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El Sáhara Occidental y el futuro del orden jurídico internacional Testimonio ante la Conferencia de la ONU sobre Descolonización

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aut_1162BisNaciones Unidas, 23 de junio de 2016                  

Mi interés en el contencioso relativo al Sáhara Occidental proviene no solo de mi confianza en la justicia para el pueblo de ese país, sino también en las implicaciones que tiene para el derecho internacional y los principios en que se basa la Organización de las Naciones Unidas.

Estas implicaciones incluyen el derecho a la autodeterminación de los territorios no autónomos y la inadmisibilidad de que un país amplíe su territorio mediante el uso de la fuerza. Puesto que no soy originario del Sáhara Occidental, no tengo ningún interés específico en que el pueblo de ese territorio elija la integración en Marruecos, la independencia o algún tipo de autonomía dentro del Reino marroquí. Sin embargo, como territorio no autónomo, sí debe tener derecho a tomar esa decisión.

 

El Reino de Marruecos sigue contraviniendo una serie de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que piden al Gobierno marroquí que permita que el pueblo de ese territorio ejerza el derecho a determinar su propio futuro, incluida la opción de la independencia.

En lugar de ello, el Gobierno marroquí y sus aliados han venido promoviendo un denominado plan de “autonomía”. Esta propuesta está muy lejos de lo que se requiere para lograr una resolución pacífica del conflicto. Además, establece un precedente peligroso que amenaza los cimientos mismos del sistema jurídico internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Para empezar, esa propuesta se basa en la suposición de que el Sáhara Occidental es parte de Marruecos, argumento éste que ha sido rechazado por las Naciones Unidas, el Tribunal Internacional de Justicia, la Unión Africana y un amplio espectro de la opinión jurídica internacional. Aceptar el plan de autonomía de Marruecos significaría que, por primera vez desde la fundación de las Naciones Unidas y la ratificación de su Carta hace más de setenta años, la comunidad internacional respaldaría la expansión del territorio de un país mediante la fuerza militar y negaría el reconocimiento a un territorio no autónomo de su derecho a la autodeterminación, estableciendo con ello un precedente muy peligroso y desestabilizador.

Si el pueblo del Sáhara Occidental aceptara un acuerdo de autonomía, en lugar de la independencia, como resultado de un referéndum libre y justo, ello constituiría un acto legítimo de autodeterminación. Sin embargo, Marruecos ha declarado explícitamente que su propuesta de autonomía excluye, por definición, la posibilidad de permitir la opción de la independencia al pueblo del Sáhara Occidental, que mayoritariamente –según la mayor parte de los expertos internacionales– es favorable a la independencia total.

Aún cuando se adoptara una actitud que no tuviera en cuenta el derecho internacional, la propuesta marroquí plantea también una serie de problemas de tipo práctico:

En primer lugar, el respeto a la autonomía regional por parte de estados autoritarios centralizados ha sido históricamente bastante escaso y, a menudo, ha desembocado en un conflicto violento. Por ejemplo, en 1952, las Naciones Unidas otorgaron al protectorado británico (y antigua colonia italiana) de Eritrea, el estatuto de Estado federado autónomo dentro de Etiopía. En 1961, sin embargo, el emperador etíope revocó unilateralmente el estatuto de autonomía de Eritrea, anexionándola como decimocuarta provincia del país, lo que provocó una sangrienta lucha de treinta años por la independencia, y una serie de guerras fronterizas entre los dos países, que se cobraron cientos de miles de vidas.

Igualmente, la revocación unilateral de la autonomía de Kosovo, por parte del dirigente serbio Slobodan Milosevic, en 1989, condujo a una década de conflicto, una campaña de bombardeos de la OTAN de once semanas y un estatuto legal de ese territorio todavía no resuelto.

