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Los discursos de Oslo y el re-nacimiento de la política en Colombia

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A lo que aspiramos es que en Colombia podamos volver a la lucha de ideas que no es más que a la política entendida en el sentido clásico, donde las ideas políticas y las contradicciones ideológicas por más radicales que parezcan podamos tramitarlas por los medios, canales y espacios naturales.

De lo que se trata es de crear las condiciones para la lucha por el poder sin el recurso de las armas. ¿Será posible esta vez? ¿Qué se necesita para que sea real esta máxima aspiración? Que la sociedad no esté impedida o bloqueada como lo ha estado, una real apertura política donde al adversario no se le siga viendo como el enemigo a ser vencido literalmente en la guerra, legal o ilegal como la que hemos vivido por décadas, sino en una libre y democrática disputa de proyectos políticos entre iguales. Para nadie es un secreto que la sociedad colombiana no ha estado ni preparada, ni abierta para ese nuevo desafío que debería ser la máxima aspiración política de la ciudadanía con los diálogos por la Paz que se iniciaron. Es en ese sentido que debemos entender los discursos de Oslo que abrieron públicamente el debate entre dos posiciones políticas e ideológicas históricamente antagónicas.

 

1. Algo de contexto histórico: lo radical no elimina lo político, por el contrario lo exalta

Aún ante las peores derrotas políticas y militares Bolívar mantuvo siempre en alto la lucha por la independencia y por la Confederación (unión de repúblicas hispanoamericanas). El Manifiesto de Cartagena del 15 de diciembre de 1812 fue el primer documento político donde analiza en detalle y profundidad las causas que llevaron a la destrucción y reconquista de la primera República liberada (Venezuela) del dominio español, tras ser derrotado y perder la estratégica guarnición militar de Puerto Cabello a manos de los españoles, luego de la traición de uno de sus hombres. Esta significativa pérdida, llevó a la humillante capitulación de Francisco Miranda ante el jefe realista Domingo Monteverde, el 25 de julio de 1812. ¿Cómo era posible que Bolívar, el hasta hace pocos meses derrotado de Puerto Cabello, escribiera ese manifiesto bajo las circunstancias en que se encontraba?

A pesar de dicho golpe, una vez obtuvo el apoyo de los neogranadinos como el presidente del estado de la rebelde Cartagena, Rodríguez Tórice, emprendió una contundente, rápida y exitosa campaña militar en 17 días aplicando nuevas tácticas de guerra a partir de Barranca liberando todas las provincias del Magdalena y recuperando la comunicación entre los tres estados granadinos. 

El fragor y la intensificación de la guerra por la Independencia llevó al paroxismo de la muerte al ejército realista comandado por Domingo Monteverde en Venezuela, al punto que un oficial español llegó a decir sobre el exterminio masivo de los americanos: “La plaga que se extiende entre ellos (los patriotas) es así extirpada, y el ejército (realista) no necesitará perder más tiempo en inspecciones”. La respuesta a éste implacable exterminio se dio el 15 de Julio de 1813 con el Decreto de La Guerra a Muerte proclamado por Bolívar y fijado en la plaza de Trujillo (Venezuela). “Tocados de vuestros infortunios, no hemos podido ver con indiferencia las aflicciones que os hacían experimentar los bárbaros españoles, que os han aniquilado con la rabia y os han destruido con la muerte; que han violado los derechos sagrados de las gentes; que han infringido las capitulaciones y los tratados más solemnes; y, en fin, han cometido todos los crímenes, reduciendo la república de Venezuela a la más espantosa desolación. Así, pues, la justicia exige la vindicta, y la necesidad nos obliga a tomarla. Que desaparezcan para siempre del suelo colombiano los monstruos que lo infectan y han cubierto de sangre; que su escarmiento sea igual a la enormidad de su perfidia, para lavar de este modo la mancha de nuestra ignominia y mostrar a las naciones del universo que no se ofende impunemente a los hijos de América.” Y termina el Decreto con esta insoslayable sentencia de muerte y alabanza de la vida: “Españoles y canarios, contad con la muerte, aún siendo indiferentes, si no obráis activamente en obsequio de la libertad de América. Americanos, contad con la vida, aún cuando seáis culpables”. 

Sin embargo, es en La Carta de Jamaica, (6 de septiembre de 1815) gran documento analítico escrito nuevamente bajo trágicas circunstancias mientras huía para salvar su vida de las fuerzas realistas y de enemigos y cuando la Revolución de Independencia parecía perdida, donde describe lúcidamente desde una reflexión proyectiva el porvenir de los embriones de repúblicas que se explayarían por todo el continente. La carta sintetiza el conocimiento filosófico, sociológico y político que había acumulado Bolívar. A Bolívar no le faltó nunca esa fuente inagotable de creatividad, sabiduría y voluntad de vencer como no le abandonó, ni dejó desvanecer aun en medio de las peores circunstancias. En Jamaica le tocó probar el segundo trago venenoso de la derrota desde la brutal restauración de las colonias por las huestes de Tomás Bóves y Cajigal quienes ahogaron en sangre y desolación aquella segunda República. Su idea central allí era la unión de las repúblicas en una confederación

Ya avanzada la guerra entre la reconquista y la Independencia y tras casi ocho años de enfrentamientos, empezando el año 1819 al general Pablo Morillo le llegó una orden de España que le solicitaba una conciliación fraternal con los sublevados de América, para poner fin a una guerra que agotaba la economía española. Contribuyó a ello, además, la crisis desatada por la insubordinación de Rafael Rigo, jefe de uno de los cuerpos del ejército expedicionario español y que terminó en una insurrección popular que llevó a que los soldados españoles se negaron a marchar hacia América. El pacificador, como se le conoce a Morillo, no tuvo más remedio que buscar un armisticio con el ejército patriota victorioso que lo mínimo que reclamaba a cambio era el reconocimiento por parte de España de la República Independiente, bases únicas sobre las cuales puede tratar el gobierno de Colombia con el Español, escribiría Bolívar en carta a Pablo Morillo. España ofrecía constitución y paz, Colombia exigía paz e independencia. Así se firmó el primer armisticio durante la guerra de Independencia el 28 de noviembre de 1820 en Santa Ana, Venezuela.

