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El Plan Colombia

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La justificación del Plan Colombia, y sus ramificaciones está relacionada oficialmente con la lucha antidroga. Sin embargo, en su origen (dato poco conocido) es una propuesta de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1998, presentada en las negociaciones de paz y acogida al mundo campesino de Colombia. Allí se encuentran las bases de las propuestas del campesinado históricamente ignoradas. Formalmente, el Presidente de la época, Andrés Pastrana, declara en Puerto Wilches que “la guerrilla podrá participar a la preparación, y ejecución de los proyectos del Plan Colombia”.

El objetivo del Plan es reconvertir la narco agricultura en cultivos legales y como consecuencia de ello, arribar a la paz e integrar a los combatientes a la vida civil.

Por sus antecedentes, anteriores al año 2000, el Plan Colombia toma en cuenta puntos de acuerdo ya existentes, entre el gobierno y las FARC, al momento de la apertura oficial de las negociaciones el 7 de Enero de 1999.[1] Recordemos además, que el gobierno Clinton ya había anunciado su voluntad de consagrar un financiamiento importante para la erradicación de la coca en el departamento de Putumayo, fronterizo con Ecuador. Conviene recordar que 80% de la cocaína consumida en EEUU proviene de Colombia. Los recursos solicitados al Congreso estaban destinados en su mayoría a la intervención militarizada, pues el narcotráfico era presentado como un atentado a la seguridad nacional de EEUU.

Es difícil imaginar un conflicto que lleva más de 60 años y que derivó en guerra interna con miles de muertos, torturados, desplazados y emigrantes, sin conocer los antecedentes históricos de esta larga lucha social. Manuel Marulanda Vélez (Tiro Fijo) se levanta contra el inhumano trato que la oligarquía rural sometía a los campesinos, en una campaña de tierra arrasada, exterminio de la población y ocupación de tierras; métodos con que se reprimía al campesinado y sus peticiones. Los primeros enfrentamientos comienzan en 1949 durante los gobiernos de Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez, y enseguida durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla y los gobiernos de la coalición política y electoral de liberales y conservadores del Frente Nacional que la sucede. En 1964 se produce el bombardeo contra la zona de autodefensa campesina de Marquetalia, llamada por sus enemigos “república independiente”. Luego viene el bombardeo del poblado Río Chiquito y la retirada de campesinos y guerrilleros a la selva. Son estos combatientes que finalmente rompen el cerco tendido por el ejército en el valle, iniciándose así la larga lucha de resistencia y reclamo por justicia social en el campo, fin de la explotación de los grandes latifundistas y justa distribución de la tierra. En esa acción de resistencia se funda la defensa del campesinado y a partir de allí se inicia la transición hacia la guerrilla cuya resistencia armada se ha mantenido por más de medio siglo.

La Agenda Común para una Nueva Colombia: un itinerario frustrado

En enero de 1999 se inaugura la llamada zona de distensión que comprendía los municipios de Mesetas, La Uribe, la Macarena, Villahermosa y especialmente San Vicente del Caguán. Allí tiene lugar la negociación entre las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana. Es la reunión que se conoce como de la “silla vacía”, por la ausencia de Marulanda, jefe de las FARC. En esa ocasión la guerrilla reivindicaría la memoria de la República de Marquetalia del año 1964, y la lucha contra el Plan LASO (Latin American Security Operation), que buscaba su exterminio. Confrontaciones entre el ejército y la guerrilla retrasan durante un año el encuentro entre Marulanda y Pastrana período en el cual, Guillermo Sáez Vargas del Secretariado de las FARC, representó el experimento político y social de 1964 y sus proyecciones bajo el nombre de Proyecto “Alfonso Cano”.[2]

Previo al encuentro una delegación de representantes del Congreso y del gobierno, además de miembros de la Comisión por la Paz de la guerrilla, integrada por los comandantes Raúl Reyes, responsable político, segundo de Marulanda, el Comisario por la Paz, Víctor G. Ricardo, visitó la Unión Europea. En esta visita, los gobiernos europeos acogen el mensaje de la guerrilla, que sostiene que la sociedad civil colombiana, y sus organizaciones, entre ellas las ONG, no han sido escuchadas. A no mediar un cambio fundamental, el Plan Colombia, en la versión del gobierno, expresan los delegados, llevará a la destrucción de cultivos lícitos –producto de las fumigaciones aéreas y el desplazamiento de campesinos y refugiados– al reparto ilegítimo de tierras, y la absoluta ignorancia sobre las verdaderas causas por las cuales los campesinos cultivan la coca y la amapola en áreas alejadas del mercado de consumo de alimentos o de los cultivos de renta orientados a la exportación.

El resultado inmediato de la gira europea es la realización de una reunión para la reconversión de la agricultura tradicionalmente orientada al narcotráfico; la cual se celebra en la zona desmilitarizada de San Vicente del Caguán bajo la copresidencia de los delegados noruegos y españoles. En esa ocasión la delegación europea expresó, después de escuchar a las partes, que no se podía apoyar un proceso en el cual una de estas –el gobierno colombiano– veía como solución final la eliminación de la contraparte. El plan debía ser reformulado, a partir de consensos políticos amplios sobre el significado de la paz. Sobre esa base podrían ser implementados los programas de reconversión de la agricultura y reconstrucción económica.

