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Colombia: Recrudecimiento de las agresiones en contra de los defensores de derechos humanos

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COMUNICADO DE PRENSA - EL OBSERVATORIO

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), expresa su profunda preocupación por el recrudecimiento de las agresiones en contra de los defensores de derechos humanos en Colombia, e insta a las autoridades a garantizarles medidas integrales de protección.

En lo que va del mes de febrero de 2013, el Observatorio ha tenido conocimiento de una intensificación de las amenazas y actos de intimidación en contra de defensores de derechos humanos en Colombia. Destacan en particular las amenazas en contra de las Sras. Gloria Amparo Suárez Yolanda Becerra Vega, directivas de la Organización Femenina Popular (OFP) en la ciudad de Barrancabermeja el pasado 11 de febrero. En los últimos meses, la Sra. Yolanda Becerra Vega ha jugado un papel importante en procesos locales y nacionales de la aplicación de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

El 12 de febrero de 2013, la hija de un defensor de derechos humanos del departamento de Sucre encontró una hoja que había sido arrojada debajo de la puerta de su casa y llevaba una amenaza de muerte enviada por correo electrónico el 9 de diciembre de 2011. Esta amenaza, firmada por el grupo paramilitar de las Águilas Negras y evidenciando la persistencia de las estructuras paramilitares en Colombia, iba dirigida en contra de la Sra. Ingrid Vergara y Juan David Díaz, señalando que “en la lista” le seguían los Sres. Adolfo VerbelVerónica MontañoAdil MelendresJorge VelásquezAlena MartínezCandelaria Barrios y Adriana Porras. En esta ocasión, los agresores habían impreso otro mensaje debajo de la amenaza original: “Ya que hicieron caso omiso a esta información procederemos con sus respectivas familias, a ver si les duele”.

Asimismo, el 13 de febrero de 2013, el vidrio panorámico del vehículo blindado con el que se desplazaba el padre Alberto Franco, Secretario Ejecutivo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), fue impactado en tres oportunidades con arma de fuego, mientras se encontraba estacionado frente a su domicilio. El Padre Alberto Franco está siendo objeto de seguimiento e intimidaciones desde el pasado 4 de febrero de 2013 cuando realizó unas declaraciones en medios de comunicación sobre el papel fraudulento de varios funcionarios del Gobierno del ex-Presidente Álvaro Uribe Vélez que imposibilitaron una actuación en derecho respecto a la devolución de predios colectivos en Curbaradó y Jiguamiandó.

Estos hechos recientes denotan un deterioro de la situación de seguridad de los defensores de derechos humanos en Colombia, y se enmarcan en un contexto caracterizado por la entrada en vigor de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el inicio del proceso de paz y la aprobación del fuero penal militar. Según el Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos “Somos Defensores” (SIADDHH)[1], en el 2012, 357 defensores de derechos humanos fueron víctimas de agresiones, lo cual representa un incremento de casi el 50% con respecto al año anterior. En ese marco, resulta sumamente grave el aumento del número de defensores asesinados, que pasó de 49 en el 2011 a 69 en el 2012. Lo cual significa que, en promedio, en el 2012, cada cinco días fue asesinado un defensor de derechos humanos en Colombia, y cada veinte horas fue agredido uno de ellos.

Ante esta situación, si bien el Observatorio saluda la sustitución del Programa de Protección por la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el incremento de la cobertura de las medidas físicas de protección otorgadas por dicha entidad, también deplora la insuficiencia de mecanismos de prevención y protección efectiva e integral por parte de las demás instituciones del Estado, así como la ausencia de avances en las investigaciones de casos de agresiones en contra de los defensores de derechos humanos.

Adicionalmente, el Observatorio expresa su preocupación por los obstáculos observados en el otorgamiento de medidas físicas de protección por parte de la UNP, destacando por un lado la falta de agilidad y coordinación en lo que atañe a la realización de los estudios de riesgo, y por el otro, la ausencia de medidas colectivas a favor de las organizaciones amenazadas.

Por lo tanto, el Observatorio solicita celeridad y diligencia en el otorgamiento por la UNP de las medidas físicas de protección a defensores, e insta a las autoridades colombianas a tomar todas las medidas necesarias para el desmonte efectivo de las estructuras paramilitares y la desactivación de los factores que generan riesgo. Asimismo, el Observatorio insta a la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación a investigar, enjuiciar y condenar a los responsables de las agresiones perpetradas en contra de los defensores de derechos humanos.

Finalmente, el Observatorio urge a las autoridades a tomar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio pleno e irrestricto de los derechos de los defensores de derechos humanos en Colombia, como los establece la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998.

El Observatorio, París - Ginebra, 22 de febrero de 2013

Contactos prensa:
• FIDH: Arthur Manet, Audrey Couprie: + 33 1 43 55 25 18

OMCT: Delphine Reculeau: + 41 22 809 49 39

Lea en La Pluma:

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Palabras clave:Colombia  Violaciones de DH  DIH  terrorismo de Estado  Defensores de derechos humanos  

Actualizado ( Viernes, 22 de Febrero de 2013 19:30 )  

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