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14 diciembre 2017 - 10:20
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Situación de derechos humanos en el nororiente colombiano durante el cese al fuego bilateral entre el gobierno y el ELN

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Equipo juridico PueblosBis

El presente informe, elaborado por el Equipo Jurídico Pueblos, hace visible la situación de derechos humanos en la región del Nororiente colombiano durante  el cese al fuego bilateral.

Humanizar las condiciones de la población fue uno de los objetivos principales del cese al fuego acordado entre el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno. De acuerdo con lo informado por los medios de comunicación se pactaron los siguientes compromisos.

Por parte del ELN:

• La suspensión de retenciones de nacionales o extranjeros.

• La suspensión de acciones de sabotaje contra la infraestructura.

• La suspensión de incorporación de menores con edades inferiores a las mínimas autorizadas por el Derecho Internacional Humanitario.

• La abstención en instalación de artefactos antipersonales que pongan en peligro la integridad de la población civil.

Por parte del Gobierno Nacional

• Fortalecimiento del sistema de alertas tempranas para la protección, e investigación de amenazas a líderes y lideresas sociales.

• Desarrollo de un programa de carácter humanitario para el mejoramiento de las condiciones de reclusión, seguridad y salud de los presos políticos del ELN.

• Aplicación de la ley que recientemente desjudicializó varios tipos de protesta social.

Una consecuencia natural del cese impone a las partes la no realización de acciones ofensivas, aunque no impide la defensa frente a éstas.

El presente informe, elaborado por el Equipo Jurídico Pueblos, hace visible la situación de derechos humanos en la región del Nororiente colombiano durante el cese, por lo que de acuerdo con nuestro enfoque y concepción, nos referiremos a las acciones estatales o auspiciadas por el Estado.

1- CONTINUIDAD DEL PARAMILITARISMO

Antes y durante el cese al fuego, el paramilitarismo es una realidad en la región del nororiente colombiano, las cuales opera a través de distintas estructuras, que en la actualidad están en un período de posicionamiento. Éstas, aunque catalogadas por la institucionalidad como “bandas criminales”, son: El Clan del Golfo, los Villacareros, los Escorpiones, las Autodefensas Gaitanistas, las Águilas negras y los Rastrojos-Urabeños, las cuales operan en norte de Santander y Cesar, mientras que en varios municipios de Santander continúan ejerciendo control social y militar al mando del sobrino de alias Botalón.

Estas organizaciones paramilitares, continúan actuando con anuencia de las autoridades civiles y militares de la región; situación que no ha variado durante el cese.

Pese a lo anterior, es importante señalar que el 27 de octubre de 2017 fueron capturados 14 presuntos integrantes del Clan del Golfo en el departamento del Cesar[1]. Sin embargo, es prematuro hablar de efectos determinantes de la aprehensión y judicialización de éstos, en punto de la desarticulación real de las estructuras paramilitares, evidenciando sí la presencia de las mismas en la región.

Es importante indicar que el no reconocimiento del paramilitarismo de Estado, sigue siendo la constante; una de las más fehacientes expresiones del negacionismo radica en la denominación de sus estructuras como “bandas criminales”, para desviar sus fines y operatividad.

Mientras persiste el desconocimiento de la relación estrecha entre estas estructuras y entidades estatales así como con las clases en el poder local, regional y nacional; la parapolítica se sigue desarrollando a sus anchas, especialmente en Santander, a través del Clan Aguilar, que proyecta a Richard Aguilar al Senado y a su hermano Mauricio (actual congresista), a la gobernación del departamento[2]

2- VIOLACIONES DEL DERECHO A LA PROTESTA SOCIAL

Durante el período del cese al fuego, dos grandes movilizaciones se han desarrollado en la región del nororiente colombiano. La primera de ellas, tuvo lugar entre el 11 y 16 de Octubre de 2017, y fue desarrollada por el Movimiento comunal y sector arrocero mediante el cual exigieron una serie de reformas básicas, en materia de salud, educación, infraestructura vial y cultivos de uso ilícito, además de estímulos a la producción y comercialización del arroz. La segunda, fue realizada entre 25 de Octubre y el 04 de Noviembre de esta anualidad, por campesinos organizados en la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana - Coccam.

