja fue incinerada dentro de su casa, por hombres armados vestidos de negro. El 8 de septiembre, fue asesinada Cecilia Coicue, lideresa de Marcha Patriótica, en Corinto Cauca.

Si a éstas muertes les sumamos los 36 defensores de Derechos Humano, al 13 de septiembre llegan a 51 los líderes asesinados en lo que va del 2016, y más de 116 activistas de la Marcha Patriótica asesinados en el transcurso de los últimos dos años, así se compone el cuadro del momento que vivimos. Hasta le podríamos dar un título: “Tregua con la guerrilla y guerra encubierta contra el pueblo.”

No es la primera vez que esto sucede en la larga y complicada historia de la guerra de nuestro país.

Corría el año 1984, y, al igual que el presente, fue decretado por el gobierno de Belisario Betancourt, como “El Año de la Paz”. Había una tregua con el M-19 y las FARC, en dos procesos de negociación que se desarrollaban paralelamente. Y fue justamente en medio de esa tregua con la insurgencia que se disparó la violencia política contra los movimientos sociales y campesinos de la época.

En enero de 1984, 100 unidades de la Policía Nacional, acompañados por destacamentos del Batallón Pichincha, desalojaron violentamente a 150 familias indígenas y de afrodescendientes que ocupaban la finca de Lopez-Adentro en el Cauca. El saldo trágico fue de 4 muertos, 43 heridos y la detención arbitraria de otros 42. Luego, en noviembre de ese mismo año fue asesinado en Santander de Quilichao, el padre Álvaro Ulcué Chocué, primer sacerdote indígena de Colombia, fundador de la "teología indígena", y luchador por el derecho a la tierra y la autonomía de los pueblos indios. Dos agentes del F2, quienes habían sido contratados por un terrateniente de la región, fueron los responsables. El crimen, como tantos otros cometidos contra campesinos e indígenas en 1984, quedó impune. En respuesta, el Comando Armado Quintín Lame se tomó por asalto al Ingenio Castilla en noviembre y ejecutaron la toma armada de Santander de Quilichao, en enero 1985.

La contrarrevolución preventiva

La contrarrevolución en Colombia siempre ha tenido un carácter preventivo. Desde mucho antes de la Revolución Cubana, de la Guerra Fría, incluso mucho antes que existieran las guerrillas en Colombia se ha perseguido las luchas sociales. La oligarquía colombiana toma muy a pecho el viejo refrán que reza que es mejor prevenir que curar. No sólo se atacan a los movimientos porque presentan amenazas a los intereses de las élites del país hoy, sino también porque podrían hacerlo mañana.

A la clase dirigente de Colombia la caracterizan dos cosas: la primera es su singular mezquindad, dispuesta a hacer todo lo posible para no tener que ceder en sus privilegios, para evitar cualquier tipo de reforma, para no tener que compartir ni la riqueza ni el poder. En todos los países de América Latina han habido revoluciones que han modificado la composición de las clases dominantes, menos en Colombia, donde nunca se ha dado una ruptura oligárquica. En más de 200 años de vida republicana, ha sido la misma casta, con la misma sangre, que ha dominado el país.

La mezquindad de las élites se evidencia como nunca con las famosas “líneas rojas” intocables, que impone en las negociaciones con la FARC. No se puede tocar ni el modelo económico, ni el régimen político, ni las fuerzas armadas, ni el régimen de propiedad. Es decir, nada de lo que realmente vale la pena, de lo que realmente tiene que ver con los orígenes de nuestro conflicto social y armado.

La segunda característica de la clase dirigente es su predisposición casi fanática por recurrir a la violencia, para sostener su ignominiosa dominación. La oligarquía ha recurrido al uso de la fuerza y las armas (de forma abierta y encubierta, legal e ilegal, militar y paramilitar), para sostenerse en el centro del poder y el privilegio.

Ha creado un ejército del desproporcionado tamaño de casi medio millón de efectivos, y auspiciado los infames ejércitos paramilitares para que siembren terror desde las sombras. ¿La justificación? Primero fueron los liberales, luego los comunistas, seguido por los guerrilleros, luego vino el terrorismo, el narcotráfico, los indios, los negros, los estudiantes, los sindicalistas, los periodistas, los ambientalistas, los defensores de Derechos Humanos. En fin, la violencia de la oligarquía es despiadada y tiene su sello de clase.