Esta convicción de la parte europea contradice dos principios centrales de la estrategia estadounidense y del gobierno de Uribe, que se instalaría dos años más tarde a saber, la seguridad se entiende como un subproducto de la intervención armada y las nuevas actividades, en el proceso de reconstrucción, deben someterse a procesos de privatización o subcontratación de actividades. Eso chocaba con la visión central de la parte europea en las negociaciones, a saber la participación de la sociedad civil en cuanto base de consensos políticos amplios. En términos prácticos para la cooperación internacional, la participación debía realizarse en el contexto de una conferencia destinada a planificar, coordinar y distribuir los fondos acordados para la erradicación de coca y amapola y la reconversión de la economía campesina.

Un acontecimiento político mayor delimitaría drásticamente las visiones sobre el conflicto mantenidas por EEUU y Europa. El 1 de febrero del 2001, el Parlamento Europeo emite una resolución sobre el Plan Colombia y el apoyo al proceso de paz (Cf. The Centre for International Policy, 2001). En el documento del Parlamento Europeo, se reafirma la dimensión social y política del conflicto y la certidumbre que las soluciones militares no conducirán a la paz. El Parlamento Europeo enumera los temas ineludibles de las negociaciones a saber, la reforma agraria; la concentración de tierras; el respeto de los derechos humanos; el derecho humanitario y las libertades fundamentales; la mejora de las condiciones de vida de la población local; el fomento de los cultivos de sustitución; la protección de la biodiversidad, y reformas estructurales en todos los ámbitos que alimentan el conflicto armado.

Los crímenes de los paramilitares son mencionados y se insta al Gobierno colombiano a proseguir su combate contra estos grupos. En la erradicación de los cultivos ilegales, se debe dar preferencia a las soluciones negociadas y concertadas, la reforma agraria y los cultivos de sustitución, así como a las acciones penales contra los traficantes y los blanqueadores de capitales. Todo ello implica la cooperación interregional en materia de control y represión del tráfico de estupefacientes, así como la lucha contra el blanqueo de capitales. En este último punto, la Unión Europea se compromete a apoyar la solicitud de Colombia de firmar la Convención de Estrasburgo.[3] La Resolución del Parlamento Europeo es un verdadero código de entendimiento propuesto a las partes y el proceso político que el gobierno colombiano debe respetar; proceso que se entiende ligado a la institucionalidad internacional.

Mientras los gobiernos daban a conocer sus posiciones y sensibilidades frente al conflicto, las FARC denunciaban la existencia de dos versiones del Plan Colombia. Una, según las FARC, era destinada al gobierno de Estados Unidos donde “la lucha contra el narcotráfico es colocada al mismo nivel que el combate de la guerrilla”. Otra versión, correspondería a un texto de carácter “reformista y asistencialista”. Llegan así las FARC al convencimiento que Pastrana “está enterrando las expectativas de paz del pueblo colombiano”. Entre las presiones de su propio ejército, constituido en vocero de los halcones de Washington, y del gobierno de EEUU, el presidente Pastrana pierde credibilidad frente a las FARC con las cuales había firmado la Agenda para la Nueva Colombia (6 de junio de 1999).

Las negociaciones con el gobierno de Andrés Pastrana concluyen en lo que se llamó La Agenda Común para una Nueva Colombia, firmada en La Machaca (departamento de Caquetá) el 6 de junio de 1999 entre el gobierno y las FARC-EP. Documento en el cual se aborda el tema fundamental de la búsqueda de una solución política al conflicto. Allí se evoca la protección de los Derechos Humanos, la Política Agraria Integral, la explotación y conservación de los recursos naturales, la estructura económica y social, la reforma a la Justicia, la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, la reforma política para la ampliación de la democracia, las reformas que requiere el Estado, acuerdos sobre derecho internacional humanitario y desvinculación de los niños del conflicto armado, el tema de las minas antipersonales, el respeto a la población civil, la vigencia de la normatividad internacional sobre derechos humanos, el Derecho Penal Internacional, las Fuerzas Militares y la defensa de la Soberanía Nacional, el paramilitarismo, las relaciones internacionales, la libre autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la integración regional, los tratados sobre aspectos económicos y la deuda externa (Cf. A. Sterling 2008).

En esta propuesta se reafirma la visión europea del conflicto, donde se condena toda forma de terrorismo. De parte de los dirigentes de las FARC se entendió que la Agenda de La Machaca avanzaba en obtener un reconocimiento “político y beligerante a la vez”. Por su parte el gobierno reconocía en la mesa de negociaciones la existencia de un conflicto interno, entre fuerzas armadas constitucionales versus fuerzas armadas revolucionarias. Si se asumía el carácter político del conflicto, significaba dejar de lado la antigua tesis de declarar a las FARC como delincuentes y trasladar por ese mismo hecho el conflicto a las instancias de la ONU para los efectos de reconocer a la guerrilla, en una primera etapa, como fuerza beligerante, para en una segunda etapa, abordar la Agenda política de Machaca. Bajo la presión de EEUU y de las FFAA colombianas, fue un paso que no se dio, dejando entrampado el conflicto en un Plan Colombia destinado a ganar la guerra contra la guerrilla. Así, el conflicto se prolongó indefinidamente, viéndose lejano aún el momento en que las dos fuerzas en conflicto se sienten a negociar–, sobre todo después del bombardeo del campamento de las FARC en Sucumbíos y los ataques en respuesta de la guerrilla.