Las acciones de protesta, estuvieron marcadas por la represión militar y policial. De acuerdo con las denuncias publicadas por el Equipo Jurídico Pueblos, el Coordinador Nacional Agrario, la Asociación Minga y la Red de Hermandad y Solidaridad, se tienen los siguientes hechos violatorios de este derecho de rango constitucional:

2.1. Represión, intimidación y actos de provocación

12 de Octubre (Ver Boletín No. 2. Sobre situación de derechos humanos https://derechodelpueblo.blogspot.com.co/2017/10/boletin-numero-uno-sobre-situacion-de.html)

En horas de la mañana el comandante de la Estación de Policía de la Ye abordó a varios campesinos para preguntar qué sucedía y el porqué de su desplazamiento hasta ese sector. El funcionario fue informado de la Jornada Nacional de Paro y se le indicó que allí iban a permanecer hasta tanto no se lograra llegar a acuerdos con el Gobierno departamental y nacional, precediendo a retirarse del punto.

En el sector, hace presencia el Ejército Nacional con tanques de guerra, hecho que intimida a las comunidades, máxime después de los últimos graves hechos ocurridos en contextos de protesta social, que han cobrado la vida e integridad de los manifestantes.

Si bien se encuentran a una distancia de entre 50 y 100 metros, su presencia constituye una violación al DIH, especialmente el principio de distinción.

Desde aproximadamente las 7:15 de la mañana está sobrevolando un helicóptero en el sector, lo que intimida a las comunidades que protestan por el reiterado incumplimiento estatal.

Desde tempranas horas, el uniformado “MURILLO” se acercó a la comunidad y manifestó “No queremos actos vandálicos” y posteriormente solicitó paso para mover las tanquetas y un personal que ubicó frente al punto de la movilización.

Hacemos un llamado a las autoridades para que respete el derecho a la protesta social y se abstengan de proceder, como en otras ocasiones, reprimiendo y dando tratamiento militar a quienes legítimamente levantan su voz inconforme y exigen los derechos que les han sido históricamente negados.

13 de Octubre (Ver Boletín No. 3. Sobre situación de derechos humanos https://derechodelpueblo.blogspot.com.co/2017/10/boletin-numero-dos-sobre-situacion-de.html)

8:30 am - El comandante de la estación de la Yé de astilleros, DAVID HERNANDEZ, sin justificación alguna y en una actitud de provocación, maltrató verbalmente a uno de los manifestantes del sector arrocero, obligándole a identificarse. Sus datos personales fueron objeto de registro.

A las 8:50 am - Sobrevoló un helicóptero de la policía nacional en el punto “El Pedregal”, donde se encuentra apostado el sector arrocero, desplazándose posteriormente hasta “La Unión”, sobre el lugar donde está concentrado el proceso comunitario, permaneciendo durante 15 minutos.

A las 9:00 am - En el punto La Yé de Astilleros, fue detenido arbitrariamente un manifestante, por miembros de la policía nacional, quien fue conducido hasta la Estación con supuestos fines de identificación, pese a que él exhibió su cedula de ciudadanía en el momento en que ésta le fue requerida.

A las 9:45 am - En el punto de concentración de la comunidad, ubicado en la vereda Oropoma en el municipio  de Ábrego sobrevoló un helicóptero del Ejército Nacional.

A las 4:00 pm a 4:15 pm –  Se realizaron sobrevuelos de helicópteros de la policía nacional, sobre los tres puntos de concentración de las comunidades.

A las 4:20 pm - En el punto de concentración ubicado en la vereda Oropoma en el municipio  de Ábrego, nuevamente se realizaron sobrevuelos de un helicóptero del Ejército Nacional. Durante la noche del día 12 de octubre (8.00 pm) hubo sobrevuelo de tres drones sobre este mismo lugar.

