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14 diciembre 2017 - 02:36
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La diáspora Colombiana necesita ser sujeto de derechos

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Congreso de los pueblos2Bis2 de diciembre: Debate de control en el Parlamento colombiano

El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible,
mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política

Simón Bolívar ante el Congreso de Angosturas

La decisión de un grupo de parlamentarios liderados por el Polo Democrático de hacer un debate de control sobre el abandono en el que el Estado colombiano tiene sometida a la diáspora colombiana reviste gran importancia porque sirve para que el país conozca a ese sector de víctimas. Se refuerza además el proceso de empoderamiento de la población migrada – voluntaria o no - y de construcción de un nosotras y nosotros colectivos que se viene impulsando desde sectores y lugares muy diversos tanto en el exterior como en Colombia con las personas retornadas. Hacer de la migración sujeto de derechos exige incluir su realidad y sus problemáticas en los temas a tratar en las relaciones internacionales del Estado colombiano y otorgarle derechos y reconocimientos en la vida social, política y económica del país y en las de las sociedades de acogida. El proceso de paz con las insurgencias y espacios como la Mesa Social para la paz y las actividades que se vienen impulsando desde el Foro Internacional de Víctimas constituyen también escenarios propicios para trabajar el “derecho a tener derechos” consuetudinariamente negados a este grupo social.

En el principio la exclusión, la inequidad y el mal gobierno

Las cifras más conservadoras sobre la migración colombiana hablan de más de 6 millones de personas dispersas por todo el mundo. Esa migración - que equivale a la población de Cali, Medellín y Barranquilla juntas o a la de Estados como Noruega o Dinamarca - ha sido forzada a salir o a huir del país por las mismas causas que originan el conflicto en Colombia, o sea la pobreza, la exclusión, la falta de oportunidades en salud, educación, vivienda o la violencia. Aunque a muchas de ellas se les identifica como migrantes económicos, la realidad es que se trata en la mayoría de los casos de víctimas, directas o indirectas, del Estado y de la estructura social colombiana. A esa diáspora, que está dispersa por todo el mundo, quienes han gobernado Colombia han sido incapaces de brindarles la seguridad humana que necesitaban para vivir dignamente en el país y ante sus demandas esas mismas autoridades han recurrido en muchas ocasiones a la violación de sus derechos humanos.

Una prueba fehaciente de esta situación se presenta cuando analizamos las cifras de la migración y del refugio en Colombia que confirman que el desplazamiento y el destierro de esas personas se acentuaron durante los gobierno de Pastrana y de Uribe y durante los primeros años del gobierno de Juan Manuel Santos1. En esos años la violencia estructural agenciada muchas veces desde el Estado al imponer el modelo neoliberal – extractivista y privatizador – les despojó de la tierra, les dejó sin empleo o sin el sustento básico. Hay que tener en cuenta además que en estos periodos presidenciales “florecieron” en Colombia las desapariciones forzadas, las masacres de fuerzas paraestatales, los falsos positivos y el asesinato de líderes populares. Se criminalizó también la protesta social y se encarceló a la oposición política aumentando con ello el terror y la desesperanza2.

En el último lustro las cifras de migrantes se estabilizaron, no tanto porque la situación de Colombia cambiara radicalmente animando a la gente a quedarse, sino porque los y las refugiadas de todas las categorías dejaron de salir porque cambió drásticamente la situación económica en algunos países de destino (España, Inglaterra, Venezuela o los Estados del norte industrializado) dificultando la consecución de un empleo o de residencia. A estos hechos hay que agregar que ante el flujo de migrantes provenientes de países en guerra en el Norte de África, en Europa del Este y en el Medio Oriente se han endurecido las leyes de migración y asilo, han aumentado la xenofobia, incluso la institucional y se ha abaratado el costo de una mano de obra extranjera sometida por el miedo y la falta de una asistencia social que les garantice unos mínimos de sobrevivencia. La ilegalización de los y las migrantes y los procesos que les niegan los permisos de residencia y trabajo forzándolos a la clandestinidad convierten a personas trabajadoras y/o necesitadas de protección en criminales. Esas personas migradas y sometidas a los vaivenes de la economía informal, a la precariedad o a la negación de un status que reconozca su condición de trabajadores son sometidas por el sistema capitalista a mecanismos de control y de represión que les convierte en el ejercito de reserva a través del cual se reducen los costos de producción de mercancías y de prestación de servicios a las personas, tan necesarios para permitir que sectores amplios de la población puedan conciliar vida familiar y profesional o hacer frente al cuidado de las personas mayores, enfermas o de la población infantil.3