Sobre éste histórico acontecimiento escribiría Bolívar:”Durante todo el curso de mi vida pública, jamás he revelado más tacto o mostrado más astucia diplomática que en esa importante ocasión…creo que superé a Morillo, como lo superé en la mayoría de las operaciones militares. Fui armado de pies a cabeza con la política y la diplomacia…El armisticio de seis meses que allí concluimos y que mereció tantas críticas fue para mí un simple pretexto para permitir que el mundo viese a Colombia negociando con España en pie de igualdad…importante tratado referente a la legalización de la paz…que puso fin a la horrible carnicería, al asesinato de los vencidos…; el armisticio fue favorable a los republicanos, pero desastroso para España…Que…mis enemigos digan lo que quieran sobre estas negociaciones…Nunca hubo una comedia diplomática mejor interpretada que la del día y la noche de Santa Ana .” SobreBolívar diría Morillo en un informe al gobierno español, El es la revolución.

Tomás Boves y Pablo Morillo, jefes realistas que solo dejaron muerte y desolación a su paso de reconquistadores contra el pueblo y los sublevados del dominio español, murieron lamentando no haber podido cumplir sus sueños de eliminar a Bolívar. Sin embargo, la traición y conspiración septembrina de 1828 estuvo a punto de conseguir aquella muerte que esperaba al desengañado, traicionado y moribundo Revolucionario en 1830 en Santa Marta.

2.     Los diálogos por la paz en Colombia un siglo después, ¿Cómo fueron, qué aportaron?

Mediando el siglo XX se empiezan a llevar a cabo amnistías para las guerrillas de la época que pusieran fin a la confrontación armada. A los facinerosos o bandoleros, como se les llamó a las guerrillas liberales, se les concedió una amnistía cuando el poder del Estado sintió amenazada la estabilidad y los intereses de los terratenientes, decidiéndose a detener la guerra civil que se había desatado dos décadas atrás, la cual adquirió la forma de enfrentamiento fratricida entre las bases campesinas de los partidos Liberal y Conservador, conocida como época de la Violencia, y que segó unas 300.000 vidas.

La década del 40 intensificó la violencia llevándola ahora del campo a la ciudad a partir del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril del 1948 en Bogotá. El pueblo colombiano reaccionó al asesinato con un levantamiento violento y espontáneo, conocido como el Bogotazo. Unos años más tarde y con unos 300.000 muertos a cuestas el país es testigo (septiembre de 1953) de la amnistía ofrecida por Gustavo Rojas Pinilla, Paz, Justicia y Libertad, a los guerrilleros liberales del Llano para acogerse a una amnistía que cerrara el ciclo de la lucha armada. Tras este primer intento de paz, los líderes guerrilleros liberales Guadalupe Salcedo y Hermógenes Vargas, entre otros, fueron asesinados.

La segunda fase de negociaciones y diálogos por la paz, luego de tres décadas de confrontación armada que causó miles de muertos, se llevó a cabo durante los años 80s. En efecto, ante unas guerrillas crecidas a lo largo y ancho de la geografía nacional (FARC, M-19, ELN y EPL) convertidas en una amenaza y desafío al poder político y al monopolio de la fuerza del Estado, el gobierno de Belisario Betancur (1.982 – 1.986) decidió explorar de nuevo los caminos del diálogo como el medio ideal para terminar la confrontación. Para la oligarquía Colombiana - permítasenos usar esta expresión tan maltratada por muchos y tan negada por los pocos que de verdad lo son y tienen el dominio y control del poder - se estaban dando dos situaciones en apariencia opuestas pero que de llegar a consolidarse serían un problema mayor: de un lado, una guerrilla crecida y fortalecida significaba mayor presión, no solo en el campo donde se desenvolvía en su medio natural, sino ahora en la ciudad (guerrillas urbanas donde el M-19 fue verdaderamente innovadora y desafiante); y del otro, unas condiciones sociales y políticas que venían favoreciendo el auge de éstas.

A lo anterior se suma un fenómeno nuevo que irrumpía por aquellos años: la consolidación de los carteles de la droga. Poderosas asociaciones de mafiosos surgidas por la acumulación por exportación de cocaína y ligado a esto el beneficio astronómico que el negocio ilegal generaba. Este nuevo actor generó rupturas profundas y mayor descomposición del orden social, cultural y político (corrupción, crimen, soborno, chantaje, introducción de estilos de vida extremos, lujuria, ley de la selva, consumo desmesurado) escalando a niveles superiores la confrontación militar, ya que confluían o chocaban distintos intereses: de un lado, los del Estado paquidérmico que parecía no despertar del letargo de dominio excluyente que significó la eliminación de la oposición política y, además, alérgico a reformas profundas que a esas alturas exigía la situación social: la mayoría pobre excluida no solo de los beneficios económicos sino de la participación y lucha política legal por el poder. Del otro, los objetivos y la propuesta política de cambios estructurales al modelo económico, político y social de una insurgencia cada vez más coordinada y con mayor simpatía entre distintos sectores sociales. Y, finalmente, los intereses económicos y las aspiraciones “políticas” de los grandes carteles de la droga que ya habían mostrado sus dientes a quien se opusiera a sus aspiraciones desatando guerras entre ellos o contra enemigos potenciales (entre otros las guerrillas y sus simpatizantes). Así mismo, los carteles de la droga hacían aliados dentro de sectores claves ligados al poder político y económico, penetraban fácilmente las instituciones y compraban miles de funcionarios públicos, policías y militares. Se crearon de esta manera las condiciones para que el conflicto adquiriera otra característica y otras connotaciones, como en realidad sucedió. 

Bajo estas circunstancias, se firman los acuerdos de paz el 24 de agosto de 1.984 entre el M-19 (Corinto, Cauca), y el EPL (Medellín) con el gobierno de Belisario Betancur; y el 28 de marzo de 1984, con las FARC (la Uribe, Meta). Una vez firmados los acuerdos por la solución política del conflicto armado, éstos no pasan la prueba del tiempo y la tolerancia debido a que seguía teniendo mayor peso la política de guerra impulsada por poderosos enemigos agazapados dentro del Estado y las fuerzas armadas, que una verdadera y decidida política por la paz. Bajo este contexto nacen organizaciones como la UP y el Frente Popular, quienes junto a otros movimientos sociales como A Luchar impulsaron la lucha política legal desde amplios sectores del pueblo, con el objetivo de abrir espacios de participación democrática, frente al poder de un Estado históricamente blindado contra cualquier visión política alternativa, y de oposición política al viejo bipartidismo que seguía siendo funcional a las clases dominantes. Finalmente, este nuevo intento de solución política fue abortado por la represión estatal que ya contaba con aliados narco-paramilitares llevando a la eliminación, o genocidio político de la UP y las organizaciones populares que apostaron por la lucha política legal y la apertura democrática.