2.2. Estigmatización y Amenazas

En su cuenta de twitter, el 13 de Octubre, Álvaro Uribe Vélez, escribió sobre el paro regional: “Regreso al pasado: “porque guerrilleros disfrazados de campesinos se tomaron la vía Ocaña-Cúcuta y sin Estado nos toca decidir no viajar”

Por su parte, el Ministro de Defensa por medio del Gobernador del Norte de Santander, el 13 de Octubre, envió un mensaje a las y los campesinos movilizados en sentido que debían garantizar el derecho a la libre locomoción, dado que se encontraban apostados en varios puntos de las carreteras de la región.

De igual manera, según información publicada por Ascamcat “Líderes sociales recibieron amenazas vía WhatsApp. Desde el inicio de la movilización [25 de Octubre], los líderes han recibido amenazas de muerte anónimas, en estos mensajes se acusa a los líderes de ser guerrilleros y se les intimida para que dejen la movilización. Además, dieron a conocer sobre el seguimiento contra los voceros de la Mesa de Interlocución y Acuerdo, hombres sin identificarse han asediado las viviendas de los voceros campesinos que se han hecho visibles por expresar el pliego de los campesinos movilizados”[3].

2.3. Agresión contra manifestantes

De acuerdo con la nota de prensa publicada por Colombia Informa, los campesinos agrupados en la Coccam, fueron violentados por la fuerza pública tras menos de 24 horas del inicio del paro[4], a través del Escuadrón Móvil Antidisturbios - Esmad.

Las organizaciones Ascamcat, Marcha Patriótica y la Coccam, denunciaron que “En el sector conocido como la Y de Sardinata, en la vía que conduce de Cúcuta a Ocaña, desde un vehículo en movimiento se disparó un arma de fuego contra de los manifestantes. Pese a las denuncias inmediatas del campesinado y a la amplia presencia de fuerza pública en el área, actualmente no se ha dado con el paradero de los responsables de esta acción”[5].

2.4. Algunas conclusiones rápidas

La militarización de la protesta social, expresada en sobrevuelos de helicópteros del Ejército y la policía, así como las acciones de inteligencia (fotografías, registro de manifestantes, entre otros) y la agresión física, sumado a los permanentes actos de provocación, constituyen acciones que intimidan y causan daño a la población. Son formas de violencia que buscan desestimular o desarticular el ejercicio de un derecho fundamental.

La obtención de información sobre los manifestantes, es otro de los hechos que generan preocupación a las comunidades, si se tiene en cuenta los varios antecedentes de víctimas de detenciones y montajes judiciales, que han sido encarcelados luego de su participación en acciones de protesta comunitaria.

De igual manera, es objeto de intranquilidad, la estigmatización a la que sigue siendo sometida la población que se moviliza, por parte de sectores políticos en el poder; pues da cuenta del arraigo aún vigente de la “ideología contrainsurgente” que ha convertido en “enemigo interno” a amplios sectores populares del país.

Asimismo, las amenazas de ingreso del ESMAD o la respuesta brutal de la “principal fuerza del pos-conflicto”, usadas en el marco de la protesta, son muestras de una reacción “natural” violenta y primaria del Estado frente a las reclamaciones de la sociedad; la segunda, son los acuerdos incumplidos.

3. LA FALSA PROMESA DE DES-PENALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

Son diversas las formas de criminalización de la protesta y el movimiento social en general. No sólo por aquellas conductas contempladas en tipos penales de lo que se llama la Ley de seguridad ciudadana (art. 43 a 45), han sido encarcelados o judicializados, las y los manifestantes en este país. Punibles de mayor entidad (en términos punitivos) han sido imputados a quienes participan en la protesta social: Rebelión, terrorismo, asonada, lanzamiento de sustancias peligrosas, daño en bien ajeno; Fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos, entre otros.

En la actualidad, cursa un proyecto de ley, el 014 de 2017, mediante el cual se propone solamente la des-penalización del punible contemplado 353A del código penal (obstrucción a vías públicas), bajo los siguientes argumentos:

Se propone descriminalizar el artículo 353A que en su momento fuera introducido por la Ley de Seguridad Ciudadana -1453 de 2011- y que contiene la conducta de Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público. La razón de esta descriminalización que se pone a consideración, está en el carácter fragmentario del derecho penal con miras a que sólo se sancionan aquellas conductas más graves, más lesivas, en relación con el bien jurídico que se pretende proteger y que este caso es el de la Seguridad Pública.