Es importante recordar que en las negociaciones que rodean el Plan Colombia el presidente Pastrana mediante la Ley 418 había reconocido estatus político a las FARC. Es más, durante el encuentro Pastrana-Marulanda un grupo de juristas de varios países europeos se dirigió a ambos, expresando que en su criterio se “reconocía a las FARC-EP, a la luz del derecho internacional público, la condición de fuerza beligerante” (A. Cruz, 2005).[4] En la argumentación se hacía referencia a la Convención de Ginebra, así como a los protocolos adicionales I y II, ambos ratificados por Colombia. A ello se agregaba que las fuerzas insurgentes habían sustraído parte del territorio al control del gobierno, motivo por el cual se transformaban en sujetos de derecho público internacional. El informe de los juristas recuerda el tácito reconocimiento del presidente Pastrana cuando inicia conversaciones con el comandante Marulanda. Luego del fracaso de las negociaciones en julio de 2005 se constituyó en diciembre de ese mismo año un grupo de tres países que actuaron en calidad de “facilitadores”: Francia, Suiza y España, los cuales diseñaron una fórmula de despeje con garantía de la comunidad internacional. Mutuas desconfianzas y la campaña presidencial de Uribe que bregaba por un segundo período fueron determinantes en el desahucio de las conversaciones.[5] Además, lo que en un momento fue un apoyo del Presidente Chávez (13 de Enero de 2008) se esfumó en junio del mismo año cuando precisó que “la guerra de guerrillas pasó a la historia”, y que las FARC debían deponer las armas para no servir como excusa al Imperio. Se desvanecía así una alternativa que de haberse concretado hubiese colocado las negociaciones en la vía institucional, bajo la vigilancia de la comunidad internacional. Apuesta que sin duda no estaba en la lógica de guerra de los presidentes Bush y Uribe.

Las acciones del Estado han sido denunciadas nacional e internacionalmente como acciones terroristas. Isa Conde (2008) cita a Azalea Robles del Colectivo Latinos Unidos en su artículo “El Saqueo y el Terrorismo de Estado”, quien describe el dramático balance de 60 años de terrorismo de Estado con 4 millones de desplazados por el accionar criminal de un para-militarismo creado por el Estado; 6 millones de hectáreas robadas a los muertos y víctimas desplazadas, legalizadas a favor de los paramilitares por la “Ley de Justicia y Paz” de Uribe; 3.500 fosas comunes con miles de cadáveres de colombianos masacrados por los para-militares y el ejército; 11.282 colombianos asesinados fuera de combate por el ejército y los paramilitares; más de 2554 sindicalistas asesinados; 1,700 indígenas masacrados; miles de presos políticos torturados en las cárceles, decenas de muertes por asesinatos en cautiverio, “justificados” como “suicidios”; jaulas de castigo donde se practican modalidades monstruosas y crueles. Atentados contra pobladores barriales y masacres de campesinos falsamente atribuidos a las FARC; centenares de montajes judiciales contra militantes políticos opositores y luchadores sociales. Está claro que sin resolver el problema del terrorismo, sea este de Estado, y la respuesta de la guerrilla en los mismos términos, poco o nada se podrá avanzar.

Una alianza por la guerra

El apoyo norteamericano al proyecto de guerra contra la guerrilla del presidente Uribe, se otorga mediante certificaciones a que son sometidos los DDHH y la liberación de fondos correspondientes al 2004 y el levantamiento de la interdicción a las cuotas relativas al año fiscal 2005. Se elimina así la interdicción del 25% de la ayuda militar americana al gobierno de Colombia.[6] En septiembre de 2004, debido a graves acusaciones contra el gobierno Uribe por violaciones a los DDHH, interrumpieron la ayuda militar del Plan Colombia. Graves acusaciones contra el gobierno Uribe por violaciones a los DDHH habían interrumpido la ayuda norteamericana.[7] En su Informe Anual el Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos (2006), denunciaba la participación del Ejército en asesinatos de civiles en 21 de los 32 departamentos en Colombia. En muchos casos las víctimas eran presentadas como guerrilleros muertos en combate. Esto como parte de la complicidad que existía entre el ejército y los paramilitares. El Informe relataba que la desmovilización de unos 31 mil combatientes paramilitares, en 2003, había dado lugar al resurgimiento de nuevos grupos armados ilegales. Durante el año 2007 denuncias en los sectores rurales revelan de qué manera los campesinos han sido acusados de formar parte de las FARC o del Ejército de Liberación Nacional (ELN) –otro grupo guerrillero– justificando con ello toda clase de atrocidades y violaciones a los derechos humanos. En aras de la lucha anti guerrillas el gobierno de EEUU ignoraba las violaciones a los DDHH cometidas por el gobierno de Uribe.