La década del 90 se caracterizó por la intensificación del conflicto interno, a pesar que en el campo internacional se daba una distensión y arreglo del mundo (la caída del muro de Berlín fue el hecho más simbólico de la histórica pugna entre socialismo de estado y capitalismo) ajustado a los intereses y parámetros de la globalización de corte  neoliberal. Como si al reloj de arena simplemente le hubiéramos dado otra vuelta. Volver a empezar a hablar de la necesidad de la paz, pero con el fardo y el peso de una tragedia humanitaria tan gigante que citar estadísticas de asesinatos, masacres, desaparecidos, desplazados, falsos positivos, presos políticos, daño a la economía nacional, etc., se haría demasiado largo.

Sin embargo, los 90s fueron inaugurados por los acuerdos de paz que se inician en el año 89 primero con el M-19, durante el final del gobierno de Virgilio Barco (1986 -1990), y luego en el gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994) con el PRT, el MAQL y el EPL. Estos acuerdos de paz refuerzan la exigencia de amplios sectores de la sociedad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente promovida por el movimiento estudiantil a través de la Séptima Papeleta y finalmente votada en las elecciones de mayo del año 90. Entre Marzo y Abril del mismo año son asesinados Bernardo Jaramillo, presidente de la Unión Patriótica, y Carlos Pizarro, líder del M-19, ambos candidatos presidenciales. Como si el escalamiento del conflicto no fuera suficiente, el mismo día que son elegidos los delegados a la ANC, el ejército nacional lanza un ataque militar con bombardeos contra la sede del Secretariado Nacional de las FARC, en la Uribe, Meta. El resultado de este intenso, contradictorio (las FARC, el ELN y un sector del EPL se distancian de los acuerdos) y esperanzador momento es la convocatoria de la ANC que empieza a sesionar en febrero del año 1991 y que entre otras cosas, inauguró una nueva Constitución que significaba no solo el entierro de la centenaria Constitución del 86, sino que abría las puertas a viejas demandas populares, aunque restringidamente, creando un nuevo piso jurídico, social y político de inmensas repercusiones para la sociedad. A las guerrillas agrupadas en la CNGSB (Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar) FARC, ELN y EPL la respuesta del gobierno de Cesar Gaviria fue ofrecerles unos diálogos rápidos y concentración de las tropas guerrilleras y cese unilateral del fuego de parte de éstas, para considerar la posibilidad de la participación de sus delegados en la ANC. Pero ya otro plan hacía vuelo. El domingo 9 de diciembre de 1990, cuando los ciudadanos acuden a las urnas para votar por los constituyentes, 46 aviones de combate, entre K-fir, Mirage y A-37, así como decenas de helicópteros, por orden del Presidente Gaviria, atacan la sede del secretariado de las FARC en la Uribe. Mientras las bombas arrasan con el símbolo que representaba Casa Verde, Gaviria declara ante el país que quedaba “abierto el camino para que la Constituyente sea el gran tratado de paz que reclamara la Corte Suprema de Justicia, en donde sea posible el pluralismo y la tolerancia por las ideas ajenas”. No se abordan aquí los diálogos de Caracas (1991) Tlaxcala, México (1992) y otros acercamientos durante los 90s, ya que no produjeron ningún acuerdo concreto entre la partes.

San Vicente del Caguán fue testigo del último intento de diálogos por la paz entre el presidente Andrés Pastrana (1998 – 2002) y las FARC, previa exploración durante el año 98, que llevó a la creación de un amplia zona de desmilitarización y condujo a la amplia agenda temática de 13 puntos, a intercambios y diálogos con comunidades, sectores sociales, representantes del poder económico y militar, gobiernos y personalidades internacionales, etc. Aunque se ha evaluado críticamente este proceso, una de las razones que llevó a su ruptura, poco aceptada por el gobierno y sus fuerzas armadas, es la respuesta militar de la guerrilla y su exigencia para que el Estado frenara el avance paramilitar en todo el país, que como se vería durante los años siguientes (2002 – 2010) daría sus aterradores frutos luego que un sector de derecha agazapado en el poder le diera vida al monstruo paramilitar para que sembrara de muerte y desolación campos y ciudades.

El fenómeno del paramilitarismo merece un capítulo aparte. Resumidamente podríamos decir que a la par con los procesos anteriores entre grupos insurgentes y Estado que venía desde los 80s, se había consolidado una nueva tendencia ideológica que enarboló la Seguridad como uno de sus principales argumentos. Fundamentada en una postura claramente contrainsurgente; apoyada en cierta legalidad institucional, sectores políticos, militares, terratenientes, ganaderos y mafiosos, crearon los primeros ejércitos paramilitares con las llamadas Convivir que crecieron como hongos en campos y ciudades al servicio de la alianza descrita y del Statu Quo.

En un comienzo la idea de hacer uso de fuerzas mercenarias ideológicamente afines a los intereses de la amalgama de los sectores descritos, tuvo un arraigo regional. Por ejemplo Antioquia, Córdoba, el Magdalena Medio, Santander, ciertas regiones del norte de Colombia, así como ciertas zonas del sur del país fueron los principales escenarios escogidos para dar nacimiento a unos ejércitos que terminarían siendo una maquinaria de guerra para-estatal. Esta nueva corriente ideológica ligada a los intereses de un sector social, económico y cultural emergente llega al culmen de su poder con la presidencia de Álvaro Uribe Vélez en el 2002. Quien se impone no solo en las elecciones sino que desata una euforia de triunfalismo ideológico de derecha, estimulado por el impulso que le da la derecha mundial en cabeza de George Bush, tras los atentados terroristas a las Torres Gemelas el 13 de septiembre del año 2001. De estos hechos a la cruzada antiterrorista solo había un paso, y en Colombia se dio a través de la llamada Seguridad Democrática.

Ahora bien, es importante reseñar que la mayoría de edad del paramilitarismo se da entre finales de los años 80s y comienzo de la primera década del XXI, tras surgir bajo la cándida idea de ejércitos privados con apoyo institucional para la defensa de las fincas, ganados y protección de los nuevos y viejos ricos del campo y la ciudad contra el secuestro y las vacunas. Durante éste período se fraguan atroces violaciones de derechos humanos como masacres, desapariciones, asesinatos selectivos y desplazamiento de comunidades que la anterior generación de colombianos ya había vivido.

No vamos a presentar una estadística de las monstruosas masacres que cometió el paramilitarismo a nombre del adefesio ideológico que inauguraron en Antioquia un grupo de finqueros y mafiosos que aspiraban a seguir viviendo como los hacendados de las grandes plantaciones y hatos ganaderos de principios del siglo XIX, aspirando a manejar el país como una gran hacienda de peones y mayordomos.