Así, teniendo como referente que al momento de crear esta norma, en la exposición de motivos de la que a la postre fuera la Ley de Seguridad Ciudadana, se dijo que tenía como propósito materializar la política criminal del Estado contra el terrorismo y la criminalidad organizada, debido a su gran potencialidad para afectar gravemente la paz y la seguridad pública al ser los medios empleados para minar las bases del Estado de Derecho y afectar a los ciudadanos en su vida, honra y bienes, hoy se considera que el comportamiento que consagra el artículo 353A es un tema de Policía que no debe hacer parte del Código Penal, y que debe ser analizado, bajo esta óptica, en el marco de los límites constitucionales y legales del derecho a la protesta social y sólo deben estar en el Estatuto Punitivo aquellos actos que, fruto de la conducta que hoy se descriminaliza, sí alcanzan a ser delito y que se encuentran recogidos en otros tipos penales, como podría ser el daño en bien ajeno, la perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial, el constreñimiento ilegal, entre otros[6].

De lo anterior se desprende que el problema de criminalización primaria de conductas usadas comúnmente por las comunidades para expresar su inconformidad, no se ha resuelto, ni lo será tampoco de ser aprobado como ley el proyecto 014 de 2017 (el cual acaba de surtir su primer debate en el senado), pues éste sólo despenaliza, como se observa, un solo tipo penal, quedando en firme otros igualmente representativos para el movimiento social, entre éstos, la perturbación en servicio de transporte público.

Sumado a lo anterior, se tiene que la despenalización del artículo 353 A del código penal, no determina en la reducción o eliminación de la práctica estatal de judicializar y detener arbitrariamente a integrantes del Movimiento social (criminalización secundaria), como acto de retaliación por su condición de tal; aun cuando los hechos y/o las conductas, en apariencia no lo reflejen. Sobre este tema, espere, informe nororiental de derechos humanos 2017.

En relación con las disposiciones contenidas en los Acuerdos de Habana, la Ley 1820 de 2016 y el Decreto 177 de 2016, en relación con la renuncia de la acción penal frente a conductas perpetradas en contextos de protesta social, se tienen varias dificultades derivadas de la redacción ambigua de estas disposiciones que condicionan las conductas a su conexidad con el delito político; de lo cual podría inferirse varias conclusiones complejas:

1- Que la protesta en Colombia, ha estado direccionada por la insurgencia y -no como lo es- una acción propia de sectores sociales inconformes.

2- Que sólo podrían ser beneficiarios de estas medidas de alternatividad penal o con la renuncia de acción penal, aquellas personas que reconozcan haber tenido relación con la insurgencia de las FARP-EP (como parte del Acuerdo), dejando por fuera a las grandes mayorías que acuden a las calles a protestar. 

4- CAPTURA Y JUDICIALIZACIÓN DE SUPUESTOS MIEMBROS DEL ELN

Durante el cese al fuego, en la región del nororiente colombiano, han sido detenidos y judicializados dos supuestos miembros del Ejército de Liberación Nacional: Isidro Romero Ropero[7] y Omar Yesid Rosado Cárdenas[8].

5- LAS CÁRCELES DURANTE EL CESE

Las cárceles del país se siguen caracterizando por las condiciones indignas de reclusión que afectan a presos políticos y sociales por igual, siendo inaceptable el sometimiento a ellas, para cualquier ser humano.

Si bien abordaremos la situación denunciada por los detenidos en el establecimiento penitenciario y carcelario de Girón – Palogordo, lo cierto es que la situación es generalizada. No existe un solo centro de reclusión de Colombia que presente condiciones acordes con los derechos humanos.

a- Derecho a la alimentación. En un reciente comunicado los presos políticos y sociales de Palogordo denunciaron irregularidades en el cumplimiento del contrato de alimentación que afecta a la totalidad de la población reclusa. De acuerdo con la información difundida, en la actualidad no se cumplen con los horarios en que deben ser suministradas las comidas, prolongando los espacios en tiempo en que se consumen los alimentos por parte de los detenidos; lo que puede conllevar posteriores problemas en salud.