La invisibilidad relativa de la diáspora colombiana

La migración colombiana está muy presente en la vida económica del país porque cada año las remesas giradas alcanzan casi los 5 mil millones de dólares convirtiéndose en un pilar escondido del desarrollo del sistema capitalista y de la estabilidad social al permitir a muchas familias cubrir sus necesidades básicas. A través de impuestos como el 4 por mil y de las tasas que se pagan por los giros de dinero la diáspora genera flujos financieros que le sirven al Estado y a las compañías privadas para financiar la guerra, alimentar la burocracia y aumentar las ganancias tanto de las empresas del sector bancario como de los sectores de la construcción, la industria o el consumo.

Sin embargo en lo que tiene que ver con sus derechos y con el reconocimiento de su rol social la migración sigue estando ignorada por el Estado y el conjunto de fuerzas sociales y políticas, incluida la izquierda, que tienen una mirada distorsionada de la realidad de quienes viven en el exterior porque siguen pesando los estereotipos creados sobre lo que significa migrar y vivir en el extranjero.

El Estado colombiano no tiene - y pareciera no interesarle - establecer políticas públicas pensadas en función del bienestar y los intereses de las personas migrantes, refugiadas, adoptadas, retornadas o de sus familias. En el exterior la institucionalidad colombiana promueve un patrioterismo fácil, acompañado de la retórica propia que acompaña sus planes de desarrollo. En materia de condiciones de trabajo, permisos de residencia, programas a las familias o protección de riesgos como la vejez, la invalidez o los accidentes, sus propuestas, o son limitadas o no las cumple. A la diáspora colombiana se le sigue tratando como clientela potencial a ofrecer a la empresa privada. Si antes, con sus políticas sociales, económicas y de seguridad el Estado causó por acción u omisión la salida de esas personas, ahora las ve como fuente de ingresos a vender a las multinacionales y a la banca. En programas como “Colombia nos une”, que ha sido el adalid de su política hacia quienes residen en el exterior, se repitieron las estrategias neoliberales de privatización y de explotación de la fuerza de trabajo que hacen que sea el mercado, y en él las empresa privadas, quienes se encarguen de las ofertas de servicios básicos como la educación, la vivienda o la seguridad social.

Vivienda y jubilación: ejemplos paradigmáticos de la demisión del Estado

En materia pensional por ejemplo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y el Instituto de Seguros Sociales ISS crearon el programa "Colombiano Seguro en el Exterior" que permite a las personas migradas cotizar para alcanzar una pensión en el país. El convenio, firmado en 2006 entre el ISS y la empresa Giros y Finanzas S.A., representante legal de Western Union en Colombia no constituye realmente una alternativa porque obliga en la práctica a una doble cotización en Colombia y en la sociedad de acogida. Esta doble cotización se podría evitar si hubieran acuerdos bilaterales o multilaterales entre los Estados que garantizaran el acceso a los derechos y la validez de los mismos en Colombia sin las restricciones que lleven a la pérdida de recursos y oportunidades.

En el tema de las pensiones es necesario que haya una mejor difusión de lo ya acordado con algunos países latinoamericanos porque de lo contrario los acuerdos quedaran reducidos a letra muerta. En el 2005 el gobierno colombiano firmó el Convenio Multilateral Iberoamericano de seguridad social que incluye el tema de pensiones, sin embargo y a diferencia de Ecuador, Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, España, Paraguay y Uruguay no se ha realizado la refrendación del mismo con lo que su aplicabilidad es nula.