Sin embargo, el hecho incuestionable es que en las dos últimas décadas, aparte de pretender Refundar al país por medio del Pacto de Santa Fe de Ralito del 2001 entre jefes paramilitares y más de cincuenta políticos y senadores, el impacto de esa abyecta creación que alcanzó su máxima expresión en la llamada Seguridad democrática que con tanto énfasis y empeño defendieron aquí un puñado de fanáticos católicos, cristianos, liberales, conservadores y anticomunistas con la anuencia por conveniencia de una gran parte del establecimiento, no ha sido evaluado aún. En lo que no cabe duda alguna es que el Estado es el principal responsable político e histórico de la execrable matanza, despojo y desplazamiento cometido contra el pueblo colombiano en las dos últimas décadas.

3.     Algunos mitos y falsedades sobre la verdad del conflicto y sus principales actores

La verdad sobre el conflicto no llega con el mensajero de turno de los medios de comunicación ni viene empaquetada en las noticias, comentarios, opiniones, análisis y campañas publicitarias a que estamos sometidos diariamente por dichos medios. Lo que los medios de comunicación comerciales o privados vienen haciendo desde que se apropiaron lo “público”, es decir, la información o comunicación pública, fue sustituir de algún modo la ideología dominante ante el quiebre de partidos políticos e instituciones que históricamente han mantenido y ejercido el poder, así como servir de guardianes culturales e ideológicos de los intereses de una clase y un sistema económico en permanente crisis.

De esta forma, la llamada opinión pública o Estado de opinión (que un populista como José Obdulio Gaviria ha querido convertir en la primera fuerza del Estado, en una especie de fase superior del Estado de Derecho como si ésta fuera un producto que se puede elaborar desde un editorial noticioso) a partir de la profundización de la crisis del sistema capitalista en general y el avance de las tecnologías de la comunicación, se ha convertido en un campo de batalla de ideas, donde sólo tienen buena salud y acogida las de las clases dominantes hasta ahora, como lo corroboran los hechos. Prueba de lo que afirmamos es que la opinión, análisis y propuestas de quienes ejercen oposición política al sistema (que viene desde tan atrás que es histórico) ha sido obligada a vivir permanentemente bajo la autocensura que impone la amenaza de muerte, o el exilio por la misma razón, o la cárcel por un montaje judicial o la tumba como ha sucedido con miles de activistas de partidos o movimientos de izquierda o comunistas, como ha sucedido con decenas de intelectuales, artistas, periodistas, reporteros, humoristas, profesores, estudiantes, sindicalistas, obreros, indígenas, afro descendientes, gays y lesbianas convirtiendo a Colombia en uno de los países más ricos en cementerios donde yacen esparcidos por toda la geografía miles de cadáveres como testigos olvidados de quienes fueron callados para siempre, ¿sí?, por el terror de Estado.    

Se ha reprimido y censurado al extremo la postura de izquierda o socialista, a tal punto que en la mente de una mayoría de la opinión pública colombiana parece (es la mentalidad o consenso que ha construido la derecha desde sus medios de comunicación) que no existe nada distinto al modelo único de sociedad capitalista, algo así como un estado natural de la sociedad, eterno, duradero e inmodificable. Así, el opositor en el debate de ideas ha sido obligado a la autocensura, a esa especie de obligado silencio interno y perturbador que le persigue bajo la amenaza de ser eliminado, otras veces a vivir entre las fronteras de la conspiración o la militancia armada para hacer valer su postura, así sea ésta la forma más extrema de existencia como sujeto político opositor.  

Ni que decir cómo ha sido tratada y presentada la oposición política en este país por los llamados medios de comunicación. Lo de menos es que la ridiculicen, la vilipendien, la tergiversen e incluso que eleven a la categoría de izquierdistas o radicales a los cooptados por el poder o que conviven con él para que avalen este sistema político y sus instituciones, pero sobre todo que manifiesten su arrepentimiento de un pasado de izquierdistas, hagan confesión de perdón cada que se los exijan y denigren de su pasado de revolucionarios, si lo tuvieron. Sin duda la más grave falsificación que se ha hecho de ella (la izquierda socialista) es señalarla de aliada del terrorismo. ¿Hay una lógica en esto? Por supuesto, el verdadero poder político y económico ejerce mando sobre los medios de comunicación e imponen las condiciones. La defensa de sus privilegios por todos los medios, del modelo social vigente, desde la represión militar hasta el control y la censura.

Por eso a la información, noticias, análisis, entretenimiento y publicidad que divulgan a un imparable ritmo los mass media no se le puede catalogar, particularmente hoy en Colombia, como fuente de veracidad no solo por lo que se argumenta arriba, sino por el hecho de que quienes la producen y divulgan son agentes del capital y por razones salariales o convicción comparten la estructura de poder y objetivos de los dueños de los medios.

Sobre el papel de los medios de comunicación en la defensa de una sociedad democrática y de derechos, no se ha hecho el debate que exige con apremio la realidad. Y al parecer no se hará de no ser que cambien radicalmente las condiciones, algo que no está a la vista como parece. No vamos a hacer la lista de todos los casos o hechos donde el papel de los medios como asesinos de la verdad, falseadores, tergiversadores, impostores, divulgadores de mentiras y formadores de opinión es evidente, porque se haría interminable. Como se verá el desequilibrio del debate es abismal.

I. La mujer del collar bomba

Este es uno de los casos más emblemáticos donde los grandes medios de comunicación colombianos al servicio del poder cometen conscientemente, con una clara intencionalidad política e ideológica, una grave falsificación de la realidad. El caso de la mujer collar bomba ejemplifica nítidamente cómo se construye una imagen distorsionada de los hechos, para que tenga efectos violentos y nefastos sobre la población que consume “noticias”. La idea era crear una imagen en la mente de la gente de unas FARC terroristas.

El 17 de mayo del año 2000 Colombia y el mundo conocieron la barbarie y crueldad de la guerrilla de las FARC, que le colocó a una pobre mujer, afirmaban con énfasis y certeza todos los medios de comunicación nacionales e internacionales, un collar cargado de explosivos para exigirle dinero. Repudio en Colombia por muerte de mujer con " collar Bomba" de las FARC. Decía Caracol. Y La Nación: Elvia Cortez, una campesina que subsistía vendiendo sus cosechas en la plaza del mercado, dedicó las últimas siete horas de su vida a rezar y a pensar en su esposo y sus hijos, antes de que estallara el ´collar de explosivos´ que le colocaron guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Difundieron por el mundo su imagen con el collar de explosivos colocado por los terroristas.