Teniendo en cuenta el historial del Reino de Marruecos de incumplimiento de sus compromisos con la comunidad internacional con respecto al referéndum ordenado por las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental y las obligaciones relativas derivadas del acuerdo de cese el fuego de 1991, hay escasos motivos de confianza en que Marruecos cumpla sus promesas de otorgar una verdadera autonomía al Sáhara Occidental. Además, una lectura atenta de la propuesta marroquí plantea también dudas sobre el alcance de la autonomía que se ofrece. Cuestiones tan importantes como el control de los recursos naturales del Sáhara Occidental y el cumplimiento de la ley (más allá de las jurisdicciones locales) se mantienen en la ambigüedad.

Además, dicha propuesta parece dar a entender que todas las competencias no conferidas explícitamente a la región autónoma seguirían siendo atribuciones del Reino. De hecho, dado que el rey de Marruecos está en última instancia investido de autoridad absoluta en virtud del artículo 19 de la Constitución marroquí, la insistencia de la propuesta de autonomía de que el Estado marroquí “mantenga sus atribuciones en los dominios reales, especialmente en lo relativo a Defensa, Relaciones Internacionales y prerrogativas religiosas y constitucionales de Su Majestad el Rey”, parece otorgar al monarca una gran libertad de interpretación.

Asimismo, Marruecos ha venido colonizando ilegalmente el Sáhara Occidental ocupado con decenas de miles de colonos. Al igual que en el caso de los colonos israelíes de Cisjordania y los Altos del Golán, el traslado de población civil de un país a territorio ocupado por las fuerzas armadas constituye una clara violación del Cuarto Convenio de Ginebra. Dichos colonos marroquíes superan ya en número a la población autóctona, que por lo tanto no podría ejercer el limitado grado de autogobierno que el Reino de Marruecos pudiera ofrecer.

Otra razón más para desconfiar del pretendido plan de autonomía marroquí es la infame situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado, donde cualquier expresión de sentimientos nacionalistas –exhibir banderas o símbolos, realizar protestas o cualquier otra manifestación pública– es brutalmente reprimida. He visitado más de setenta países, entre otros Iraq, bajo el gobierno de Saddam Hussein, e Indonesia, bajo el de Suharto, y nunca he visto un Estado policial peor. La ONG estadounidense Freedom House –que tiene un claro sesgo de apoyo a los gobiernos prooccidentales– ha calificado la situación del Sáhara Occidental como una de las peores del mundo en materia de derechos humanos. Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos reconocidas han publicado una serie de informes que critican con gran dureza los abusos cometidos por Marruecos en el terreno de los derechos humanos. La brutal represión, por parte de las fuerzas de ocupación marroquíes, de quienes apoyan la independencia no es sino una muestra de la falta de respeto del Gobierno marroquí por el bienestar del pueblo del Sáhara Occidental, por lo cual es tan apremiante la necesidad de dotar del mandato de supervisar los derechos humanos a la MINURSO, que actualmente es la única fuerza de paz de la ONU privada de esa competencia.

Algunos observadores consideran que la autonomía supondría un compromiso razonable entre la independencia y la integración, una situación en la que ambas partes saldrían ganando: por una parte, la aspiración saharaui de autogobierno; por otra el deseo marroquí de soberanía sobre el territorio. Sin embargo, a diferencia de algunos conflictos étnicos o disputas fronterizas donde esa “tercera vía” entre las demandas de dos partes constituiría una forma imaginativa de resolución de conflictos, el Sáhara Occidental es un caso claro de autodeterminación de un pueblo que lucha contra una ocupación militar extranjera. No se trata aquí de repartir las desavenencias a partes iguales, dado que una de las partes es un territorio autónomo bajo ocupación militar extranjera ilegal y la otra parte es un ocupante que desempeña efectivamente el papel de colonizador.

