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Indultos sin garantías en Colombia

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siririBisEl proceso de paz que se desarrolla en la Habana desde el año 2012 ha servido para que la sociedad en su conjunto tome posiciones, pero también para que nos demos cuenta, en vivo y en directo, del tipo de gobierno y Estado con el que contamos y contaremos por muchos años.

Las FARC-EP, organización insurgente que lleva a efecto el diálogo, tiene que negociar con este gobierno insulso que todos conocemos, para llegar a algún sitial de paz. No hay alternativa alguna. Pero si miramos varios elementos que constituyen su accionar, el gobierno de Santos puede ser catalogado como algo poco serio, como un gobierno que no tiene ningún recato en mostrar no solo una catadura reaccionaria, sino también, ordinaria.

Lo anterior no solo lo hemos vivido históricamente, sino que continuamente se repite una y mil veces sin desparpajo alguno. Cuando Alfonso Cano estaba en los preliminares de las negociaciones con el gobierno Santos, este, en una actitud que debe ser condenada por la historia, ordenó su asesinato a pesar de que sabía que el jefe guerrillero estaba en una situación de indefensión total. Y después, ante los medios de comunicación, lloró de alegría. Ordinariez total, reaccionario hasta la médula.

Posteriormente, y en plenas negociaciones, el ejército colombiano continuó imparable su cacería de jefes guerrilleros, tal como se lo había propuesto el Estado con la asesoría de Israel y Estados Unidos desde el inicio del Plan Colombia, hasta que la guerrilla respondió a los bombardeos indiscriminados con el incremento exitoso de su accionar. Era pues la única salida posible al embate de un presidente que representa los intereses más oscuros de la clase dominante, lo cual generó, como siempre, una respuesta unificada de todos los medios de comunicación. Todos a una pusieron el grito en el cielo, y dedicaron largas horas a despotricar del proceso de paz. Todo un calvario programado con crucifixión a bordo.

Todos los actos de guerra de la insurgencia eran calificados de actos terroristas. Prisioneros de guerra eran sinónimo de secuestrados. Lo mismo de siempre. Los calificativos de las Farc en todos los informativos, entrevistas a militares y a personajes de la farándula política, nunca fueron distintos a "narcoterroristas, bandidos, narcotraficantes" y ello, sumado a las campañas de desinformación que mostraban a las claras que la guerrilla quería otro Caguán, llevó a que amplias capas de la población, tradicionalmente dominadas por el embrujo de los medios, rechazaran los diálogos desde el momento mismo que se iniciaron. Uribe, como cabeza visible del pensamiento oscurantista del país, fue el abanderado de dicha campaña, junto al procurador Alejandro Ordóñez. Desde las cavernas del pensamiento colombiano se pusieron todas las trabas posibles para que el diálogo se diera y culminara adecuadamente.

Tres años después, revisando detalladamente los acuerdos, se puede asegurar que los logros para el campo popular son pocos y por ende la resistencia de la oligarquía ya no es tan pronunciada; por el contrario, la derecha sí ha alcanzado objetivos, como son el silenciamiento de los fusiles con la tregua unilateral de las Farc, lo que ha posibilitado la inversión extranjera y el asalto al patrimonio de los colombianos como sucedió con la venta de Isagen y con la futura de Ecopetrol. Vendrán más ventas -o regalos como el pueblo denomina lo de Isagen- y más inversiones, pues el fantasma de la guerra, de los oleoductos rotos y las torres de energía derribadas, cesó.

Y en medio de todo ello, una medida aparentemente democrática: un indulto para 28 guerrilleros que no estaban acusados de delitos de lesa humanidad. Noviembre 22 fue la fecha de la novedosa y "popular" medida del gobierno de Santos, la cual vino a cumplirse el 22 de enero de 2016. Sin embargo el entorno del decreto es oscuro en tanto desde hace un buen tiempo las organizaciones defensoras de presos políticos habían pasado una lista de 71 prisioneros de guerra para que fueran liberados por motivos humanitarios en tanto son enfermos graves que no han recibido tratamiento médico en la cárcel, ante la cual el gobierno Santos no ha respondido. Y es que en el seno de las cárceles se juega a la tortura con la enfermedad, puesto que le proponen al preso enfermo -es una práctica común- que lo tratan siempre y cuando deserte de su organización.

Uno de los indultados, Wilson Antonio López Tamayo, salió de la cárcel tras dos años de haber sido capturado y su herida no haber sido tratada, según informa Sergio Guzmán, de la Corporación por la paz Nelson Mandela. Los 28 presos fueron liberados y ubicados en Bogotá, en donde fue tratado Wilson López pues su viejo problema de salud amenazaba con llevarlo a una amputación. Se libró de ella y se vino para Envigado, Antioquia, para acercarse a su familia y allí reposar hasta alcanzar su definitiva recuperación.