Dos años después cuando se conocieron las pruebas y se supo que no fueron las FARC, El Tiempo afirmaba que el juez de la república (con minúscula para no seguir abusándola) que juzgó el caso, determinó que aunque en la acción criminal no estuvieron involucradas las Farc, como lo aseguraron las autoridades inicialmente, los delincuentes tuvieron asesoría extranjera, incluso del grupo terrorista Eta, de España (sic).

II. La marcha del 4 de febrero del 2008 contra las Farc

Otro claro ejemplo de manipulación vulgar y extrema fue el referente a la marcha del 4 de febrero del 2008 cuando se unieron todos los poderes del establecimiento alrededor de una convocatoria que realizó un grupo de jóvenes por internet, de marchar contra las FARC y los atropellos cometidos por ésta guerrilla, dejando de lado denuncias tan graves de violaciones de derechos humanos, más urgentes aún, como las brutales masacres, desplazamientos y desaparecidos por millares que se vienen cometiendo en el país donde el principal responsable ha sido el Estado, sus fuerzas armadas y de policía en alianza con los ejércitos paramilitares.

La marcha fue convocada para repudiar el secuestro y el maltrato a que eran sometidos quienes se encontraban en su poder. Las movilizaciones realizadas el lunes 4 de febrero de 2008 contaban con el apoyo del gobierno colombiano del presidente Álvaro Uribe, los medios de comunicación, así como de diferentes personalidades públicas, como la recién liberada Clara Rojas, miembros de la oposición y de algunos voceros de las autodefensas, tal y como lo afirmó en su página web Wikipedia. Los convocantes a la marcha lo hicieron con un solo propósito y objetivo: contra las FARC. Con ello le cerraron las puertas a participar a quienes desde décadas han reclamado justicia, verdad y reparación para las miles de víctimas de crímenes y terrorismo de Estado como de su ejército aliado, el paramilitarismo. Ésta otras víctimas, venían preparando una marcha con antelación a la del 4 de febrero, para reclamar por sus derechos, ante lo cual el asesor presidencial del gobierno de Álvaro Uribe, José Obdulio Gaviria, afirmó en radio Caracol: "Yo personalmente no participaré tal como lo hice y con todo entusiasmo en la marcha programada contra las Farc", y seguidamente agregó que "difícilmente la sociedad colombiana participará en tal tipo de convocatoria cuando precisamente estamos marchando contra los que convocan".  El 31 de enero El Tiempo publicó un artículo titulado: La marcha del 4 de febrero contra las FARC nació como un foro en internet y ya está en 163 ciudades. Así empezaban el redoblar de los tambores publicitarios de la gran prensa colombiana para demostrar que el pueblo odiaba a las FARC y que la rechazaba. "Esperamos que mucha gente se concentre en las ciudades propuestas, que salgamos a la calle. Es una de las maneras para mostrar la indignación que deja un tema tan atroz como el secuestro", decía en el diario de circulación nacional la directora de País Libre, Olga Lucía Gómez. A la convocatoria hecha a través de facebook por un grupo de cándidos jóvenes se fue uniendo el aparato gubernamental con toda su artillería institucional, mediática, los partidos políticos, los grandes tribunos del púlpito católico, la empresa pública y privada, en una sola palabra la derecha criolla aprovechó la magnífica oportunidad que se le creó para llevar a la calle a millones de colombianos que dijeron sentir que el mayor problema de Colombia y de ellos, los millones de excluidos mismos, eran las FARC, más no los asuntos fundamentales que tienen que ver con sus vidas de ciudadanos de a pie: el desempleo rampante, los salarios de miseria, la masiva informalidad en que viven millones, la precaria asistencia en salud, el costo de vida, el desplazamiento de millones de campesinos a quienes le fue arrebatada sus pequeñas parcelas, las masacres cometidas por el paramilitarismo aliado del terrorismo de estado, los millares de desaparecidos. A estos reales millones de compatriotas lo sacó a la calle a protestar y mostrar su repudio contra uno de los actores del conflicto histórico, el principal y primer originador de violencia en el país: el aparato de Estado acompañado de los que saben crear opinión y verdad. Los familiares de los mismos secuestrados se negaron a marchar, afirmando que "Nuestro tema es la libertad de nuestros familiares secuestrados. Nosotros nunca marcharemos ni contra las Farc, ni contra el presidente Uribe, ni contra nadie”. ¿Cómo entonces logró el establecimiento convencer a millones de marchar unilateralmente solamente contra uno de los factores de conflicto? Haciéndole sentir a millones a través de la manipulación y una publicidad masiva y permanente por todos los medios de comunicación que el problema fundamental del país era una guerrilla que secuestraba y hacía la guerra al pobrecito Estado, aquel mil veces condenado por ser también el más criminal.         

III. La muerte de comandantes de la guerrilla

Otro de las grandes falsedades mediáticas y campaña publicitaria con pretensión de verdad es la mil veces repetida tesis de que la comandancia de la guerrilla lleva una vida de lujo fuera del país, protegida por gobiernos vecinos y que desde allí dirigen sus tropas. Mentira repetida a granel por los altos mandos militares, los medios de comunicación, políticos, ministros, etc. ¿Qué explica entonces que los principales líderes guerrilleros hayan precisamente caído en bombardeos o fusilados luego de un cerco militar, dentro del país? ¿Dónde fueron abatidos Martín Caballero (fusilado luego de rendición), el Mono Jojoy y Alfonso Cano, para sólo mencionar estos tres? ¿En palacetes y bacanales como sugiere la propaganda de los medios, los militares y el establecimiento? La excepción fue Raúl Reyes, quien tampoco murió mientras vivía en palacios a expensas de ricos anfitriones, ni en capital o ciudad alguna como afirmaban quienes lo eliminaron. Murió en un campamento junto a sus tropas, en una selva, no importa si el límite geográfico de ésta se extiende a un vecino llamado Ecuador. Al arrogante ministro de defensa de aquella época, Juan Manuel Santos, ni a su jefe de entonces, Álvaro Uribe, le importaba nada violar la soberanía de un vecino, solo eliminar un enemigo como el comandante guerrillero. 

IV. Las guerrillas expropiadoras de tierras

Incluso para quienes desconocen la historia reciente de Colombia, vendría bien recordar que las FARC nacieron en Marquetalia el 20 de julio de 1964, en una Asamblea General de Guerrilleros, el mismo día que se proclamó el Programa Agrario de esta guerrilla. Luchamos por una Política Agraria que entregue la tierra del latifundio a los campesinos; por eso, desde hoy, 20 de julio de 1964, somos un ejército guerrillero que lucha por el siguiente Programa Agrario, y seguidamente exponen un programa de 8 puntos que se constituyó en uno de los ejes principales de su política desde aquellos años que iniciaron la lucha.