Pero las anteriores justificaciones para la violencia son pretextos. La verdadera razón detrás de tanta muerte es que la violencia ha sido la forma predilecta de acumular poder y riqueza, de dominar a las personas y los territorios, de sostener su ostentoso imperio. Una mirada pausada y detenida de la historia de Colombia demuestra que donde quiera que hubo posibilidad de ganancia, donde quiera que hubo riqueza, hubo guerra. Trátese de oro, caucho, petróleo, carbón, esmeraldas, banano, palma aceitera o coca. Guerra y acumulación van de la mano, y por eso le cuesta tanto a la clase dominante separar la violencia de la política.

¿Cómo se explica que, aún después de haber firmado la desaparición de las FARC, no existe plan alguno para reducir el tamaño o presupuesto del ejército de medio millón de soldados, o, lanzar al basurero de la historia la nefasta doctrina militar que considera como “enemigo interno” a toda expresión de oposición política? Y en vez de reducir las fuerzas armadas, se agrandan y se les asigna más presupuesto y se le ofrecen servicios a la OTAN, para matar a del pobres del Medio Oriente, Asia Central y el Norte de África, como si no le bastara con matar a los de Colombia y estar interviniendo en la desestabilización de los gobiernos vecinos.

Tregua para el pueblo

Las estadísticas de la guerra de Colombia son contundentes: quienes ponen la vasta mayoría de los muertos no son ni los combatientes de la guerrilla, ni los soldados del ejército nacional, sino el pueblo y las comunidades. Ha sido así durante todo el siglo XX.

La perversión de habilitar una tregua con la insurgencia, mientras se sostiene la guerra abierta y encubierta contra el movimiento social, desarmado, puede resultar incompresible para muchas sociedades y culturas del mundo. Pero eso hace parte de nuestra historia patria.

La trágica paradoja del conflicto colombiano es que el gobierno debería invertir su disposición a pactar treguas, pues si se decidiera a efectuar una tregua con la sociedad, la tregua con la guerrilla se daría con mayor facilidad.

Si realmente queremos la paz de Colombia, el gobierno debe empezar por decretar la tregua definitiva para el movimiento social. Así comenzamos a sacar la violencia de la política.

Andrés Vásquez, Equipo de Paz del ELN

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La Salud en Colombia: Una Enferma Terminal    

Las quiebras de las Empresas Promotoras de Salud (EPS)

Luego de casi cuatro años de una Fiscalía haciéndose la ciega, sorda y muda, por fin se empieza a mover la investigación en contra de Carlos Palacino (quien disfruta de su botín en Estados Unidos), por la quiebra de la EPS Salucoop y el robo de recursos y la apropiación de más de 1,4 billones de pesos. Es claro que el exfiscal Montealegre se hizo el pendejo, porque no podía ser juez y parte de esos delitos.

Sin embargo los problemas del sector salud son mucho más graves, tanto en el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, como en la concepción de ésta como servicio que genera ganancias y no como un derecho fundamental de los colombianos.

El robo y despilfarro a las arcas públicas en Salucoop no se frenó con la interventoría por parte de la Superintendencia de Salud, en cabeza de Guillermo Grosso, quien al llegar a Saluccop disparó el derroche de recursos en gastos suntuarios, beneficios personales y familiares, ostentosas parrandas, desvíos de dineros y nóminas paralelas. Así, la cura resultó peor que la enfermedad.

Cuando se liquida a Salucoop, miles de empleados sin responsabilidad alguna en la corrupción fueron despedidos sin siquiera recibir su último sueldo, mientras que a los funcionarios administrativos cercanos a su círculo directivo se hicieron merecedores a cuantiosas indemnizaciones.

La atención de los 5,3 millones de afiliados de Salucoop, se traspasó a Cafesalud, que sólo atendía a 1,2 millones de afiliados. Ese traslado se hizo sin aumentar la infraestructura ni las nóminas. Por tanto, si antes la atención era muy deficiente, ahora es un completo caos, tanto que se convierte en masacre.

