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Colombia: El poder de los cuarteles

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Los delitos que los agentes armados del estado cometen en el marco de la guerra en Colombia siempre se justifican como un mal menor, como una consecuencia no deseada, como un accidente que demanda la benevolencia de la ciudadanía.

La doctrina de la “seguridad nacional” y del denominado “enemigo interno” fomenta estas actuaciones criminales. Oficiales y soldados  pueden delinquir impunemente porque de principio se niega la condición humana del contrincante. Desapariciones, torturas, ejecuciones, espionaje a los opositores políticos y sociales (y ahora, hasta seguimiento ilegal a los mismos miembros civiles del gobierno), amenazas y toda suerte de prácticas contrarias al orden jurídico terminan siempre siendo justificadas y perdonadas en la práctica por jueces venales, aceptadas como mal menor por una opinión pública manipulada y encubiertas de mil maneras por los políticos del régimen y por el mismo gobierno que o promueve abiertamente esas conductas o hace la vista gorda cuando estallan los escándalos. En Palacio se sabe del enorme poder de los cuarteles pero también de lo útil que resultan los militares como eficaz instrumento para mantener  los privilegios de las minorías dominantes.

Además, la corrupción generalizada que afecta a las instituciones del estado parecía no producirse entre los militares. En tantas ocasiones había que reconocer que los uniformados cometías “excesos”, resultaban de gatillo fácil y se comportaban como la oveja negra de la familia pero eran unos muchachos honrados que se sacrificaban por la patria. Esa era al menos la versión más o menos oficial de las cosas hasta que esta semana la imprudencia de un par de oficiales de alta graduación echó todo abajo. Uno está implicado en el asesinato de dos campesinos inocentes que luego se presentaron como guerrilleros muertos en combate para cobrar recompensas; el otro, un general hasta ayer el máximo militar al frente de las tropas. Éste último le brinda al procesado su solidaridad y le invita a formar con el resto de los encausados “una mafia para combatir a los hijos de puta” de los fiscales a cargo del caso. Luego y en amena charla, el dialogo pone al descubierto la existencia de una espesa red de corrupción que incluye a los dos oficiales en cuestión y a no pocos colegas suyos, todos de alta graduación. La red permitía apropiarse de los fondos destinados al mantenimiento de la tropa, a la compra de avituallamientos y hasta la adquisición de repuestos y equipos destinados al enorme ejército del país (casi medio millón de soldados). Ambos conversan animadamente sin saber que sus palabras están siendo registradas y hoy forman parte del sumario; dan detalles precisos y nombres suficientes como para generar un verdadero remezón dentro de los cuarteles  y de paso dejan por los suelos el honor y la honra de la que tanto se ufanan los militares al compararse con los  políticos, esos “civiles” corruptos e incapaces que la ciudadanía identifica efectivamente como la encarnación de la corrupción y la ineficiencia. En realidad, unos y otros resultan entonces muy similares.

El presidente Santos – jefe máximo de los ejércitos - condenó airadamente a los implicados, destituyó ayer mismo a un grupo importante de generales y apartó a los militares de la investigación para que ésta sea llevada a cabo por funcionarios civiles. Y aunque en Colombia el funcionamiento de la justicia garantiza poco, el paso dado es al menos un mensaje a los cuarteles, a ese estado dentro del estado cuya lealtad al gobierno civil genera tantas dudas. Resulta impredecible saber cuáles serán las consecuencias de la disposición presidencial y si los investigadores tendrán el valor y los medios para ir hasta el fin en el establecimiento de responsabilidades. Pero el daño a los cuarteles está hecho y al presidente se le brinda la oportunidad de ganar un amplio margen de acción para aliviar la presión nada discreta de los militares ante un posible proceso de paz. La reacción de Santos en este caso parece mucho más decidida que la anterior frente a las escuchas ilegales a sus propios delegados en Cuba por parte del ejército (el escándalo de la semana pasada). Entonces, luego de denunciar el escándalo con duras palabras Santos desvió la atención afirmando que el estado puede espiar siempre que se haga legalmente -algo que nadie le discute- sin entrar en el meollo del asunto: el espionaje denunciado no solo viola todas las normas legales sino que pone en cuestión su propia autoridad. Cualquiera puede imaginarse que si los militares espían a los delegados gubernamentales en La Habana seguramente hacen lo mismo con el propio presidente.