Sin embargo, una vez se dio inicio al Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera el gobierno a través del ministerio de agricultura lanzó la tesis de que las FARC eran expropiadoras de tierras! Así preparan la Ley de víctimas y Restitución de Tierras, creando la imagen de una guerrilla que históricamente se fundó en zonas agrarias con una amplia base campesina, el sector más expropiado, reprimido y perseguido por la aristocracia de la tierra, y que ahora de buenas a primeras es la expropiadora de latifundios. ¿Cuántas millones de hectáreas ha expropiado esta guerrilla a los terratenientes aliados del paramilitarismo o a las trasnacionales que explotan y saquean suelo y subsuelo? Sería importante conocer ese informe. Porque si es por esa vía la reforma y devolución de tierras a los millones de campesinos desplazados y despojados, podría ser el paso a una reforma impuesta por las armas y tendría lógica: ellos desde sus orígenes son campesinos levantados en armas contra terratenientes. Pero como veremos, ante la evidencia de los hechos la propaganda oficial no resiste la más mínima revisión estadística.

Un informe sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del 2011, dice que uno de los problemas más grandes que enfrentan los campesinos colombianos es precisamente la casi nula distribución de la riqueza y de la tierra. El informe señala que el 52 por ciento de la gran propiedad está en manos del 1,15 por ciento de la población. La ‘ganaderización’ de la tierra en Colombia, se soporta en la nada despreciable realidad de que, 39,2 millones de hectáreas están destinadas para pastos, rastrojos y malezas, de las cuales 31,6 millones están usadas en ganadería bovina, donde hay menos de una cabeza de ganado por hectárea.

Indica el informe, además, que el despojo de tierras en el país está en 6,6 millones de hectáreas, de las cuales se han recuperado 495.493. De ese total, el 73 por ciento corresponde a minifundios y propiedades pequeñas de hasta 20 hectáreas. En los últimos 13 años, concluye, unos 3,6 millones de personas han sufrido el desplazamiento forzoso, de las cuales el 65 por ciento son menores de 25 años y el 14 por ciento menores de 4.

Ya en el 2006 el Centro de Investigaciones para el Desarrollo, de la Universidad Nacional de Colombia había presentado un adelanto sobre el tema en un informe que no dista mucho del anterior. En éste, aparte de calificar el crecimiento de la economía colombiana durante el primer gobierno de Álvaro Uribe (2.002 – 2.006) de inequitativo, insuficiente, concentrado e insostenible, se afirmaba que Colombia era el país con la más inequitativas distribución de la tierra del continente. Un 68.2% de la población campesina padecía una situación de pobreza grave. Solo una minoría, 2.428 propietarios, poseían 44 millones de hectáreas, equivalentes al 53.5% del territorio. Los 2.3 millones de campesinos que solo poseían tierras o predios de menos de 3 hectáreas, o sea el 1.7% del territorio, no cuentan sino como mano de obra barata. Sumado a lo anterior, la mayoría de propietarios (55.6%) y de predios (56.8%) poseían tierras menores de 3 hectáreas. Es decir, eran dueños del 1.7% del territorio regist­­rado catastralmente. Mientras, 2.428 propietarios poseen 44 millones de hectáreas, que equivalen al 53.5% del territorio. Siendo dueños de 18.093 hectáreas por propietario, o un territorio 6.000 veces más grande que el minifundio de 3 hectáreas al que aspiraban 2.3 millones de colombianos. Los hechos contundentes no solo en las cifras sino en la cruel realidad de la población campesina pobre de Colombia desmienten la acuñada mentira publicitaria del gobierno de Santos y su ministro de agricultura. Otro mito más que se cae por su propio peso.

Y así una lista de verdades creadas a partir del constante falseamiento o tergiversación de la realidad lleva a muchos a afirmar que las FARC son el mayor cartel de drogas del mundo, o la idea de una guerrilla derrotada (sic), o que Venezuela es el sostén y apoyo de la guerrilla, o que el secuestro (siendo un crimen atroz) es el mayor de los crímenes y en cambio los miles de desaparecidos, masacrados, falsos positivos, expropiaciones de tierras son apenas otra forma de violencia, etc.

4. Los discursos de Oslo sobre las dos realidades colombianas

Los discursos de Oslo del pasado jueves 18 de octubre, que pronunciaron Humberto de la Calle Lombana a nombre del gobierno e Iván Márquez a nombre de las FARC-EP, significan el re-nacimiento de la política en Colombia. Precisamente porque son dos visiones opuestas de la política, la sociedad y lo que ha sucedido durante al menos cinco décadas, para partir de algún punto.

I. El discurso del delegado gubernamental tuvo un carácter ceñido al formato diplomático y con un estilo más pragmático que el del vocero de las FARC, donde se resalta lo avanzado hasta ese día.

Para el vocero del gobierno, “de lo que se trata es de convenir una agenda para la terminación del conflicto que permita a las Farc exponer sus ideas sin el acompañamiento de las armas, y con plenas garantías para su transformación en una fuerza política desarmada…” enfatizando así la importancia de los diálogos que se abren para buscarle un final a la confrontación armada y entrar en la fase (3) de la lucha política sin el recurso de las armas.”No pretendemos que las Farc no expresen sus ideas,” se dice allí.

Otro aspecto central en las palabras del vocero del gobierno, fue cuando se refirió a las tres fases del proceso: la primera ya se cumplió y fue el encuentro exploratorio con la ayuda de varios gobiernos que llevó a la firma del Acuerdo General, donde se establecieron las condiciones necesarias para la terminación del conflicto. La segunda, el inicio de los diálogos de Oslo, para llegar a acuerdos sobre los puntos de la agenda contenidos en el Acuerdo General. Y la tercera, comenzaría con la firma del Acuerdo Final, que marcaría el fin del conflicto armado.

Sin embargo, se afirma en el documento citado, “Hay un punto en el que coincidimos con las Farc: la finalización del conflicto no es en sí misma la consecución inmediata de la paz. La Fase 3 es el escenario para las transformaciones necesarias que serán el verdadero motor de la paz.” A partir de ahí, seguiría la implementación de lo acordado y su verificación. Reconocen que las FARC tienen una concepción del mundo y la política y no se pretende desde el gobierno que ésta guerrilla deponga sus ideas, sino  las armas, y siempre y cuando sigan su lucha política en democracia.

Sobre el papel que cumpliría la opinión pública, es de importancia central no solo para el gobierno sino para el logro del propósito mismo de los diálogos, que es la finalización de la confrontación armada, para darle paso a la lucha de ideas: se afirma que hay apoyo al proceso de diálogos pero se insiste en la necesidad de que al final de la fase 2 haya signos positivos de que los diálogos van por buen camino.