El problema es que la desatención en salud es un crimen, porque la gente se muere, por la irresponsabilidad de los empresarios inescrupulosos y del Estado que cohonesta con esos negociados. Mientras los pícaros se enriquecen, al pueblo trabajador lo siguen matando en las puertas de las clínicas, al aplicarle el paseo de la muerte.

Con el mayor descaro, Guillermo Grosso pasó de ser el interventor de Salucoop a presidente de Cafesalud, llevando consigo a sus más cercanos compinches y toda la cadena de acciones delictivas. Esto contó con la venia de altos funcionarios y políticos entre ellos el Ministro de Salud Alejandro Gaviria, el súper intendente de salud Norman Julio Muñoz y el senador de la U Roy Barreras.

Ante la incapacidad de Cafesalud para responder por sus obligaciones, ahora se plantea liquidarla, sin brindar ningún tipo de alternativa a los 6,5 millones de usuarios ni al resto del agonizante pueblo.

¿Cuándo será que la parapléjica justicia alcanzará a estos criminales que trafican con la salud?

La privatización de la salud

El invento de las EPS fue uno de los tantos golpes asestados al país por parte del senador Álvaro Uribe Vélez; con la vergonzosa ley 100 de 1993. Con la excusa de pretender mejorar el funcionamiento, calidad y atención de los establecimientos médicos públicos, se entregó la salud de los colombianos a las manos privadas, quebrando los hospitales públicos. En los gobiernos de Álvaro Uribe, la salud quedó en manos de testaferros de los narcoparamilitares.

El Estado se limitó a consignar los aportes económicos por cada ciudadano afiliado, a los establecimientos privados, sin ningún seguimiento ni control a la atención prestada.

De esta manera las EPS se convirtieron en una captadora de recursos con millones de afiliados, pero sin que los multimillonarios aportes se vieran reflejados en la atención, calidad de los tratamientos o acceso a los medicamentos.

La salud se convirtió en un negocio muy rentable, que concentra una cartera de servicios de cerca de 14 billones de pesos, el doble de Isagen. Pese a que hoy la Superintencia Nacional de Salud ordenó medida de vigilancia especial a otras 13 EPS, la corrupción es sólo una, de las más graves enfermedades de la salud colombiana.

Es la visión neoliberal, que elimina la responsabilidad del Estado para garantizarle a las y los colombianos todos los derechos fundamentales como la salud, y, la convierte en un servicio con fines de lucro. Así, la salud queda en estado terminal.

El gobierno de Santos sancionó la Ley Estatutaria de la Salud en febrero de 2015, con grandes promesas de cambio estructural en el derecho a la salud. Pero luego de un año largo esto no fue más que un anuncio rimbombante sin efectos reales.

El POS (Plan Obligatorio de Salud) sigue siendo la excusa perfecta de los empresarios para maximizar sus ganancias a causa de la muerte de los colombianos, ya que los tratamientos interrumpidos, el ibuprofeno como receta mágica ante cualquier enfermedad, la demora en los tiempos de atención y citas médicas, el paseo de la muerte, la restricción en los medicamentos y sus altos costos siguen siendo el diario morir de los afiliados a las EPS.

Ante este crítico panorama no queda más que la resistencia y la organización popular, no sólo de los trabajadores del sector salud, sino de todo el pueblo. Es el momento de inundar las calles, con la indignación de todos los colombianos, para frenar la muerte por la codicia de unos pocos y exigir la salud como derecho fundamental.

Gabriel Antonio Gaitán

Revista Insurrección N° 547, Septiembre 2016

Fuente : Voces por Colombia, septiembre de 2016

Lea en La Pluma:

Denuncia pública: continúan asesinatos de dirigentes populares en Colombia

Especial: FARC-EP: X Conferencia Nacional Guerrillera

Especial #« ¡Por la PAZ, hasta la última gota de nuestros sueños! »





 

 

 

 

 

 


Palabras clave:ELN  Zonas de concentración  plebiscito  acurdo FARC-EP  violación de DDHH  violencia  asesinatos selectivos  circulo vicioso  proceso de Paz  Paz con Justicia Social  

Actualizado ( Martes, 20 de Septiembre de 2016 20:14 )  

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