Sobre los programas relacionados con la adquisición de vivienda en Colombia están las llamadas “Ferias inmobiliarias” o “Mi Casa con remesas” en las que sin una visión social que favorezca a las familias actúan los operadores inmobiliarios y las instituciones financieras privadas.

Ante estos hechos personas migrantes vinculadas a diversos colectivos, entre los que se destacan el Foro Internacional de Víctimas, las Casas de los Pueblos agenciadas en América Latina por el Congreso de los pueblos y otras organizaciones y partidos han venido promoviendo otra visión de la migración que trabaja para aportar al proceso de paz, para que se reconozcan los derechos políticos, sociales y colectivos de la diáspora y se legisle en su favor. Se busca con estos procesos de auto (reconocimiento) crear alternativas que permitan que sean los y las migrantes en tanto que sujetos y sujetas políticas y sociales quienes las construyan desde sus particularidades de género, generación y razones por las cuales han salido del país.

Desafíos a tener en cuenta

En la lucha por obtener derechos que garanticen una vida digna se debe abrir con el conjunto de las fuerzas progresistas una interlocución con el Estado colombiano, con los Estados de recepción de la migración y con las respectivas sociedades que permitan obtener modificaciones legislativas e institucionales y generar prácticas sociales que así lo permitan. En Colombia adquiere un carácter prioritario el reconocimiento de la realidad social que viven los migrantes. Hacer frente a la invisibilización implica entre otras cosas modificaciones en las leyes 1448 de víctimas, la reglamentación de la ley 1465 por la cual se crea el Sistema Nacional de Migraciones, la refrendación del acuerdo iberoamericano sobre seguridad social, que incluye el tema de pensiones, y que se amplié la participación política en el Congreso de la Republica de la diáspora colombiana.

Reconocimiento como víctimas

Trabajar la memoria del conflicto constituye una exigencia para la diáspora colombiana. En el país no se han hecho muchos estudios y reflexiones que muestren de manera real la relación existente entre el conflicto que vive la sociedad colombiana, sus causas estructurales y la migración y el refugio de sus pobladores.

En lo referido a la ley 1448 urge además una redefinición del concepto de víctimas de manera que se incluyan no solo a las personas que están en el exterior por efectos directos de la persecución (refugiados y asilados) sino también entre otras a quienes como lo establece la declaración de Cartagena salieron por sentirse amenazadas en razón al contexto de violencia generalizada que les tocó vivir, por el conflicto armado interno, por las violaciones masivas a los derechos humanos o por cualquier otra circunstancia que haya perturbado gravemente el orden público4. En ese reconocimiento a las víctimas en el exterior, incluidas las trasfronterizas se impone el derecho a la verdad, la justicia, la reparación, la memoria y la no repetición.

Reglamentación de la ley 1465

En el año 2011, el Congreso Colombiano, aprobó la Ley 1465 del 29 de Junio del 2011 por la cual se crea el Sistema Nacional de Migraciones. El tiempo ha pasado y 4 años después el Gobierno Colombiano, en cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores, aún no ha expedido el decreto que la reglamenta. La realización del debate de control y una apropiación del proceso por parte de los diferentes colectivos que trabajan el tema de la migración es útil para que el Estado colombiano cumpla con sus funciones y establezca las bases para hacer frente a la realidad de las y los colombianos en el extranjero y de las personas en situación de retorno.

Una lista - no exhaustiva ni completa de temas a tratar – debe estar orientada a que a través de la reglamentación y organización del Sistema nacional de migraciones se abarquen temas como los derechos de las personas retornadas, la reforma constitucional necesaria para obtener una democrática y adecuada representación de la diáspora en el parlamento colombiano y asuntos como la (doble) nacionalidad, la validez y la homologación de diplomas y competencias de las personas migrantes.