En el tema de la opinión pública, crucial para la refrendación y apoyo al proceso que se inicia, se afirma además lo siguiente: la opinión pública no es construida por el gobierno, ni manipulada, porque a partir de la Constitución del 91 hay más ciudadanía pensante que apoya las conversaciones, pero que no está dispuesta a soportar dilaciones ni trucos. ¿Quiere esto decir que la opinión pública en Colombia no es manipulada, ni la ayudan a formar “opinadores” profesionales desde los llamados medios de comunicación comerciales? ¿O que la postura política e ideológica de la llamada opinión pública no se construye alrededor de los intereses de clase de quienes gobiernan? ¿Y que además de ser “libremente formada”, tiene posición definida sobre el proceso, cuando desde el gobierno se afirma que ella no está dispuesta a soportar dilaciones ni trucos? 

Sin embargo, también se habla de la importancia de la participación política y la necesidad de garantizar la vida y la libertad de expresión de quienes decidan ingresar a la vida política. Uno de los tropiezas más grandes que se ha tenido históricamente en los procesos de diálogos, acuerdos para el desarme y resolución política del conflicto.

En cuanto a la participación de sectores sociales y políticos representantes de distintas expresiones de la sociedad, plantea que no se trabajará de espaldas al país, sino que habrá participación en función y de acuerdo con las necesidades de la Mesa.

Acerca de la agenda de discusión se reafirma lo que se conoce: llegar a acuerdos sobre cinco puntos que se puedan cumplir y que buscan soluciones concretas para los temas críticos del conflicto: el desarrollo rural, las garantías para la oposición y la participación política, el fin del conflicto, el narcotráfico y las víctimas.

Finalmente, un punto que se repite en el discurso oficial es la conciencia de que la terminación del conflicto armado es la antesala de la paz y que para lograrla hay que ir a fondo en la transformación de la sociedad. Estamos dispuestos, recuerda Humberto de la Calle Lombana, a buscar mecanismos de garantía que llenen estas aspiraciones.

El discurso leído por el representante oficial en la mesa de diálogos por la Paz en Oslo no causó mayores sorpresas ni grandes expectativas porque fue un resumen de lo poco, pero importante, que se ha avanzado en este proceso que se inicia, y porque además no es la primera vez que el gobierno habla en un foro sobre la paz, pero tampoco por que haya tenido la boca callada en los últimos 50 años, para poner un punto de referencia.

II. El discurso leído por Iván Márquez representante del Secretariado de las FARC-EP si generó malestar y discordia. Una década de censura, acusaciones de terroristas, narcotraficantes y guerreristas les ofrecía una buena ocasión para volver a expresar sus ideas, análisis y propuestas ¿En resumidas cuentas, qué fue lo que dijo el vocero de la guerrilla?

En primer lugar, fue un discurso más largo que el del gobierno donde las FARC expresan las razones históricas que las llevaron a la lucha armada, las mismas por las que se mantendrían en lucha de no cambiar las condiciones que las hicieron posibles. Pero el documento de la guerrilla es ante todo la palabra, la voz y las motivaciones de una lucha que se pretendió desconocer y negar por más de una década desde que el gobierno de Andrés Pastrana finalizara los diálogos del Caguán en el 2002, una vez la maquinaria de guerra y el Plan Colombia rediseñaron una nueva fase de la guerra que, en palabras del gobierno de la Seguridad Democrática que estuvo en el poder durante 8 años, acabaría en unos meses con la derrota de la guerrilla.

Segundo, el discurso de las FARC es un mapeo actualizado de los conflictos y luchas de las comunidades a lo ancho y largo de la geografía nacional donde se señala con nombres propios los protagonistas de dichos conflictos. No hay nada nuevo en ello como bien han señalado muchos analistas políticos.

¿Entonces, en quiénes generó rechazo el discurso de las FARC de Oslo? Principalmente en los sectores del establecimiento convencidos de que la guerra es la única solución a los problemas del país; en los formadores de opinión de los medios de comunicación comerciales que tienen de antemano construida una imagen del conflicto y de la guerrilla; en los voceros de las trasnacionales y sus aliados capitalistas rentistas; y obviamente en la derecha agrupada en los latifundistas, los ganaderos que monopolizan casi 40 millones de hectáreas de tierra, y en un sector emergente ligado al narcotráfico y la política, parapolíticos, que se conformó como resultado de las alianzas entre ejércitos paramilitares y narcotraficantes en las guerras de las últimas décadas.

Iván Márquez empieza diciendo, “Venimos a esta Noruega septentrional a buscar la paz con justicia social para Colombia por medio del diálogo, donde el soberano, que es el pueblo, tendrá que ser el protagonista principal. En él reposa la fuerza irresistible de la paz. Ésta no depende de un acuerdo entre voceros de las partes contendientes. Quien debe trazar la ruta de la solución política es el pueblo y a él mismo le corresponderá establecer los mecanismos que han de refrendar sus aspiraciones.” Y continúa con la afirmación de que “una paz que no aborde la solución de los problemas económicos, políticos y sociales generadores del conflicto, es una veleidad y equivaldría a sembrar de quimeras el suelo de Colombia.”

Venimos a los diálogos de Oslo, “por una paz que implique una profunda desmilitarización del Estado y reformas socioeconómicas radicales que funden la democracia, la justicia y la libertad verdaderas.”

Luego aborda uno de los temas que dieron origen a la lucha armada en el país, el problema agrario. “En nuestra visión, colocar sobre la mesa el asunto del desarrollo agrario integral como primer punto del acuerdo general remite a asumir el análisis de uno de los aspectos centrales del conflicto. El problema de la tierra es causa histórica de la confrontación de clases en Colombia.”