“PRESOS  DE  PALOGORDO DENUNCIAN IRREGULARIDADES EN EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS

Los presos de la cárcel de Palogordo (Girón) denunciamos públicamente a la empresa MACSOL por el incumplimiento en el suministro de alimentos. De manera injustificada no cumplen con los horarios  establecidos de distribución de comidas a los diferentes patios. Esta situación se presenta desde abril de este año, fecha en que MACSOL asumió el contrato en este penal.

Lo anterior ha conllevado a que el menú establecido en la minuta se sirva a destiempo, precisando que permanecemos períodos prolongados sin recibir alimentos con los consecuentes problemas de salud que esto implica. De esta problemática tiene conocimiento la Subdirectora de la cárcel, además del ingeniero de la empresa, tal como consta en actas de las reunión con la empresa contratante.

Solicitamos la intervención inmediata  la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, Procuraduría Regional y organizaciones defensoras de los derechos humanos para actúen de manera pronto y contundente. De igual manera hacemos un llamado a  los medios de comunicación para que nos abran los espacios para que los presos podamos denunciar toda la problemática y violaciones sistemáticas de los derechos humanos de que somos víctimas los seres humanos que estamos privados de la libertad en la cárcel de girón.

17 de noviembre de 2017

Presos Políticos y sociales de Palogordo

Movimiento Nacional Carcelario”[9]

De otra parte, los presos políticos y sociales recluidos en el EPAMS - Ocaña, denunciaron que permanentemente reciben alimentos en descomposición generando recurrentes afecciones gastrointestinales. Indican en su comunicado reciente que “La situación es tan crítica que la mayoría de los presos pasan toda la semana sin comer por miedo a envenenarse o intoxicarse, ya que el nivel de descomposición en el que nos entregan la comida, es tóxico para el organismo”; ello se suma a un hacinamiento que estiman en el 200%, entre otras problemáticas[10].

Por otro lado, los presos políticos y sociales de Acacías denunciaron las condiciones insalubres en que son preparados los alimentos. Hace unos días, detectaron una rata dentro de la sopa que les fue suministrada.

Una de las causas estructurales al problema de alimentación que actualmente se presenta en las cárceles del país, tiene relación directa con la tercerización de este servicio, convirtiendo en un negocio, lo que es un derecho fundamental de la población reclusa.

b- Derecho a la Salud. La falta de asistencia médica oportuna, la imposibilidad de acceder a atención inmediata por un especialista, el represamiento de cirugías y la ausencia de tratamientos idóneos a cualquier enfermedad en prisión, es una realidad.

En el período del Cese bilateral, a pesar de las promesas del Gobierno de desarrollar un plan de atención humanitaria a los presos políticos del ELN, desde Palogordo se denunció que “…JORGE IVÁN IBARRA ROJAS preso político del Ejército de Liberación Nacional - ELN, (…)defeca sangre cada vez que va hacer sus deposiciones, su salud cada día se deteriora y está más bajo de peso con el pasar del tiempo, hemos acudido a las directivas del establecimiento EPAMS - Girón para que el compañero sea llevado a Bucaramanga donde un especialista y le brinde un tratamiento idóneo para la patología que presentan”[11].

Hasta el momento, no ha recibido atención alguna.

La lista de detenidos con requerimientos en salud, es larga. A continuación, se hace pública la misma, con expresa autorización del colectivo de presos político:

1. John Jairo Castrillón; patio 8. Problemas de columna, renal y colon

2. Omar Sarmiento; patio 8. Quiste en testículo. Esquirla de granada. Problemas de artrosis

3. Isahuri Cierra Naranjo, patio 3. Trauma cebero, hombro izquierdo, cirugía pendiente.

4. Samuel Andrés Mira Álzate, patio 3. Problemas de desviación de tabique y rinitis, tutela fallada a favor, incumplida.

5. Wilfrido  Vargas Tarrifa, patio 3. Problema de columna, riñones, colon y próstata. Dolor constante en la amputación del brazo izquierdo.

