Esto se debe a la aceleración del ritmo de estrés de la vida profesional y alto costo del tratamiento de los problemas sexuales psicológicos comprar-rx.online
Inicio Articulos Derechos Humanos Desplazamiento forzado


El Estado de Cosas Inconstitucional frente al Desplazamiento Forzado

E-mail Imprimir PDF

Hace más de seis años, por medio de la Sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional frente a la situación de la población desplazada en el país. Figura jurisprudencial que obliga al Estado colombiano a materializar, por medio de políticas públicas, reordenamiento institucional y disponibilidades presupuestales adecuadas, el goce efectivo de derechos de la población víctima del desplazamiento forzado.

Población vulnerable que, en el papel, tiene todas las garantías de protección consagradas en tratados internacionales, leyes y sentencias anteriores, pero que han sido reiterada y estructuralmente violadas durante todos estos años en una actitud de desacato, desinterés y apatía gubernamental ante la mayor tragedia humanitaria y social de todo el continente americano.

Éste Estado de Cosas Inconstitucional, ECI, no estipula nuevos derechos, ni garantías para la población víctima del despojo y el desarraigo, simplemente evidencia la incompetencia estructural del gobierno para hacer frente a un problema que afecta los derechos fundamentales de más de cuatro millones de colombianos y toma medidas judiciales al respecto, actuando dentro de una competencia ampliada de juez de tutela dada la magnitud de la violación que se presenta.  Actuación que pretende proteger a las personas más vulnerables en su mayoría madres cabeza de familia, niños y niñas y con un alto porcentaje de población indígena y afro-descendiente; seres humanos que durante todos estos años han sufrido, en el marco del conflicto armado interno, no sólo la desprotección del Estado, que los llevó mayoritariamente  a abandonar sus hogares en el campo para huir a las urbes, sino también la indolencia gubernamental y la falta de voluntad política para restablecerles un mínimo de dignidad por medio del acceso a un conjunto de derechos que les garantizara su subsistencia.

De esa evidencia irrefutable que se constatan en los semáforos, en los escandalosos índices de desplazamiento en los 8 años de seguridad democrática, en las cifras de pobreza e indigencia de las víctimas de este crimen de lesa humanidad y en la actitud mezquina de entidades como Acción Social, dedicadas más a la politiquería que a la atención de las familias caídas en desgracia por la violencia, es que la Corte parte para declarar la anormalidad constitucional y desarrollar el proceso de seguimiento para verificar que, con la sentencia T-025, no pasará lo mismo que con las leyes, las anteriores sentencias y los tratados internacionales de derechos humanos y DIH, que los gobierno elogian en sus discursos pero excluyen a la hora de definir sus prioridades en la política pública.

Los ataques al ECI y la solicitud de su levantamiento

A pesar de la actitud de indiferencia y desprecio que, en estos ocho años, varios funcionarios gubernamentales expresaron por las víctimas del desplazamiento forzado, a las que han llamado sarcásticamente desde migrantes internos (José Obdulio Gaviria) hasta mafias de limosnas del Estado (Fabio Valencia Cossio), los avances realizados durante este período, en el marco del proceso de verificación del cumplimiento de la sentencia T-025, no son nada despreciables; más, si se comparan con los antecedentes de abandono estatal frente a esta tragedia humanitaria antes de existir la Tutela constitucional especial generada por el ECI.

Pero, sin embargo, son avances que se quedan cortos frente a la gran deuda que el Estado tiene con la población desplazada, y por ende, se constata la incompetencia estructural del gobierno saliente para atender en debida forma el fenómeno del desplazamiento hasta el momento. Por esto, se debe negar la pretensión de levantar el ECI por el supuesto cumplimiento de las órdenes de la Corte y sancionar el desacato de los funcionarios del alto gobierno que desatendieron las indicaciones judiciales. Además, en la prioridad de no retroceder en la configuración de un modelo de país respetuoso de los derechos humanos y responsable por la angustiosa situación de las víctimas del conflicto armado interno, sería un mal mensaje levantar el ECI en medio del proceso de empalme con un nuevo gobierno, que tiene como una de sus principales retos la superación de las condiciones de vulnerabilidad extrema de la población desplazada por la violencia. Más, cuando siendo un problema de incapacidad institucional y de precariedad presupuestal, es el nuevo Plan de Desarrollo y una posible política de Estado para las víctimas el camino idóneo para que, en el marco de la cooperación armónica de los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el poder judicial fijen la forma en que se supere el ECI y se logren los garantías mínimas para la población desplazada.