En este proceso se debe dar una atención especial a las mujeres en el exterior ya que muchas veces son víctimas de la violencia machista, de la trata de personas con fines de explotación laboral o sexual o de tratos discriminatorios y degradantes en el mercado de trabajo. También se debe realizar un apoyo decidido a la situación de las personas adoptadas, facilitándoles la posibilidad a quienes lo deseen de encontrar a sus familiares y construir su memoria.

Desde el punto de vista humanitario los consulados y las embajadas deben estar atentos a apoyar decididamente el respeto al debido proceso para los colombianos presos en el exterior y ocuparse del caso de los enfermos terminales y de la repatriación de cadáveres de las personas cuyas familias no cuentan con los recursos para hacerlo.

En lo referido a las remesas y los impuestos que pagamos quienes vivimos en el exterior se propone destinar los beneficios financieros y tributarios a programas para las personas retornadas y familias que se quedaron en Colombia.

Derechos sociales, económicos, administrativos y de ciudadanía en Colombia y en las sociedades de acogida.

Las personas que migran lo hacen por razones de trabajo, para mejorar sus condiciones económicas y las de sus familias o simplemente para proteger su vida. Migrar para buena parte de ellas no es un fin en sí mismo sino la oportunidad de encontrar un trabajo decente o de formarse. Las políticas públicas del Estado colombiano las relaciones internacionales que este establece deben estar orientadas a facilitarlo.

Para concretar esos propósitos la diáspora debe trabajar con el conjunto de fuerzas progresistas para que a nivel internacional se firmen convenciones colectivas en materia laboral que garanticen salarios justos y se luche contra el dumpin salarial. Es también necesario firmar o hacer cumplir los acuerdos bilaterales y multilaterales entre Estados y con el sistema de Naciones Unidas que estén relacionados con el derecho a la movilidad como derecho fundamental, el acceso a la seguridad social y al trabajo sin ningún tipo de discriminaciones5. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares que entró en vigor en 1993 y que Colombia ratificó en 1995 y las recomendaciones de la OIT deben dejar de ser retorica barata y concretarse a través de instrumentos contrayentes.

La diáspora colombiana necesita que en materia de política exterior el gobierno colombiano llegue a acuerdos para que a la persona migrada colombiana se le reconozcan derechos que le permitan vivir con dignidad en el exterior. Algunos de esos acuerdos están relacionados con la asistencia y la seguridad social en temas como las pensiones, las rentas por accidentes o invalidez o el subsidio familiar como han hecho con los países europeos los gobiernos de Chile, Uruguay y para algunos casos Ecuador. Colombia ha firmado desde hace más de 100 años múltiples acuerdos, casi todos para beneficiar a las empresas como se puede observar con los tratados de libre comercio pero muy pocos para favorecer a la clase trabajadora que ha migrado6.

Ante la hostilidad, la xenofobia y el chovinismo reinante hay que hacer una presión muy fuerte desde diferentes sectores para que se otorguen permisos de trabajo y de residencia. Sin un permiso de residencia – que no una visa – la gente no va a poder acceder a un trabajo legal y a derechos. Además va a ser perseguida por las autoridades, explotada y víctimas de la xenofobia.

En el exterior son necesarias la solidaridad y la confluencia con otras poblaciones que luchan por el respeto a los derechos fundamentales y por alcanzar soluciones a problemas similares a todas las personas migrada. En el contexto en que vivimos la solidaridad de clase deja de ser una frase de cajón para convertirse en un factor determinante de la convivencia al interior de las sociedades. Esa solidaridad y esa lucha deben ir más allá de las fronteras nacionales para propender para que los derechos fundamentales a la vida, al trabajo, a decidir sobre aquellas cosas que nos incumben sean derechos universales que no están sometidos a exclusividades de algún tipo.