6. Martin Emilio Rodríguez Villamizar, patio 3. Problemas de colon y tensión alta. Problema de rodilla izquierda.

7. Víctor Elías Maestre Rodríguez, patio 3. Problema del bazo derecho hombro. Hipertensión arterial parestesial crónica.

8. Desiderio Bautista Ortiz, patio 3. Cataratas, afecciones de colon, rodillas.

9. Juan Carlos Tarazona, patio 3. Úlcera crónica, dolor en la cintura constante.

10. José Ernesto Galvis Suarez, patio 3. Cataratas en ojo izquierdo, pérdida de la visión, diabetes, mala circulación en la sangre.

11. Jesús Antonio Londoño Herrera, patio 3 hernia. Problema de columna.

12. Wilson Velázquez Castillo, patio 3. Esquirla en pierna derecha.

13. Benedicto Sierra Valencia, patio 3. Esquirla en la rodilla derecha.

14. Jonatán Estiben Infante Badillo. Dolor e inflamación en la ingle izquierda

15. Luis Alberto Herrera Carranza, patio 3. Problemas de colon y colesterol

16. Geovany Cáceres Cáceres, patio 3. Requiere cirugía de tabique y extracción de fistula del oído izquierdo, tratamiento de ortodoncia pre quirúrgico y cirugía maxilar

17. Jon Fernando Villegas Nieto, patio 3. Extracción de proyectil de arma de fuego en la ingle parte derecha.

18. Abdón Manrique Manrique, patio 3.  Problemas de triglicéridos y colesterol

19. Alberto Bastos Bastos, patio 3. Problema de columna y esclerosis.

20. Joaquín Gómez Quiñonez, patio 3. Problema de terigio de los dos ojos, requiere tratamiento de ortodoncia

21. Juan Carlos Páez, patio 3. Problemas de colesterol, triglicérido, hipertensión arterial.

22. José Alejandro Chinchilla, patio 3. Problema del colon, ulcera, hongos en la cara, hemorroides, problema en la nariz, infección en riñones.

23. Marco Antonio Rodríguez Orjuela, patio 3. Problemas de gastritis, colon y triglicéridos.

24. Douglas Jiménez Hernández, patio 3. Problemas de colon, articulaciones y conjuntivitis.

25. Carlos Julio Tirado Hernández, patio 3. Problema visuales.

26. Hernán Lizcano Rojas, patio 3. Enfermedad visual y de la columna 

27. Luis Alberto Castaño Estrada, patio 3. Problemas odontológicos.

28. Osvaldo Miguel Pérez Gallego, patio 3. Requiere valoración y tratamiento por oftalmología.

29. Humberto Manjarrez Hernández, patio 3 varicocele y úlcera.

30. Miguel Ángel Monterrosa, patio 3. Impacto de bala en la rodilla izquierda y extracción de proyectil parte de la ingle lado izquierdo, problema de vista

31. Ibaldo Correa León, patio 3. Atención por dermatología.

c- Violación del derecho a la huelga. En el EPAMS-Girón, no se han registrado hechos violatorios del derecho al a huelga en el último mes y medio. Sin embargo, si se han ocurrido en otros centros de reclusión. De acuerdo con información recibida del Establecimiento de reclusión de Pasto, en retaliación a la huelga que se realizaba por los detenidos en protesta por múltiples problemas que afectan su dignidad, vida e integridad; el día 24 de Octubre de 2017, se realizó un operativo de la guardia penitenciaria en el marco del cual se destruyeron sus pertenencia, los alimentos almacenados por los internos (café, aceite, yogurt, etc.) fueron pisoteados y vertidos sobre los colchones y ropa. Igualmente se les amenazó con restringir el derecho a la visita si continuaban con la jornada.

d- Violencia intra-carcelaria /seguridad. El 10 de noviembre, detenidos del complejo penitenciario de Jamundí denunciaron que “JHON LEYTON preso político del Ejército de Liberación Nacional - ELN, fue víctima de un ataque a cuchillo por parte de otro interno, recibiendo tres puñaladas por la espalda el día 7 de noviembre a las 10:00 am, cuando realizaba su labor de aseador en el área de la cancha de futbol del bloque 2, a la fecha, cumple 3 días de estar hospitalizado”[12].