Según la Agencia Bolivariana de Prensa, el gobierno, como parte de la política de “consolidación de la seguridad democrática”, desplegó una guerra química y militar en contra de campesinos mestizos, afro descendientes e indígenas.[8] Se señalan entre otros municipios objeto de estos ataques, Tumaco, Corregimiento de Llorente, Veredas Corosala, Mugui y el Azúcar, Rivera del Río Mira, además de ataques en la frontera colombo ecuatoriana y en el pie de monte de la costa pacífica nariñense, Municipio de Tumaco, Corregimiento de Llorente. Junto con desarraigar a los campesinos de sus territorios ancestrales se busca sembrar el terror, señalaba el Informe de ABP (Noticias 2007).

El financiamiento del Plan Colombia

En sus comienzos el financiamiento del Plan Colombia, fue anunciado oficialmente por el presidente Pastrana en septiembre de 1999, por un período de tres años, 2000 a 2002, esto es, cubría un año más que el proyecto original americano. Su evaluación ascendía a US$ 7 mil 500 millones, de los cuales US$ 4 mil 500 millones serían financiados por el gobierno colombiano, bajo diferentes modalidades: US$ 3 mil millones provenientes del presupuesto colombiano; US$ 900 millones de instituciones financieras internacionales y US$ 600 millones, bajo la forma de deuda financiada mediante bonos “por la paz” suscritos por empresas. El resto de los fondos, esto es, US$ 3 mil millones serían financiados, por naciones europeas, US$ 1 mil millones, para la reconversión agraria; US$ 2 mil millones, financiados por EEUU para la represión y la fumigación de los cocales (Plan Colombia. Fact Sheet, 2000). La administración de estos dineros correspondía al Fondo de Inversiones para la Paz, cuya misión era la reconversión de la narco agricultura a la producción de cultivos legales. Como se verá más adelante muchas de las cifras proyectadas fueron revisadas a la baja.

Este plan se anuncia en un momento en que la economía colombiana se recobraba de su primera recesión en 25 años, calificada como la más profunda en los últimos 70 años. En esa época el PIB, en medio de la crisis asiática, registraba en 1999 una caída de 3.5% y un desempleo el año 2000, de 20%. De allí la pérdida de confianza en la recuperación política y económica del país, y el riesgo que los desempleados se incorporaran a las filas del narcotráfico, de la guerrilla o de los paramilitares.

Un recuento de los aportes de EEUU, post presupuesto 2000-2002, demuestra que éstos fueron el año 2000 sólo US$ 1 mil 409,8 millones, esto es 590,2 millones menos que lo programado el año 1999 (The Centre of Internacional Policy, 2005). En cuanto a su composición, los fondos asignados a operaciones antidrogas representan 97.4% del presupuesto. En los años subsiguientes la proporción de gastos antidrogas es más baja. En el período 2003-2004, dichos gastos representan sólo, 89,2%. Para el año 2005 se estimó un presupuesto antidroga de sólo 83% del total de gastos (US$ 541 millones). Objetivamente los gastos militares son muy superiores a los otros ítems presupuestarios acordados por el Congreso de los EEUU. La distribución de los gastos en las cifras presupuestadas para el período 2006-2009 confirma esta política. En los años 2006-2007 el Congreso autorizó US$ 587 millones 114 mil, donde 78% corresponden a gastos militares y 22% a ayuda económica y social (Camilo González 2007: 13). Para el 2008 la cifra acordada es de US$ 585 millones 968 mil donde gastos militares y gastos civiles se distribuyen en una proporción de 76% y 24% respectivamente. En un período de 10 años, 1999-2008, se autorizaron gastos por alrededor de US$ 6.500 millones. Para el presupuesto 2009 se previeron US$ 545 millones 189 mil, desglosados en US$ 402 millones 823 mil destinados a la fumigación, entrenamiento y educación militar y asistencia anti-terrorista. US$ 142 millones 366 mil fueron destinados a fondos para el desarrollo (Sergio Gómez Maseri, 2008).[9] La crisis no ha pasado en vano. Para 2013 el gobierno de Obama prevé un recorte de casi US$ 67 millones o sea 15% de las cifras otorgadas en el presupuesto de 2012 que fue de poco más US$ 440 millones. En relación a los montos recibidos durante la administración Bush se nota una caída sostenida que llega a casi el 50 por ciento. La idea es que la administración colombiana asuma progresivamente los gastos del Plan, y un rol activo en la seguridad hemisférica. En contrapartida EEUU espera avances sostenidos en materia de “derechos humanos, desarrollo económico y social e imperio de la ley” (S. Gómez, 2012).

La lucha antinarcóticos en el presupuesto 2013 recibe US$ 142 millones comparado con los US$ 160 millones aprobados para el 2012. En ayuda social y desarrollo se invierten US$ 155 millones, es decir US$ 25 millones menos que lo previsto para 2012. El mayor recorte se observa en gastos militares donde bajo la cuenta Financiamiento Militar Extranjero se prevén US$ 30 millones, es decir US$ 14 millones menos que el año anterior. A eso debe agregarse US$3.5 millones para el programa de desminado y migración y US$ 1.6 millones para entrenamiento militar (Ibídem).