Finalmente es importante destacar que la diversidad de realidades en las que vive la diáspora colombiana exige un trabajo de orfebre para juntar experiencias y saberes en distintos campos. La diáspora colombiana debe ser sujeto de derechos y participar de los espacios en donde hoy se está trabajando para resolver el conflicto y definiendo el futuro del país. Solo si ella se empodera para participar con voz propia en tanto que personas migrantes, refugiadas, adoptadas o en situación de retorno y se constituye en sujeto político colectivo podrá posicionar su situación y sus intereses en las sociedades colombiana y de acogida. La diáspora debe hacer parte de las relaciones internacionales desde sus visones e intereses. Afirmarse como tal exige identificar cuáles son los elementos que le unen y convertirse en un factor de poder con incidencia en aquellos territorios en donde reside porque si bien algunas personas se plantean el retorno como un hecho real, otras, probablemente la mayoría, querrían estar en la capacidad de vivir una migración circular que les permita la posibilidad de moverse libremente y tener derechos que garanticen la dignidad y el respeto en donde ellas voluntariamente decidan residir.


Diego Gómez

Notas:

1. En Suiza hay una política de asilo muy restrictiva que establece cuotas. En consecuencia no hay muchas personas refugiadas colombianas. Según las estadísticas de la OFM la primera persona llegó en 1986, en 1997 se le otorgó el asilo a 26, en el 2000 a 49, en 2003 a 36 y en 2005 y 2011 a 40 personas. En Gómez D. (2013) L'insertion dans le monde du travail des réfugiés politiques colombiens en Suisse romande / Diego Alfonso Gomez. Travail de Diplôme, HES ; EESP ; TS, Lausanne, p.29 source: Bundesamt für Migration BFM. (2013). Statistikdienst Ausländer: Informations statistiques sur la population colombienne en Suisse. Bern-Wabern : OFM.

2. Para las personas que vivimos en el exterior nos resulta perverso que Pastrana o Uribe aparezcan en la frontera como abogados de los y las colombianas que huyeron porque fueron sus gobiernos quienes les obligaron a irse en nombre de la mal llamada seguridad democrática y de la protección de la confianza inversionista.

3. La doble moral de las políticas de los Estados del Norte industrializado hacia la población migrada es que se les declara “ilegales” pero se les emplea. La gestión de los flujos de migrantes a través de barreras físicas y legales y políticas policiales constituye el gran negocio de la xenofobia. Con bajos salarios y sin prestaciones sociales los y las migrantes del Sur suplen con su trabajo las deficiencias que en materia de infraestructura y de atención a las personas con algún tipo de vulnerabilidad en razón de la edad o de la enfermedad tienen las políticas de reducción del gasto público en el Norte industrializado. Un gran porcentaje de esa población ilegalizada para ser explotada son mujeres forzadas por la necesidad a separarse de su familia, que ante los bajos salarios y las dificultades que se les colocan para la reunificación familiar, se queda casi siempre en sus países de origen.

4. En Tacha, V. (2012). Refugiados y Ley de víctimas. Impactos de la Ley de Víctimas en la situación de las personas que se encuentran en necesidad de protección.

5. La OIT define la seguridad social como la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. En los Convenios de la OIT y en los instrumentos de la ONU se le define como un derecho fundamental. Sin embargo en la práctica no solo no se avanza en esa dirección si no que se pierden derechos como lo muestran todas las medidas que se toman por parte de los Estados en torno a la población migrante y a los sectores populares. En América Latina Simón Bolívar con su carácter visionario ya estipulaba en su discurso ante el Congreso de Angostura la importancia de la misma al advertir que "el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política.

6. Una lista detallada de esos acuerdos se puede encontrar en http://apw.cancilleria.gov.co/tratados/SitePages/index.aspx

Fuente: Congreso de los Pueblos, para La Pluma, Suiza, 2 de diciembre de 2015



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Actualizado ( Jueves, 03 de Diciembre de 2015 15:03 )  

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