Con argumentos como la intromisión de la Corte en la política pública, la violación del equilibrio de los poderes, la temporalidad limitada del ECI y su similitud con un estado de excepción pero sin reglamento claro y sin controles por los otros poderes públicos, el gobierno saliente ha desatado una guerra doctrinal contra el ECI y por ende contra los alcances de la tutela social, planteando un conflicto entre el gobierno entrante y el poder judicial que no debe ser tenido en cuenta dado el nuevo aire de cordialidad y cooperación que está construyendo el presidente electo, Juan Manuel Santos.

Para tan sólo dejar planteado el debate podemos afirmar que se equivoca el gobierno al acusar de esa manera a la Corte, ya que, el Tribunal no ha dictado en ningún momento política pública, ha evidenciado su ausencia y ha exigido su adopción con criterios de efectividad para lo cual hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025, dados los múltiples desacatos a anteriores sentencias, incumplimiento de la ley y apatía por implementar las disposiciones y parámetros contenidos en múltiples tratados internacionales firmados por Colombia y que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Tampoco ha prorrogado por capricho o irresponsabilidad el ECI, o se puede inferir que su larga duración es síntoma de ineficacia de la figura, todo lo contrario, esto evidencia la incapacidad del gobierno saliente por superar la situación y cumplir la Constitución y la ley. Menos aceptable es considerar el ECI como una situación que otorga poderes extraordinarios a la Corte, comparándolo con los estados de excepción que concentran poderes en el ejecutivo y permiten restringir derechos, por el contrario, el ECI simplemente desarrolla las funciones del juez de tutela pero con efectos colectivos, dada la magnitud en la violación generalizada de los derechos en el marco de una situación de anormalidad, como es el conflicto armado, que a fuerza de la costumbre hoy se presenta como cotidiano. Por esto, el ECI no concentra poderes en la Corte y mucho menos restringe derechos, por el contrario pretende que no se violen generalizadamente las garantías fundamentales ordenándole al Estado el adecuado cumplimiento de sus funciones constitucionales.

Por esto, resulta paradójico que el gobierno saliente, por medio de un informe presentado a la Corte Constitucional el pasado 1 de julio, pretenda no sólo que se levante el ECI frente a los derechos de la población desplazada, aduciendo el cumplimiento total en materia de prevención, protección y atención de las víctimas, sino también, desvirtuar y dejar sin piso la figura jurisprudencial del ECI, con una doctrina liberal ortodoxamente legalista, que colocan por encima del bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos y de la guarda fundamental de la Constitución del 91, que es la principal función de la Corte. Doctrina, por lo demás, ajena al concepto de Estado Social de Derecho, donde una característica esencial es la consideración de los derechos subjetivos colectivos y la integración de los derechos económicos, sociales y culturales como derechos fundamentales y, por ende, tutelables.

De ahí, que la nueva postura jurisprudencial de la Corte promulgue por el respeto al Estado Social de Derecho, que ha sido remplazado de facto por otro diferente signado por el neoliberalismo y el economicismo deshumanizado. Sentencias como la que exige el restablecimiento de los derechos de la población desplazada (T-025 de 2004), o la que obliga al acceso al Plan Obligatorio de Salud en igualdad de condiciones para todos los colombianos (T-760 de 2008) o la que ordena la obligatoriedad y gratuidad de la educación básica (C-376 de 2010) van en la vía de mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable en Colombia, y por ende, se convierten en acciones judiciales democráticas que promulgan por la inclusión social por encima de la doctrina neoliberal de la racionalidad del gasto; que, por supuesto, será siempre en la práctica para el gasto social, más no para el militar, el suntuario o el entregado sin consideraciones a los sectores más ricos de la sociedad


*Gabriel Bustamante Peña: Asesor Jurídico-Político Corporación Viva la Ciudadanía

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas, Edición N° 00215 - Semana del 16 al 22 de Julio de 2010 Bogotá D. C. - Colombia

Actualizado ( Sábado, 17 de Julio de 2010 16:36 )  

Contador de visitas

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHoy23213
mod_vvisit_counterAyer95389
mod_vvisit_counterEsta semana118602
mod_vvisit_counterSemana precedente476327
mod_vvisit_counterEste mes1581604
mod_vvisit_counterMes precedente2045571

We have: 683 guests, 6 bots online
Tu IP es: 54.198.122.70
 , 
Hoy es el 23 de Abr de 2018