Los fondos del presupuesto colombiano destinados a proyectos del Plan son financiados mediante créditos externos y privatizaciones, adoptándose un verdadero programa de “ajuste estructural” destinado a equilibrar recursos y necesidades. El desajuste de las demandas de la sociedad civil, con relación a los tiempos con que el gobierno maneja el crecimiento del aparato productivo, crea conflictos sociales, que en los más de 10 años desde la operatividad del Plan el Estado colombiano ha sido incapaz de resolver. Lo cual crea inquietudes cuando el Imperio se enfrenta al “conflicto de menor intensidad” (LIC) de Colombia, que irradia en militarización e inestabilidad creciente, en países de la Región Andina de fronteras porosas como es el caso de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y a la cual se agrega Brasil. Países de interés vital para EEUU por sus recursos mineros, petróleo, gas, biodiversidad y en su calidad de reservorio de agua dulce de la humanidad.

El Plan Patriota

El Plan Patriota –culminación del Plan Colombia en 2005– busca consolidar Bogotá y Cundinamarca, como territorios libres de guerrilla, para lo cual se fortalece la concentración paramilitar de Colanta, al mismo tiempo se busca el aislamiento de la guerrilla en las grandes concentraciones urbanas de Bogotá, Cali y Medellín. El objetivo militar del Plan Patriota del gobierno de Uribe contempla la invasión a las selvas del sur del país, departamentos de Putumayo, Guaviare, Meta, Caquetá y Amazonas, cuya presión sobre las fronteras de Ecuador y Venezuela crea una situación de inestabilidad. Por su vocación el Plan Patriota es una propuesta política militar impuesta desde Washington y Bogotá que abarca la Región Andina en su totalidad.

En ese contexto se busca la calificación por los estados europeos de las FARC como movimiento terrorista. Paralelamente EEUU y Colombia, en el marco de la OEA, tratan de imponer la tesis de la “diplomacia preventiva” como variante política de las denominadas “guerras preventivas”. Del fracaso de esta propuesta surge el Plan Patriota o seguimiento del Plan Colombia bajo la coordinación del Comando Sur de EEUU y con claras proyecciones a toda la Región Andina y apertura estratégica hacia los recursos de la Amazonía cuyo control es fundamental para la vida humana y el desarrollo de la economía mundial en el siglo XXI, a saber agua, petróleo, gas, biodiversidad. En la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia, donde se produjo el ataque al campamento de las FARC en suelo ecuatoriano, existen instalaciones petroleras de importancia estratégica, a saber en la localidad de Orito en el departamento de Putumayo (Colombia) y el Oleoducto Trasandino en Lago Agrio en el departamento de Sucumbíos (Ecuador). La noción del Plan Patriota supone una lógica de guerra difícil de mantener en un frente extenso como el presentado por la guerrilla, lo cual no sólo obliga a conquistar territorios y amagar la retaguardia de las FARC, sino que además proporcionar seguridad a los territorios recuperados.

Las intenciones del Alto mando estadounidense, que en algún momento deberá evaluar Obama, se orientan hacia una lógica de guerra que el ex jefe del Comando Sur, James Hill resume expresando que “la guerra en Colombia no es solamente una guerra de Colombia, sino de todos sus vecinos y también una guerra para todo el mundo. A mí me parece –agrega Hill– que debe ser una pelea en la que participen todos los vecinos regionales. Espero que Venezuela se dé cuenta de ello”. El sentido de la alusión a Venezuela no es otro que subrayar la función de un eventual gobierno de oposición en connivencia con el ejército colombiano para cercar a las FARC en la región sur oriental de Colombia, departamento de Guainía, geografía de llano y selva de escasa presencia gubernamental donde aún su capital, Inírida, carece de energía la mayor parte del tiempo, pero que de cuyo control militar depende la proyección de operaciones hacia el territorio de los departamentos de Valpes y Caquetá. Visión guerrerista que supone un ejército binacional –colombiano-venezolano– destinado al aniquilamiento de la guerrilla colombiana.

El militarismo de influencia norteamericana es un dato central en la ecuación de poder de Colombia, pues significa irradiación en la Región Andina con efectos directos en Ecuador y Venezuela como países limítrofes. Por ser productores y comercializadores de coca, Perú y Bolivia resienten la inestabilidad de Colombia. La participación de Quito y Lima, como aliados potenciales, en el ensamblado general es central. Sin embargo, la visión crítica del militarismo norteamericano del Presidente Correa de Ecuador, así como su determinación de no reanudar el Tratado de la base de Manta, que expiró en 2009 deja al Perú como futura base de operaciones. Nótese que ninguna base instalada en territorio peruano ha sido sometida a controversias por los sucesivos gobiernos de Alan García y Ollanta Humala. La invasión de la fuerza militar colombiana en territorio ecuatoriano llevó a Venezuela y Brasil reforzar sus departamentos limítrofes para impedir que estallidos internos en Colombia irradien desplazados/refugiados hacia sus fronteras. En los hechos después de la liberación de Ingrid Betancourt arreció la ofensiva contra las FARC, escenario previsible dentro de la lógica militarista del gobierno de Uribe de la época.