Esta es la razón por la cual la comunidad internacional rechazó las propuestas de Iraq, en 1990-91, de llegar a algún tipo de compromiso respecto a su ocupación de Kuwait, y también la razón por la cual el “proceso de paz” liderado por Estados Unidos en el conflicto entre Israel y Palestina, basado en la presunta necesidad de las dos partes de “llegar a un compromiso” sobre el alcance del control israelí sobre los territorios ocupados por Israel en la guerra de junio de 1967, no ha podido resolver el conflicto. El Frente Polisario ya ha ofrecido garantías de proteger los intereses estratégicos y económicos marroquíes si se le permite la plena independencia. Insistir en que el pueblo del Sáhara Occidental debe renunciar a su derecho moral y legal a una auténtica autodeterminación no es, por lo tanto, una receta para la resolución del conflicto, sino para un conflicto mucho más grave en el futuro.

La reciente expulsión ilegal del personal civil de la MINURSO y la incitación contra las Naciones Unidas por parte del régimen marroquí, en respuesta a la utilización, por parte del Secretario General de la ONU, de la palabra “ocupación” –a pesar de que ese término está ya incorporado en las resoluciones de la Asamblea General de la ONU y es de uso común entre los juristas internacionales– es solo una indicación de la falta de voluntad de ese Gobierno de cumplir con sus responsabilidades internacionales.

Marruecos ha logrado resistirse a cumplir sus obligaciones legales internacionales durante más de cuatro décadas gracias al apoyo de Francia y, en algunos de sus gobiernos, también de Estados Unidos. Como consecuencia de las amenazas de veto de Francia y Estados Unidos, el Consejo de Seguridad no ha podido incluir la cuestión del Sáhara Occidental bajo el Capítulo VII de la Carta de la ONU, que otorgaría a la comunidad internacional la capacidad de imponer sanciones u otras medidas adecuadas para obligar al régimen marroquí a acatar los mandatos de la ONU que hasta ahora no ha tenido en cuenta.

También Indonesia recibió un apoyo similar por parte de las naciones occidentales industrializadas, lo que durante muchos años impidió resolver la ocupación de Timor Oriental. Solo después de que organizaciones de derechos humanos, colectivos eclesiásticos y una amplia gama de activistas de Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia presionaran eficazmente a sus respectivos gobiernos para que dejaran de apoyar la ocupación llevada a cabo por Indonesia, sólo entonces accedió el Gobierno indonesio, por último, a permitir un referéndum que otorgó a los timorenses orientales su derecho a la autodeterminación. Puede que sea necesario llevar a cabo campañas populares similares en Europa y Norteamérica para conseguir que las potencias occidentales cumplan con sus obligaciones legales internacionales y presionen a Marruecos para que permita al pueblo del Sáhara Occidental ejercer su derecho a determinar su propio futuro.

Dada la falta de voluntad de Marruecos para asumir sus responsabilidades legales internacionales, su negativa a cumplir con sus obligaciones relativas al acuerdo de alto el fuego y el fracaso del Consejo de Seguridad de la ONU para hacer cumplir su mandato, el Frente Polisario ha amenazado con retomar la lucha armada. Como pueblo bajo ocupación militar extranjera en un territorio no autónomo al que se le niega el derecho a la autodeterminación, el pueblo saharaui tiene todo el derecho a la resistencia armada. Sin embargo, ello sería un grave error estratégico que solo beneficiaría a Marruecos y a quienes le apoyan, y debilitaría la capacidad del pueblo saharaui para atraerse el apoyo internacional que tanto necesita.

El medio más eficaz de resistencia sería el tipo de resistencia civil no violenta que ha derribado a docenas de regímenes autocráticos en las últimas décadas y liberado a las repúblicas bálticas de la ocupación soviética. Hemos visto ejemplos impresionantes de esa resistencia en el Sáhara Occidental ocupado en los últimos años.

Sin embargo, hay límites a lo que esa resistencia pacífica pueda conseguir, debido a que hoy la población autóctona ha sido ampliamente sobrepasada en número por los colonos marroquíes.