No es necesario repasar las estadísticas sobre la propiedad y monopolio de la tierra porque ya son conocidas, sin embargo es válido citar cómo entienden las FARC el problema de la tierra. “Para las FARC, el concepto TIERRA está indisolublemente ligado al territorio; son un todo indivisible que va más allá del aspecto meramente agrario y que toca intereses estratégicos, vitales, de toda la nación. Por eso la lucha por el territorio está en el centro de las luchas que se libran hoy en Colombia. Hablar de tierra significa para nosotros hablar del territorio como una categoría que además del subsuelo y el sobresuelo entraña relaciones socio- históricas de nuestras comunidades que llevan inmerso el sentimiento de patria, que concibe la tierra como abrigo, y el sentido del buen vivir.“ 

Sobre la titulación de tierras que viene llevando a cabo el gobierno hacen una denuncia al afirmar que, “la titulación de tierras, tal como la ha diseñado el actual gobierno, es una trampa; encarna una suerte de despojo legal a través del cual se busca que el campesino, una vez con el título de propiedad en sus manos, no tenga otra salida que la de vender o arrendar a las trasnacionales y conglomerados financieros, a los que sólo les interesa el saqueo exacerbado de los recursos minero-energéticos que están debajo del suelo. Dentro de su estrategia está la utilización del suelo para extender las explotaciones forestales y las inmensas plantaciones, no para resolver el grave problema alimentario que padece nuestro pueblo, sino para producir agro-combustibles que alimentarán automóviles. En el mejor de los casos, la gente del campo quedará con una renta miserable, pero alejada del terruño y confinada en los cinturones de miseria de las grandes ciudades. Al cabo de 20 o 30 años de contrato nadie se acordará del verdadero dueño de la tierra. Lo aseguramos sin vacilación: la bancarización de la tierra derivada de la titulación, acabará ´tumbándole´ la tierra al campesino. Nos están empujando a la extranjerización de la tierra y al desastre ambiental dinamizado brutalmente por la explotación minero-energética y forestal. La naturaleza como fuente de información genética no puede ser convertida en botín de las trasnacionales. Nos oponemos a la invasión de las semillas transgénicas y a la privatización y destrucción de nuestra biodiversidad y a la pretensión de hacer de nuestros campesinos pieza del engranaje de los agro-negocios y sus cadenas agroindustriales. Están en juego la soberanía y la vida misma.”

En síntesis consideran que “la titulación no es más que la legalidad que pretende lavar el rostro ensangrentado del despojo que durante décadas ha venido ejecutando el terrorismo de Estado.” Sin embargo, para mucha gente que no analizó detenidamente el discurso de las FARC bien porque no les interesa o porque no comparten lo que allí se dice, es válido señalar que en éste no solo hay un rechazo y denuncia de la titulación de tierras. A renglón seguido afirman que “no se oponen a una verdadera restitución y titulación de tierras. Por años hemos luchado, como pueblo en armas, por una reforma agraria eficaz y transparente, y es precisamente por ello que no se puede permitir que se implemente el despojo legal que el gobierno proyecta con su ley de tierras.” 

Al respecto habría que señalar que hoy el debate va más allá de la mera devolución de títulos de propiedad a los millones de campesinos expropiados y expulsados de sus territorios, o la mera reforma agraria como se concibió en los años 60s y 70s. Hoy existe una visión integral del conjunto de factores ligados al problema agrario como el ambiental, la explotación minero energética y uso del suelo y subsuelo y sus consecuencias que viene siendo motivo de fuertes luchas y creciente preocupación de las comunidades, la soberanía alimentaria, la relación territorio-historia-cultura de los pueblos, etc. En este sentido la discusión del problema de la tierra atañe al conjunto de la sociedad, donde la soberanía nacional, a pesar de los cantos de sirena de la globalización a favor de las multinacionales y las grandes potencias capitalistas, adquiere una importancia central.

La parte final del discurso de las FARC insisten en que se identifican con el “clamor mayoritario de la nación por encontrarle una salida dialogada al conflicto abriendo espacios para la plena participación ciudadana en los debates y decisiones.” Pero que éste propósito superior de Paz no puede confundirse simplemente con el silencio de los fusiles, sino que implica transformaciones en la estructura del Estado, las formas políticas y militares. “La paz no es la simple desmovilización.”

Así mismo señalan el peligro que puede correr este nuevo intento de Paz si se coloca como espada de Damocles, a pender amenazas sobre la existencia de esta mesa. Y llaman a someter las razones de cada una de las partes contendientes al veredicto de la nación, a la veeduría ciudadana.

La cuestión del papel de los medios de comunicación privados la plantean en términos de no permitir que “los manipuladores de opinión, desvíen el rumbo de esta causa necesaria que es la reconciliación y la paz de los colombianos en condiciones de justicia y dignidad. La gran prensa no puede seguir actuando como juez inicuo frente al conflicto.”

El rechazo de los formadores de opinión y los que esperaban una rendición de la guerrilla, era de esperarse. A muchos los cogió por sorpresa que las FARC tengan un análisis no solo actualizado de la realidad del país, sus conflictos y contradicciones, sino que incluso hayan profundizado en asuntos tan importantes como el tema agrario. Eso es entendible cuando uno insiste en ver las cosas de un modo. Un modo particularmente construido desde las editoriales, opinión y estrategia publicitaria del sistema y sus defensores o guardianes ideológicos.

Sin embargo, los diálogos apenas empiezan y ello significa que una nueva fase de la lucha política se abre. ¿Qué implicaciones tiene esto para el inmediato y mediano futuro? ¿Que no va más la tesis de Carl von Clausewitz de que la guerra no es más que la continuación de la política por otros medios? De ser así, si se pusiera fin a la confrontación armada, estaríamos asistiendo al renacimiento de la política (en el entendido que se pueda seguir la disputa por el poder por medio de las ideas y las propuestas políticas). Y ello implicaría un nuevo mapa no solo del espectro ideológico en movimiento, sino de las configuraciones políticas. Aquí tiene la mayor importancia preguntarse acerca del papel que les corresponde a las nuevas fuerzas y movimientos políticos que emergen a la par con este proceso, como Marcha Patriótica, Minga de los Pueblos, movimiento juvenil y estudiantil, movimiento campesino, indígena, sindical, afrodescendiente, organizaciones de mujeres, del LGTBI, etc.

La posibilidad de un acuerdo real que ponga fin al histórico enfrentamiento armado debe ser la principal prioridad de todas las fuerzas, organizaciones, movimientos políticos y sociales populares y del pueblo. La pregunta que surge es ¿bajo qué condiciones y garantías reales de verificación podemos decirle adiós definitivamente a la confrontación armada en Colombia? ¿Qué significaría en la realidad de los movimientos sociales y políticos, partidos de oposición y de izquierda, el inicio, de darse, de la llamada fase dos del proceso? ¿Qué implicaría para la izquierda socialista y en general, que las guerrillas de las FARC y el ELN encontraran las condiciones para la lucha política sin el recurso de las armas? ¿Estamos preparados para tan gigantesco paso y abrumadora realidad, de llegarse a dar y siendo optimistas, como lo debemos estar? ¿Cómo abocar la tarea de la reconstrucción y articulación del nuevo sujeto histórico-pueblo para el cambio? No son pequeños, ni pocos los retos! ¿Están echadas las cartas?

Marcha PatrióticaMovilicémonos Pueblo

 

Fuente: ALAI (Amérique Latina en Movimiento, 15 de noviembre de 2012

 

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