Narcotráfico y seguridad nacional

La política internacional de EEUU en materia de narcotráfico se enmarca dentro de su gran visión geoestratégica de Seguridad Nacional Cooperativa y Hemisférica. La intervención americana parte del principio que el conflicto armado interno en Colombia afecta la Seguridad Nacional de EEUU. De allí la importancia que concede al Plan Colombia. Su visión global, sobrepasa las fronteras del Estado colombiano y su proyección es regional. La apropiación de la Amazonía y de los estratégicos bienes del tercer milenio a saber, agua, oxígeno, biodiversidad, emerge como parte de la Seguridad Nacional de EEUU.

Bajo el amparo de la OEA, y con la presencia preponderante de EEUU, el sistema interamericano ha alineado sus declaraciones a la reafirmación de los principios de la Seguridad Cooperativa Hemisférica, que comprende en un mismo proyecto Suramérica y Norteamérica –noción en oposición fundamental a la Seguridad Nacional Cooperativa Latinoamericana de clara raigambre bolivariana. La primera pertenece al poder imperial, donde lo global se impone a lo regional, donde lo militar a lo social y humanitario, en fin, donde la sociedad latinoamericana, y andina en particular, no constituye sino un elemento más de la Pax Americana.

En el esquema norteamericano la OEA es el gran mediador de la seguridad hemisférica, con lo cual se acomoda a los grandes designios de la Seguridad Nacional de EEUU, donde la lucha contrainsurgente es consustancial a la lucha antinarcóticos. Vulnerados sus derechos fundamentales, los civiles no combatientes pagan el costo de esta lucha. Se destruyen cultivos legales e ilegales, cuando la fumigación aérea arroja herbicidas químicos en los campos. Los daños medioambientales son cuantiosos; la población civil desplazada busca refugio en centros urbanos donde escasea el empleo. En zonas fronterizas dicha intervención, produce inestabilidad a la cual se suman los conflictos internos.

La asimilación de narcotraficantes y guerrilla, o “narco guerrilla”, pertenece al Pentágono y se aleja de la visión del Departamento de Estado. En un análisis geopolítico del Plan Colombia Yenisey Rodríguez (2002) escribe que en la década de los 80 las FARC eran grupos pequeños y aislados, dispuestos a negociar el fin de los enfrentamientos con el gobierno de Belisario Betancour “Sin embargo, escribe Rodríguez, en marzo de 1984 16 agentes del Grupo de Operaciones Especiales atacaron lo que resultó ser Tranquilandia, uno de los mayores centros de procesamiento y distribución de cocaína. Cerca de ahí se encontró el complejo La Loma, donde parecía haber presencia de las FARC”. Rodríguez relata de qué manera Lewis Tambs, embajador norteamericano “avivó la polémica en la víspera de la firma de la tregua y acusó al gobierno colombiano de estar pactando no con una fuerza política sino con narco guerrilleros”. Esto permitió a George H. W. Bush, entonces Vicepresidente, acusar a la guerrilla de narcoterrorismo con lo cual justificó el uso de las armas para eliminar el negocio de la droga.

Con la nominación del general (CR) Barry McCaffrey (2000), como el zar antidrogas de EEUU (i.e., Director de la Oficina de control de Drogas de la Casa Blanca), se privilegia la militarización en el control de la comercialización de la droga, por sobre los procesos socio-económicos que conlleva la erradicación del cultivo de la coca. En la concepción global de la lucha, EEUU se sirve del Plan Colombia como pivote de acciones regionales, donde se incluyen los países vecinos, esto es, Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú. Escenario propio de la Guerra Fría cuando surge la Doctrina Carter (enero de 1980) que declara el crudo del golfo Pérsico como de “interés vital” para Estados Unidos, el cual debe ser defendido “por cualquier medio necesario, incluida la fuerza militar”. Es lo que Bush aplica en el escenario de la Gran Colombia (Venezuela, Colombia, Ecuador), desde donde proviene 20% de las importaciones de petróleo de EEUU, siendo Venezuela el segundo abastecedor de petróleo bruto y Colombia el octavo.

El Documento de Santa Fe IV otorga a EEUU, el derecho de actuar solos, en caso necesario, contra “Estados peligrosos”, aún cuando el Estado que mereciere tal calificación, por la autoridad estadounidense, no hubiese incurrido en agresiones, con lo cual en último término, se consagra el principio de la guerra preventiva. El Documento en cuestión cita a México, Brasil, Canadá, Chile y Colombia, como ejemplo de socios democráticos con los cuales, junto a la seguridad, se puede proyectar la prosperidad y las oportunidades. La Cumbre de las Américas, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y las Reuniones Ministeriales de Defensa de las Américas, son consideradas como instancias del sistema interamericano que pueden ayudar a consolidar los objetivos de la Seguridad Nacional de EEUU en un sentido hemisférico.

Al enemigo de décadas, Cuba, se agrega Venezuela (Chávez), Bolivia (Evo), Nicaragua (Ortega) y Ecuador (Correa), pues han sido los países que han denunciado la militarización de la Región Andina y la complicidad de EEUU en el asesinato del comandante Raúl Reyes de las FARC en territorio ecuatoriano (01/03/08).