Pero aun así, la expansión de la lucha de resistencia no violenta en los territorios ocupados ofrece una oportunidad excepcional para que las organizaciones de la sociedad civil, a nivel internacional, tomen conciencia del conflicto, lo que podría proporcionar una solidaridad muy necesaria para la lucha por la libertad que se está desarrollando en el Sáhara Occidental. La resistencia civil no violenta y otras formas de no colaboración son una indicación importante para el ocupante marroquí y la comunidad internacional de que el pueblo del Sáhara Occidental sigue reclamando su libertad y no aceptará otra cosa que no sea una auténtica autodeterminación. Además, el empleo de estrategias de resistencia no violenta también facilita destacar las violaciones graves y sistemáticas del derecho internacional humanitario por parte de las fuerzas de ocupación marroquíes, obtener la simpatía y el apoyo de la comunidad internacional defensora de los derechos humanos y ejercer una mayor presión sobre los gobiernos francés, estadounidense y otros que siguen impidiendo una presión adecuada sobre Marruecos para que reconozca el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a determinar su propio futuro.

Hay un pequeño pero creciente movimiento en Europa que apoya el derecho del Sáhara Occidental a la autodeterminación, al igual que algunas iniciativas similares de la sociedad civil en Sudáfrica, otros países africanos, Australia, Japón y Estados Unidos. La creciente atención que se está prestando a la cuestión de la explotación ilegal de los recursos naturales del Sáhara Occidental proporciona a los defensores del derecho internacional y los derechos humanos un medio para presionar a los gobiernos y empresas que se benefician ilegalmente de la ocupación, señalándolos mediante campañas de boicot, desinversión y sanciones. En este punto, sin embargo, esos movimientos son demasiado pequeños como para tener un gran impacto en las políticas gubernamentales, en particular las de Francia y Estados Unidos, que son los dos gobiernos que tienen la mayor responsabilidad de que las Naciones Unidas no hayan hecho cumplir sus propias resoluciones para la solución del conflicto. Sin embargo, la situación puede cambiar. Hace poco más de veinte años, la actividad de la sociedad civil en los países desarrollados contra la ocupación de Timor Oriental era relativamente escasa, pero un crecimiento espectacular de ese activismo a finales de la década de 1990 desempeñó un papel importante que hizo posible, finalmente, la independencia de Timor Oriental.

Una campaña similar puede ser la mejor esperanza para la población del Sáhara Occidental y también para la salvaguarda de los principios fundamentales de la legalidad internacional establecidos tras la Segunda Guerra Mundial y consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

Si la comunidad internacional no puede cumplir con sus responsabilidades en esta cuestión, en la que los imperativos legales y morales son tan claros, ¿cómo va a poder abordar cuestiones aún más complejas? Si la comunidad internacional no puede defender el derecho fundamental a la autodeterminación, ¿cómo va a poder defender otros derechos humanos? Si la comunidad internacional no puede hacer cumplir una serie de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU relativas a una violación tan flagrante de la Carta de la ONU como que un Estado miembro invada, ocupe, se anexione y colonice un país vecino, ¿cómo va a poder hacer cumplir otras disposiciones del derecho internacional?

Lo que está en juego no es simplemente el futuro de un pequeño país, sino la cuestión de qué principio prevalecerá en el siglo XXI: ¿el derecho a la autodeterminación o el derecho de conquista? La respuesta podría determinar no solo el futuro del Sáhara Occidental, sino también el de todo el orden jurídico internacional durante muchas décadas.

Stephen Zunes

Original: Testimony on Western Sahara before the UN Conference on Decolonization, 2016

Traducido por Luis Portillo Pasqual del Riquelme

Editado por S. Seguí

Fuente : Tlaxcala, 8 de mayo de 2018

Traductions disponibles : Français 

Palabras clave:Sahara occidental ocupado  Ocupación marroquí  Derecho internacional  Descolonización  Naciones Unidas  Stephen Zunes  

Actualizado ( Lunes, 21 de Mayo de 2018 15:29 )  

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