El escándalo de la corrupción gana relevancia porque descubre una trama enorme de manejos delictivos en las filas de las hasta ahora tenidas como impolutas fuerzas armadas de la nación. Quienes desde la tribuna de los cuarteles abierta o solapadamente se oponen a los diálogos de paz alegando el riesgo que suponen para los valores patrios se ven ahora vinculados -como institución- a un caso vulgar de robo a gran escala. El asunto trae a la memoria al general Pinochet y sus uniformados, a los cuales se les llenaba la boca alegando ser la misma encarnación de la honradez y cuyos “excesos” (en realidad, crímenes) debían ser perdonados por su gran sacrificio en pro de la patria. Al final terminaron acusados no solo como los agentes siniestros de la guerra sucia contra su propio pueblo sino como vulgares ladrones. El dictador chileno, el primero de todos.

En pleno proceso de elecciones parlamentarias y presidenciales en los próximos meses y en la perspectiva de un posible arreglo político con la insurgencia a Santos se le brinda entonces la oportunidad de dar un giro importante en la relación tradicional entre el gobierno civil y los cuarteles. Un golpe de autoridad que sentaría un precedente de gran importancia en los momentos actuales. Los otrora ensalzados como “héroes de la patria” y a quienes se perdonan los peores crímenes (“excesos inevitables” a los ojos de muchos) resultan ahora tan corruptos como los políticos, esos “civiles” a quienes ellos tanto desprecian. Ahora, quienes sacan pecho de forma sistemática y se presentan como la institución que puede garantizar que la nación no perezca por efectos de la corrupción y la mano blanda tampoco pueden lanzar la primera piedra. Ni son tan eficaces (no han logrado realmente derrotar a la guerrilla) ni resultan tan honrados como se pensaba. Si se constata que al menos en los altos mandos no todo es tan impoluto y que el loado sacrificio por la patria recae sobre todo en la tropa y en la baja oficialidad los efectos pueden ser demoledores. Es todo un sarcasmo que mientras unos se exponen en la selva y se baten a muerte con otros colombianos de extracción social humilde como ellos -los guerrilleros- en las altas esferas quienes nada arriesgan (nunca van al campo de batalla) se aprovechan del generoso presupuesto destinado a la guerra para hacer negocios, llenarse los bolsillos y asegurarse un retiro descansado y feliz.

Llegar hasta las últimas consecuencias en este asunto le puede permitir a Santos hacer una limpieza si no total al menos muy importante (a juzgar por los muchos nombres que se mencionan en las grabaciones en manos de la fiscalía y que ha denunciado la revista Semana). El presidente tiene ventaja para negociar con los cuarteles sabiendo que dada la naturaleza del asunto no va a encontrar resistencias entre la tropa ni entre la oficialidad honrada que a estas horas estará indignada sabiendo que los fondos destinados para su bienestar y seguridad han ido a enriquecer ilegalmente a tantos de los que a diario les piden exponer sus vidas en unos campos de batalla que ellos jamás pisan.

En Colombia pocos confían en la justicia, y no les faltan motivos. Tampoco son muchos los que esperan algo espectacular de Santos en esta coyuntura. Los más realistas creen que el presidente es un político sagaz que mide bien los pasos y sabe hasta dónde puede llegar en sus relaciones con el  poder militar (o sea, que no irá demasiado lejos); no faltan sin embargo quienes en sus propias filas ven en Santos a un hombre indeciso, incapaz de grandes gestos, que no está a la altura del objetivo de paz y modernidad que ha propuesto al país. Para unos es un hábil jugador de cartas; para otros, alguien que mata al tigre pero se asusta con la piel.  Pero lo cierto es que los militares han quedado  mal ante esa parte de la opinión pública que ha confiado en ellos como una especie de baluarte que salva a Colombia del cáncer de la corrupción. Quienes “entienden” que asesinen campesinos no les perdonan que roben. El contenido de las conversaciones entre los dos oficiales y el lenguaje soez que utilizan rompe la imagen tradicional que se ha ofrecido siempre de las fuerzas armadas y- como ya ocurre con los “falsos positivos”-  el asunto refuerza la creciente opinión de que no estamos frente a ”manzanas podridas” o conductas aisladas sino frente a todo un sistema que viene de muy lejos y afecta todos los niveles de la institución.

Juan Diego García para La Pluma, 19 de febrero de 2014

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Juan Diego García (Cali, 1945). Doctor en sociología, Universidad de Frankfurt/RFA Reside en España desde hace varios años. Escribe una columna semanal que publican diversos medios. Corresponsal de La Pluma dice lo que el hombre calla...

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Palabras clave:Juan Diego García para La Pluma  Santos  Espionaje  corrupción  Militares  escandalo  seguridad nacional  enemigo interno  

Actualizado ( Domingo, 23 de Febrero de 2014 22:16 )  

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