Tal como ya fue objeto de análisis en una columna de opinión por parte del Equipo Jurídico Pueblos “Es común escuchar que sobre este tipo de hechos, la responsabilidad del Estado se concreta exclusivamente en la omisión de medidas eficaces para proteger la vida e integridad de las y los presos del país, en particular de las y los presos políticos; o que son consecuencia de la supuesta incapacidad de la autoridad penitenciaria para gobernar los penales. Sin embargo, la situación merece otras miradas y análisis. La violencia intracarcelaria, no es un asunto que deba atribuirse exclusivamente a problemas de convivencia entre internos. Es un fenómeno provocado y permitido intencionalmente por la Institucionalidad, como forma de resolución de conflictos sociales, dirigiendo a través de terceros (conscientes o inconscientes) mecanismos de eliminación de los excluidos. En las prisiones, igual que en barrios populares, en las calles de las ciudades, entre otros espacios, se potencia la violencia letal entre los oprimidos, mientras se salva a la fuerza represora del Estado de su acción -muchas veces exteriorizada- de exterminar a su adversario de manera directa. Una forma de criminalidad estatal que debe visibilizarse, evitando desviar las miradas hacia responsables aparentes”[13]

Es importante indicar a partir de los antecedentes frente a este tipo de situaciones, dos cosas más:

a- La autoridad penitenciaria ha resuelto los problemas de seguridad, no a través de una adecuada clasificación de la población reclusa, sino del aislamiento o el traslado de la persona cuya vida corre riesgo. Alternativa inadmisible si se tiene en cuenta que existen otras concepciones y medidas que en esta materia impactan en menor grado, los derechos humanos de las y los detenidos.

b- La ubicación de reclusos en pabellones donde tiene problemas de seguridad, se ha usado como mecanismo de castigo por parte de la autoridad penitenciaria. Este tipo de imposiciones, conlleva al aislamiento “voluntario” de los detenidos, que optan por evitar espacios colectivos, como medidas de autoprotección. Al respecto, no se han adoptado medidas preventivas, pese a que la práctica ha sido visibilizada en diferentes informes.

Varios de los anteriores temas, serán ampliados en el informe sobre derechos humanos 2017.

Notas:

[1] http://atlinnovacion.com/policia-nacional-captura-14-personas-serian-presuntos-integrantes-del-clan-del-golfo-cesar/

[2] Sobre el tema ver entre otras nota “nuevamente juntos Hugo y Richard Aguilar hacen política en barrios de Bucaramanga” Blue Radio, 13 de septiembre de 2017.

[3] http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article22275

[4] http://www.colombiainforma.info/campesinos-del-catatumbo-continuan-protestas-por-incumplimientos/

[5] http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article22275

[6] http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2017%20-%202018/PL%20014-17%20Politica%20criminal%20y%20penitenciaria.pdf

[7] http://elpilon.com.co/cae-presunto-miembro-del-eln-circular-azul-interpol/

[8] http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/investigan-si-el-eln-habria-violado-el-cese-del-fuego-en-el-catatumbo-146770

[9] https://derechodelpueblo.blogspot.com.co/2017/11/presos-de-palogordo-denuncian.html

[10] https://derechodelpueblo.blogspot.com.co/2017/11/denuncia-publica-de-los-presos-desde-la.html

[11] https://derechodelpueblo.blogspot.com.co/2017/11/en-riesgo-vida-de-preso-politico-de.html

[12] https://derechodelpueblo.blogspot.com.co/2017/11/preso-politico-del-eln-herido-de.html

[13] https://derechodelpueblo.blogspot.com.co/2017/11/mentiras-de-los-discursos-de-paz-se.html

Equipo Jurídico Pueblos, 19 de noviembre de 2017

https://derechodelpueblo.blogspot.fr/2017/11/situacion-de-derechos-humanos-en-el.html

 

 

 

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Actualizado ( Miércoles, 22 de Noviembre de 2017 21:06 )  

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