FUTURO INCIERTO

El Plan Colombia es parte de una idea política central que compromete al Estado y a la sociedad a través de sus instituciones, tanto en política interna como externa. Significa asumir las negociaciones de los últimos 20 años en una secuela de fracasos y frustraciones. El balance es una serie de cuestiones pendientes a saber, el desarme, la reinserción de los combatientes, la condición de las víctimas, no tan sólo de aquellas afectadas por crímenes de lesa humanidad y delitos comunes sino además la situación de la población desplazada, minorías negras e indígenas, con presencia sobre todo en las provincias del Cauca y Costa Pacífica, afectadas en sus derechos constitucionales convertidos en letra muerta. En otras realidades se han constituido comisiones de la verdad y el enjuiciamiento de los responsables, descartando de esa manera las amnistías e indultos indiscriminados. Sin resolver esas situaciones, paso previo a cualquiera alternativa viable de desarrollo nacional, no es posible pensar en la transformación del Estado. La prueba de tal transformación ocurrirá cuando sus instituciones puedan contener las nuevas relaciones sociales y políticas en el campo y la ciudad que surgirán en el camino de la paz.

En sus inicios el movimiento campesino, en las llamadas “repúblicas independientes” planteó un movimiento social que, con el correr de los años, por su repercusión en la vida de millones de habitantes rurales adquirió un carácter político central. Situación no reconocida como tal por las presidencias de Uribe y Santos. Aún cuando este último busca una proyección internacional en su gestión, que en Uribe fue esencialmente localista. Por otro lado, los esfuerzos de las FARC por constituir una base política urbana y nacional han fracasado. De hecho, nunca la guerrilla ha tenido un proyecto de refundación del Estado, pero, hecho clave, las acciones de guerra la llevaron a presentar durante la discusión de La Machaca y una Agenda Común del Caguán y posteriormente la Plataforma para un Nuevo Gobierno de Reconciliación y Reconstrucción Nacional, propuestas de carácter nacional que nunca realmente fueron discutidas, ni siquiera parcialmente. Es un error creer que el aislamiento político de las FARC constituye un triunfo para el actual gobierno y los anteriores. Error de la misma dimensión cuando los gobiernos de Pastrana primero (1999 y 2002), y Uribe después (2002, 2005 y 2007), buscaron sagazmente, centrar la discusión sobre las zonas desmilitarizadas como un sustituto de la argumentación política central. En este recuento de errores, tanto el Polo Democrático Alternativo (PDA) y el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR) estuvieron ausentes de la discusión sobre los temas fundamentales, lo cual ha sido decisivo para que se fuera profundizando el escenario de confrontaciones y el aislamiento político de las FARC. Aislamiento que de alguna manera tiene su explicación en los orígenes de su pensamiento político, esencialmente de resistencia social y donde nunca se presentó como un proyecto de poder dispuesto a tomar la conducción de la Nación.

El recientemente creado movimiento Marcha Patriótica (MP), constituido por numerosas organizaciones de la sociedad civil y el Partido Comunista de Colombia, retirado actualmente del Polo Democrático Alternativo, propone negociaciones de paz con las FARC en el marco de las elecciones generales de 2014 cuando bregará por representación parlamentaria. Esta iniciativa se sitúa en la ruta de las reformas constitucionales anunciadas por el Presidente Santos cuyo objetivo es la negociación de la paz en el conflicto. Un aciago recuerdo del pasado, pero muy real en el presente, fueron las negociaciones de paz de 1985 con el gobierno de la época, cuando representantes y miembros de la Unión Patriótica (UP), brazo político de las FARC, fueron liquidados por grupos paramilitares. Por primera vez en más de cincuenta años se situaría el conflicto en un marco político nacional definido, pues Marcha Patriótica promueve la redistribución de la tierra y el estatuto de Bienes Públicos para la salud y la educación y veto a las transnacionales mineras.

En el contexto actual las FARC por su historia y sus hechos, resulta políticamente inclasificable según los códigos en que se mueven los partidos en Colombia. Si en algún momento se pensó que la elección de marzo de 2010 serviría para sobrepasar la política de guerra y de fracasos de las gestiones de Pastrana y Uribe, los resultados demostraron que el electorado no veía otras alternativas que las tradicionales. La fuerza que aparecía con algunas ideas nuevas en relación al conflicto a saber, el PDA, no obtuvo sino un cuarto lugar en primera vuelta con escaso 9,13%, tras el Partido Social de Unidad Nacional de Santos con un tercio del electorado, el Partido Verde de Mockus (14.5%) y Cambio Radical de Vargas Lleras (10,11%). Resultaba más fácil para la gran mayoría de la población entender el mensaje de Uribe –Santos no se demarcaba aún de Uribe– que reducía el contenido político y social del combate de las FARC a hechos meramente delincuenciales y que debía combatirse, aún echando mano a los paramilitares como ocurrió durante su presidencia. En ese clima, se buscaba disfrazar el carácter terrorista del Estado, el mismo que en el pasado había inclinado la balanza a favor de las FARC en sus discusiones con el Parlamento Europeo.