Varios días después del arribo, tres personas que se identificaron como integrantes de "La oficina", cuartel general del narcoparamilitarismo, le conminaron para que no se quedara: "por los medios de comunicación nos enteramos quién es usted, a qué se dedica y de dónde viene, para que mire a ver qué va a hacer porque por aquí no los queremos volver a ver", le advirtieron. Dos días más tarde lo llamaron y le informaron "de qué se iba a morir".

Envigado es un municipio situado a 11 kilómetros de Medellín, y se ha distinguido por muchas cosas, como por ejemplo su limpieza y su organización. Cuando alguien se adentra ve con asombro las calles limpias, bien demarcadas; los semáforos funcionan, y por ningún lado se observan habitantes de la calle, pues todos fueron declarados "personas no gratas" por fuerzas "oscuras" que en ese municipio subyacen, entre ellas "La oficina". Este municipio fue un gran bastión para Pablo Escobar en los tiempos en que este capo tenía poder político y gran aceptación social.

Envigado también goza, como pocos municipios de Colombia, de subsidios y otras prebendas para ciertos sectores de la población, lo cual lo hace ver como un municipio distinto y muy atractivo. Debajo de todo ello, debajo de esas aguas reposadas, se encuentra un submundo oscuro poco investigado por los entes de justicia y muy articulado con el poder local. Estos sectores intocables, en la actual coyuntura, muestran apuro en impedir hechos que puedan afectar la "paz" arriba descrita. En ese marco llegó Wilson, desprovisto de cualquier esquema de seguridad y mostrado hasta la saciedad por los medios de comunicación como uno de los jefes de las Farc’EP. Fotos, hojas de vida y datos de todo tipo de los presos indultados fueron pasados hasta la saciedad por los medios nacionales, como mostrando una mercancía que iba ser puesta a consideración de la sociedad, para que ella determinara que quería o tenía que hacer. No podía pues esperarse que "La oficina" aceptara a alguien a quien los medios señalaban como un peligro, pues su hoja de vida revolucionaria así lo indicaba.

En 2015, en una entrevista realizada en una de las comunas de Medellín, alias "La pantera" lo dijo abiertamente por televisión: "estamos esperando a que lleguen los reinsertados de las Farc para ocuparnos de ellos". Esto no causó escozor alguno; nadie en el país alzó la voz, salvo las organizaciones sociales y los defensores de derechos humanos. Para todo el mundo es claro que "La oficina" y "Los urabeños", otra organización similar a la primera, tienen sucursales en todas las comunas.

Wilson está escondido o por lo menos se está cuidando, lo que no puede hacer aún con su familia puesto que no hay recursos. A estas alturas de la negociación de La Habana, el gobierno no ha definido una política general de seguridad, ni económica, ni de albergue o reunión de hombres que están y estarán en proceso de transición a una sociedad que se supone los espera, no como hijos descarriados, sino como hombres que han tenido un ideal que persevera en su corazón, salvo que la forma de llevarlo a efecto ya es distinta: sin las armas.

La coalición Larga Vida a las Mariposas en su último comunicado de febrero de 2016 insta al gobierno nacional y a la fuerza pública a que brinde de manera urgente todos los esquemas y protocolos de seguridad, incluyendo el desmonte de las bandas criminales paramilitares que amenazan la vida de la población y, particularmente, la vida de las personas que inician un proceso de reintegración social en el marco de los diálogos de paz de La Habana, y en especial del señor Wilson Antonio López y su núcleo familiar. A su vez hablan de garantía de albergues, ayuda humanitaria de emergencia, casas de acogida y programas de reintegración, donde se les garantice la seguridad, el bienestar económico, la educación, la salud y la vida.

Todo indica que al gobierno solo le interesa el desmonte instrumental de la insurgencia, puesto que no hay un solo indicio de logística y presupuesto para lo que se viene a partir del 23 de marzo, máxime que a los indultados simplemente se les perdona la pena, pero quedan con antecedentes y sin ingresos. El resto de guerrilleros que se acojan a los acuerdos por lo menos tendrían una especie de salario, lo cual también está por definirse. Casi todo está pendiente.

Gran apuro e improvisación es lo que se nota en la última partida de estos diálogos. Esperamos pues que este caso emblemático no sea el preámbulo de un nuevo genocidio político, tal como sucedió con la Unión Patriótica en la década de los 90 con sus más de 4 mil mártires caídos en el altar de la intolerancia y del odio de clases.

Álvaro Lopera para la Pluma, 9 de febrero de 2015

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Actualizado ( Lunes, 15 de Febrero de 2016 01:29 )  

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