Sin embargo, tres elementos permiten avizorar nuevos tiempos en la política colombiana. El primero es la actual propuesta de Marcha Patriótica y los anuncios de Santos sobre enmiendas constitucionales para el proceso de paz. Segundo, en su versión actual el Plan Colombia es un presupuesto de guerra, no apto para la paz. Proseguir en esa ruta es ignorar la Agenda para la Nueva Colombia firmada en el pasado. Por último, si la clase política prefiere seguir el mismo camino que ha perpetuado la guerrilla por más de 50 años, ello puede causar una herida incurable en Colombia que agote sus recursos y su juventud sin nada en cambio. Conciencia sobre estas bases abren paso a una nueva agenda política en la sociedad colombiana.

► Imágenes extraídas de la  Campaña Gráfica Plan Colombia de los colectivos Beehive Design Collective y La Colmena 

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Castillo Gómez, Luis. Carlos (2004, julio 11) El Estado-Nación pluriétnico y multicultural colombiano. Tesis Doctoral. biblioteca.universia.net/ficha.do?id=30798620-33k

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http://www.myspace.com/boletinmiguelenriquez

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http://www.aporrea.org/internacionales/a22699.html

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Notas

[1] Cf. Alain Joxe (2000 p. 151) se refiere al documento titulado, “Plan Colombia, una estrategia sin solución” OIDHACO, Bruselas, febrero 2000, donde se presenta un cuadro sinóptico comparativo de dos versiones del plan. La primera versión data de 1998 y fue base de las conversaciones con las FARC; la otra fue presentada a la Unión Europea. http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/oidhaco2.html

[2]Documento esencial acerca de las proyecciones del movimiento. Guillermo León Saenz adoptó el nombre de Alfonso Cano en la guerrilla. En mayo 2008, a la muerte de Marulanda (su nombre verdadero era Pedro Antonio Marín), fue nombrado jefe de  las FARC.

[3] La “Convención de Estrasburgo” (8/11/1990) define el delito de blanqueo, el cual se refiere, al ocultamiento y adquisición de propiedades producto de un delito; su origen y complicidad en el blanqueo. La Declaración de Principios del Comité de Basilea penaliza a bancos e instituciones financieras que realicen transferencias o depósitos de fondos de procedencia ilícita. Cf. Comité de Basilea, 12 diciembre 1989.

[4] Entre los autores que abogaron porque se reconociera dicho estatus a las FARC, están Alberto Cruz (2005), Leonardo González Perafán (2008) y Athemay Sterling (2008).

[5] Bajo la primera presidencia Uribe se promulgó la ley 782/02 relativa a la desmovilización de los paramilitares, en reemplazo de la Ley 418. Allí se prescribió que no era necesario calificar como político para que un grupo pudiera negociar su desmovilización. Se blanqueaba así la situación de los paramilitares. En un sentido literal dicha ley convenía a las FARC aún cuando en su intención distaba de considerarlas.

[6] 75% de la ayuda militar puede ser proporcionada sin necesidad de certificación por los DDHH. 25%, fue sometido a dos certificaciones que se otorgaron durante el año 2005 posterior al 31 de Julio.

[7] En marzo del 2004 el General Rito Alejo del Río fue exculpado de acusaciones de instigar grupos paramilitares. El Contraalmirante Rodrigo Quiñones había sido exculpado por la masacre de Chengue ocurrida en 2001. Se denunció la huida del lugar de reclusión del Mayor Cesar Alonso Maldonado, acusado de intento de homicidio del congresista Wilson Boria. Otras acusaciones se referían a denegación de justicia por el bombardeo de Santo Domingo; falta de progreso en la investigación de la Operación Dragón contra sindicalistas defensores de DDHH en Cali y miembros del Congreso; colaboración del ejército con grupos paramilitares y fracaso del gobierno para evitar masacres cometidas por paramilitares en zonas de fuerte presencia militar en los departamentos de Arauca y La Guajira.

[8] Más de una cuarta parte del territorio nacional reconoce las Entidades Territoriales Indígenas y Tierras Colectivas de Comunidades Negras. Luis Castillo (2004) reconoce que el estado de guerra en Colombia es un “obstáculo formidable para que negros e indígenas ejerciten las nuevas entidades territoriales…ellos resisten la guerra mediante estrategias (…) pacíficas.” Ver además Constitución de 1991. 

[9] Según S. Gómez (2008) estos fondos solo representan el presupuesto de gastos del Departamento de Estado. Existen otros fondos adicionales que administra el Pentágono a saber, US$ 140 millones adicionales, cuya naturaleza no se especifica hasta que finaliza el año para el que fueron aprobados.

Héctor Vega, especial para La Pluma, Politika y Tlaxcala, 26 de junio de 2012

*Hector Vega: Abogado (Universidad de Chile); Economista (Doctor de Estado en Ciencias Económicas, Universidad Aix-Marseilla. Doctor Tercer Ciclo Ciencias Sociales del Desarrollo, EHESS, París. Francia); Experto Naciones Unidad (FAO, OIT, DTCD-New York); Consultor Internacional; Economista Senior, Cooperación Suiza en Africa Occidental (1988 – 1993). Profesor universitario Universidad Arcis, programa Doctorado, Santiago, Chile; Director de Página WEB Fortín Maponcho.com

Palabras clave:Plan Colombia  lucha antidroga  narcotráfico  terrorismo de estado  

Actualizado ( Jueves, 18 de Octubre de 2012 23:44 )  

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